Luego de la condena al comisario general de la Unidad Regional 4 de Tartagal , Juan Carlos Miguez , por ejercer violencia de género contra una subalterna, el ejecutivo relevó anoche de su cargo a Miguez y lo reemplazo por una mujer: la comisario mayor Hortensia Aramayo.
Tras la denuncia a Miguez la Justicia de Salta dispuso que la Policíabrinde capacitación a sus efectivos sobre violencia laboral e institucional con perspectiva de género. La jueza afirmó que a la mujer “se la violentó psicológicamente mientras se encontraba embarazada con un trato humillante, con un hostigamiento constante, y con restricciones infundadas”.
“Se evidencia que se la violentó psicológicamente mientras se encontraba embarazada con un trato humillante, con un hostigamiento constante, con restricciones infundadas, que lejos de proteger la maternidad fue utilizada como una causa de discriminación, reforzando estos actos con violencia económica (…)”, indicó la jueza Elba Susana Menéndez en su fallo.
“La denunciante desempeñándose como personal policial requirió por su estado de gravidez una protección especial, por el contrario la maternidad se constituyó en causa de discriminación laboral”, sostuvo y remató: “No cabe duda alguna que la situación planteada en la denuncia nos coloca frente a un supuesto de violencia de género”.
La juezatambién advirtió que se cometieron actos de violencia institucional, por entender que “fueron funcionarios públicos lo que impidieron a la misma el goce integral los derechos consagrados en la ley”.
De este modo, la jueza ordenó al ahora excomisario general de la Unidad Regional N°4 de Tartagal “abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica personalmente o por parte de sus subalternos, o de insultar, agraviar o proferir palabras groseras o amenazar de alguna manera a la denunciante, quien se desempeña como agente en la comisaría 41 de General Mosconi”.
También ordenó a la Policía de Salta que “se restituya a la denunciante la suma equivalente a los días en que fue suspendida durante el usufructo de la licencia por maternidad, ya que la jueza estimó que esa medida resultaba improcedente”, y deberán garantizar a la mujer el uso de los días de licencia médica que fueran necesarios para reparar la violencia sufrida, hasta su recuperación total, tanto física como psicológica.
