Terratenientes de Embarcación expulsan a comunidad originaria de sus tierras
Se tratan de unas 30 mil hectáreas que habrían sido adquiridas por dos empresarios, Ortega Velardes y Huberto Rouvré alías "el francés", quienes decidieron colocar un portón en un camino vecinal para impedir que una comunidad originaria pueda ingresar a sus ancestrales territorios.
Los periodistas de Embarcación, Mónica Ferreira y Claudio Marcelo Linares, brindaron un amplio informe sobre la verdadera situación, indicando que desde ayer están apostados en medio del camino efectivos de Infantería de la provincia "con claras intenciones de reprimir" a los aborígenes que necesitaban transitar por ese camino para llegar a sus tierras.
En este contexto fue detenido César Arias, miembro de la comunidad originaria, que fue acusado por uno de los terratenientes de haberlo amenazado de muerte. Lo que llama la atención de la detención de Arias es que fue trasladado a la localidad de Ballivían y sus familiares no tienen ninguna información de él.
Para el Cacique Luis Situé, "el hermano César Arias fue secuestrado por la policía" porque "se lo llevaron a Ballivían y no sabemos nada de él".
Además, el referente de la comunidad explicó que la colocación del portón en medio de camino significará que no podrán ingresar a sus territorios. “Somos nativos de este lugar y nunca hemos tenido problemas, siempre hemos transitado libremente y desde hace un tiempo nos aparecen estos supuestos dueños y comenzaron los problemas", sostiene Situé, al tiempo que solicita que se cumpla con las leyes que protegen a los pueblos originarios y la intervención de los organismos que se ocupan de brindar alguna protección a las comunidad, como el IPPIS o a cualquier otra autoridad del país.
Tres favores judiciales
Por otra parte, en su cuenta de Facebook, el abogado Hernán Mascietti repudió el accionar de la justicia respecto de la comunidad de Embarcación, expulsada de su territorio y acusó al juez Marical Astigueta de hacer “favores judiciales”
“Tres favores judiciales del juez Mariscal Astigueta: primero actuar en feria, segundo dar custodia para que Burlón ponga un portón en medio de una comunidad indígena con el relevamiento hecho y decretada la emergencia de la propiedad indígena de orden público; tercero, poner preso a uno de la comunidad para aterrorizar a los demás miembros. En mis 15 años de profesión jamás vi un preso por amenazas, ni siquiera por género lo he visto (mucho menos lo veré de este juez mandar preso a un hombre por amenazar a una mujer). Un empleado del mes. Que adaptación al cambio la de esta Justicia”, escribió Mascietti en la red social.
Los
habitantes de Saucelito siguen luchando contra los desmontes ilegales
En tanto desde antesdeayer se encuentran tocando las puertas de funcionarios salteños para denunciar que en las tierras que habitan, donde hace un par de años lograron frenar un desmonte ilegal, siguen avanzando, ahora con plantaciones.
Esas tierras figuran protegidas por la Ley de Bosques, explica José Villarreal, uno de los pobladores del lugar. En el mapa de Ordenamiento Territorial que exige la ley, la zona está pintada de rojo, es decir, existe la prohibición total de desmontar y de explotar como defensa medioambiental.
Hace unos años la lucha de las familias de Saucelito logró frenar el desmonte ilegal que allí realizaban con topadoras. Se fijó una multa, que aún sigue sin pagar, cuenta Villarreal, y hay un pedido de derogación interpuesto. Sin embargo, “hace unos días comenzaron a trabajar unas rastras del Sr. Tanco, de Pichanal, quien dijo que fue contratado por Antonio Pato y Giménez, dos finqueros de Colonia Santa Rosa que plantarían zapallo en el lugar. “Las tierras dice que son de José Luis Martín, un empresario de la ciudad de Orán, pero al zapallo lo pone Pato y el mendocino Giménez”, especificó Villarreal en comunicación con Revista Norte. “También dicen que tienen permiso, pero no muestran ningún papel que lo avale”, denunció.
“Nosotros habíamos vuelto a forestar la zona, después de que logramos parar las topadoras, pero ahora las rastras destruyeron todos los arbolitos y las semillas que habíamos plantado en defensa de ese bosque”, relata y detalla los dramas que viven las familias de Saucelito tras el desmonte: “Tenemos nuestras viviendas llenas de animales que, al ser violentado su hábitat, buscan escapar y se meten en nuestras casas, en nuestros patios. Es muy peligros convivir con víboras, murciélagos y toda clase de alimañas que se refugian en nuestras casas”.
Sin agua
Otro reclamo que lleva años es la falta de agua potable en el pueblo, que depende de la Municipalidad de Colonia Santa Rosa.
“El Intendente anterior no hacía nada, pero éste que está ahora hace propaganda de que nos soluciona el problema y no es verdad”.
Villarreal documentó con fotos la propaganda que difunde la Municipalidad con obras que no son ciertas.
“La bomba de agua no funciona, pero además el agua está contaminada porque las napas están tapadas por un basural ilegal”.
“Hasta ahora nadie resolvió el problema y hay niños y tenemos una escuela en el lugar”.
El bosque les garantiza su economía de subsistencia
Villarreal comenta que la lucha en defensa del bosque es importante para las familias del lugar, que tienen una relación de supervivencia con ese bosque. “Nosotros también vivimos del monte, criamos animales y tenemos huertas para alimentarnos. Todo eso perdemos porque nuestros animales ya no tienen donde pastorear. Así que esto nos perjudica fuertemente al punto de decir que no tenemos ya de donde sacar para comer”. La economía de subsistencia de ese pueblo, instalado en una zona de alto desempleo y de falta de oportunidades, los lleva a defender a raja tabla la letra de la Ley: “La ley es clara, no se puede desmontar donde hay conflicto social. Acá hay un claro conflicto social con nuestra comunidad”.
Temen al avance sojero y al de los ingenios
Villarreal también denuncia trabajo ilegal. “Están todos en negro y a veces traen menores a trabajar. Esto no es oportunidad para nadie. Ahora vienen a plantar zapallo, según dicen, pero cuando tengan todo listo van a meter caña o soja y ya no va a haber vuelta atrás”, concluye con angustia Villarreal.-
Comunidad Wichi en San Felipe solo tiene acceso a agua contaminada
La Comunidad Wichi de San Felipe, en la provincia de Salta, donde viven más de 20 familias, está en una situación desesperante. La ONG Naturaleza de Derechos tomó contacto con los integrantes de esa comunidad aborigen para obtener datos precisos respecto de un pedido de ayuda que ellos mismos han realizado en algunos medios de comunicación alternativos.
Los damnificados son unos 300 miembros aproximadamente, de los cuales 70 son niños y niñas; ellos afirman que la única agua que toman esta enlodada y es de una laguna cercana, la cual se encuentra totalmente contaminada y que la situación se ha agravado por el alto calor de las últimas semanas, (a sensación térmica superó los 40 grados y se observan muchos casos de diarrea).
Además informan que hay varios animales muertos y que se encuentran absolutamente abandonados sin ninguna asistencia por parte del Estado - tanto a nivel provincial como nacional.
Agregan que en su momento (enero de 2016) las autoridades provinciales conjuntamente con las nacionales prometieron obras para proveer agua potable a toda la comunidad, que si bien se empezó a realizar un pozo de extracción de agua subterránea, luego todo quedó inconcluso.
También señalan que no cuentan con una sala de primeros auxilios y que ante un caso de urgencia tienen que recurrir a una sala de salud de la localidad de Rivadavia Banda Sur distante a unos 20/30 kms aproximadamente del asiento de la comunidad, careciendo de medios propios para trasladarse.
Los hechos descriptos por los miembros de la Comunidad Wichi en San Felipe son determinantes para que las autoridades de Salud de la provincia de Salta declaren la emergencia sanitaria y ambiental.
De una pesquisa realizada por Naturaleza de Derechos se corroboró
que, efectivamente, las autoridades
provinciales - en enero de 2016 - anunciaron la construcción de un
pozo de extracción de agua subterránea, con fondos provenientes del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Según reza en la página oficial de la provincia de Salta (http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/la-comunidad-san-felipe-de-rivadavia-banda-sur-contara-con-agua-potable/42836), "un equipo técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos realizó la construcción de un pozo de agua, con fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que permitirá abastecer de agua potable a 35 familias wichí que integran la comunidad San Felipe en Rivadavia Banda Sur. El pozo tiene una profundidad de 23 metros, con agua dulce y caudales de explotación en equilibrio de 2.000 litros por hora. Se realizará también la conducción del agua desde el nuevo pozo a través de 200 metros de cañería a un tanque sin uso ya existente en el lugar y se equipará el pozo con una bomba adaptada a un sistema de paneles solares y baterías."
Sin embargo, la realidad - después de un año - indica que esa mínima obra no se ha realizado. Por ello, y más allá que la obra pública proyectada es por demás insuficiente, ya que el agua subterránea en la zona presenta niveles muy altos de arsénico, Naturaleza de Derechos, dada la urgencia y la gravedad de la situación, ya realizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que intervengan en el marco de sus competencias.
Se recuerda que en el mes de diciembre de 2014, en una causa judicial articulada por Naturaleza de Derechos "Caso Kersich", la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconoció el derecho humano al agua potable. El máximo tribunal nacional siguiendo expresamente la Observación General n° 15 del "Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" de Naciones Unidas, señala que "el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos."
En lo inmediato y expeditivo se requirió al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que brinde información sobre la obra proyectada y anunciada oportunamente y que disponga, de modo urgente, la provisión de agua potable en bidones a la Comunidad Wichi afectada.
Se les recuerda a las autoridades nacionales de Salud que la ley 23.302 declara de interés nacional, la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
A tal fin, establece la ley, que se implementarán planes que permitan el acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.
A su vez, invocándose la ley 26061, que otorga legitimación extraordinaria a cualquier persona o entidad - tanto en vía judicial como administrativa - para peticionar por la protección de niños, niñas y adolescentes cuando sus derechos sean vulnerados - como es el caso de los que viven en la Comunidad Wichi de San Felipe -, se denunció ante la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENAF), la situación de riesgo en la que aquellos se encuentran y los derechos violados - conforme la Convención sobre los Derechos del Niño.
El requirimiento al organismo nacional, se sustenta en la exigencia del cumplimiento con el Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Plan Nacional de la Primera Infancia.
Según el Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes - determinado por el art. 44 de la ley 26.061 - en el segmento 2012 - 2015 se había fijado como meta nacional alcanzar lo propuesto por los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015, entre ellos: "garantizar el acceso al agua potable por red pública".
Por su lado, el Plan Nacional de Primera Infancia fue aprobado mediante el Decreto Nacional Nro 574/16 como herramienta para garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 4 años de edad inclusive en situación de vulnerabilidad social en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos.
En ese contexto argumental, se solicitó al SENAF que por
intermedio de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral, se
asista de manera directa a los niños, niñas y adolescentes Wichis, dada
las competencias determinadas en el Decreto Nacional Nro 28/07, según el cual,
dicha repartición debe actuar a través de modalidades de intervención para la
protección y la restitución de derechos, y consecuentemente cumplir con las
metas y objetivos de los planes nacionales reseñados.
Sin perjuicio de ello, vía electrónica se dio información al Ministerio de Salud salteño, de las diligencias realizadas, requiriéndole también una intervención acorde a los hechos denunciados y que abandone la desidia gubernamental.
En el caso de no obtenerse una respuesta eficaz, oportuna e inmediata, desde Naturaleza de Derechos se dará intervención a la justicia federal.
