La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en las últimas horas a cuatro hombres acusados de formar parte de una red de trata de menores en Salta que se dedicaba a captar a adolescentes a la salida del colegio. La organización tenía un aceitado procedimiento en el que controlaban desde el tiempo que duraban los encuentros hasta el precio que los clientes pagaban por las diferentes prácticas sexuales, que subía si la víctima era virgen.
Un remisero y un estudiante del mismo establecimiento educativo eran piezas fundamentales del armado ilegal.
Todo comenzó a partir de las denuncias de varias madres que detectaron actividades extrañas en los celulares de sus hijas. Entre los movimientos que despertaron las sospechas, una de las mujeres descubrió el ingreso de sumas provenientes de desconocidos a la billetera virtual de la menor de edad. Además, en el dispositivo encontró conversaciones con un contacto desconocido, quien le preguntaba si había "ido a la cita programada" y otro en el que le proponían sumar a su hermana de 12 años.
A esa presentación se sumó la denuncia de otra mujer que notó una situación preocupante ocurrida a la salida del colegio, ubicado en la capital salteña: uno de los estudiantes había intentado captar a sus hijas de 16 y 13 años mientras un hombre de unos 60 años lo esperaba en las cercanías. La mujer detalló que, mientras las adolescentes esperaban fuera del colegio, el hombre intercambiaba señas con el joven, que además resulta ser compañero de una de las adolescentes.
Según la mujer, en un momento determinado el joven se acercó al adulto y poco después volvió con una propuesta: “Tengo un amigo que quiere con vos, es ese hombre de ahí”, habría dicho el joven, para luego explicarles que en caso de ser vírgenes ,les pagarían 200 mil pesos.
Tras las denuncias, la unidad Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, ordenó allanar varios domicilios de la capital. En el procedimiento, cuatro hombres quedaron detenidos, imputados por trata de personas. Además, se secuestraron teléfonos, computadoras, discos duros, lencería erótica, elementos asociados a prácticas sexuales, marihuana, un vehículo y documentación.
La investigación sigue abierta con el fin de identificar a más víctimas y a otros responsables.
Por otro lado, también se les realizaron entrevistas en Cámara Gesell a las menores de edad, quienes confirmaron que los encuentros sexuales se hacían en hoteles de la ciudad y que un remisero de 63 años era el encargado de llevarlas a los encuentros y de facilitar el contacto con los adultos. Según se indicó, las adolescentes también relataron que los clientes les ofrecían alcohol y drogas antes de los abusos.
En tanto, este martes y tras las detenciones se difundieron más detalles de la investigación, entre ellas, se dio a conocer una fotografía del auto blanco que usaba el remisero acusado de liderar la red de trata. Se trata de un sedán blanco en el que, según fuentes de la investigación, el conductor no sólo captaba y trasladaba a estudiantes para encuentros sexuales, sino que también habría abusado de una de ellas.
Desde una lista de precios hasta el tiempo de los encuentros, la organización tenía todo previstoFuentes de la investigación revelaron este martes distintos detalles de la organización con la que se manejaba la red que captaba a las alumnas menores de edad, que incluía una lista de precios, lugares predeterminados de encuentro e incluso un control del tiempo que debían durar.
Los encuentros se realizaban en la mayoría de los casos en dos hoteles ubicados sobre la ruta 26, aunque había un caso particular de un cliente que pedía que las reuniones fuesen en su domicilio. El fiscal reveló además que había una escala de precios por los distintos servicios sexuales y que el conductor les pedía a las menores que se graven en ciertas poses sugestivas para facilitar la captación de ofertas.
“Por beso se pagaba 60 mil pesos, 20 más por sexo oral y así hasta llegar a 200 mil por penetración si aún no había perdido su virginidad”, sostuvo el investigador.
Prisión preventiva
Dado el tenor de las imputaciones, los representantes del MPF pidieron como medidas de coerció, la prisión preventiva de los imputados, con excepción del menor. Insistieron en que este hecho es de una “gravedad inusitada”, en el cual se encuentra comprometida la obligación del Estado respecto al delito de trata de personas.
El fiscal Villalba mencionó los riesgos procesales como el de fuga y entorpecimiento, al igual que hizo énfasis en la escala penal del caso, la que va de 10 a 15 años de prisión, con lo cual hace imposible admitir la posibilidad de algún régimen de ejecución condicional. Además, pidió autorización para peritar los teléfonos incautados y el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los imputados.
Los planteos del MPF fueron secundados por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, quien hizo hincapié en el estado de temor que atraviesan las menores que fueron captadas por los imputados.
Al momento del descargo, solo dos de los clientes imputados, declararon y lo hicieron para desligarse de la imputación. Entre otros argumentos, dijeron que desconocían la minoridad de las víctimas, o bien, que solo pagaron por sexo.
Sus defensores acompañaron la coartada con planteos dirigidos a desestimar la imputación penal, pero los mismos fueron rebatidos por la fiscalía, en función de las evidencias recolectadas y la gravedad de los hechos, postura que también fue acompañada por el juez, quien dio por formalizada la investigación penal bajo los delitos requeridos por la fiscalía, al igual que dictó la prisión preventiva solicitada y autorizó las pericias.
