La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Alejandra Giménez, dio por formalizada el 7 de febrero pasado la imputación penal presentada por la fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal Salta, Josefina Martínez Vázquez, contra Franco Javier Chávez, de 29 años, por el delito de transporte de estupefacientes, luego de que agentes de la Gendarmería Nacional descubrieran que llevaba un cargamento de casi 29 kilos de cocaína escondido en paquetes ocultos detrás de los zócalos del auto que conducía por la Ruta Nacional 9/34, a la altura de la ciudad de Rosario de la Frontera.
En la audiencia, la fiscal brindó detalles del hecho por el cual Chávez había sido detenido el día anterior. Sostuvo que, pasado el mediodía de aquel día, efectivos de la patrulla fija “El Naranjo” -que depende del Escuadrón 45 “Salta” de la Gendarmería Nacional- detuvieron un automóvil Toyota Corolla, que era conducido por Chávez, en el marco de un control vehicular sobre el kilómetro 1.538.
La fiscal explicó que, tras identificar al conductor -que refirió que se dirigía de Salta hacia la provincia de Córdoba- y controlar la documentación del vehículo, los gendarmes inspeccionaron el auto y advirtieron anomalías en los zócalos, tales como pintura fresca y un fuerte olor a pegamento, por lo que solicitaron autorización para trasladar el procedimiento a la base operativa de “El Naranjo”, donde usaron un scanner portátil que develó la existencia de rectángulos ocultos.
Martínez Vázquez describió que, tras remover los zócalos plásticos, los gendarmes observaron un caño estructural, al cual cortaron con una amoladora. Explicó que de esa forma quedaron al descubierto 29 paquetes rectangulares atados con cinta amarilla. La representante del MPF indicó que entonces se detuvo a Chávez y se convocó a personal de la Unidad Criminalística, que efectuó los peritajes correspondientes sobre lo que resultaron ser 28,697 kilogramos de cocaína. Añadió que en el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares, $408.858 y $297.797 —montos que iban separados—, un pendrive, una tarjeta SIM (es decir, con un chip de telefonía celular) sin uso y documentación del vehículo y personal del acusado.
Luego de enumerar las pruebas recabadas -entre las que se cuentan documentación y las declaraciones de los testigos y de personal de la Gendarmería- la fiscalía informó el plazo que le demandaría la investigación, pidió autorización para la realización de una serie de peritajes y solicitó la prisión preventiva de Chávez por 60 días, al tiempo que lo imputó como autor del delito de transporte de estupefacientes previsto en el artículo 5°, inciso “c”, de la Ley 23.737 de Narcotráfico.
Para fundar la medida de coerción, la fiscal resaltó la gravedad del hecho -derivada del hallazgo de la droga y el daño abstracto a la salud pública-, la logística desarrollada y los riesgos de fuga y entorpecimiento que podían darse. Por su parte, la defensa de Chávez no objetó la imputación ni la prisión preventiva requerida por la representante del Ministerio Público Fiscal.
Dado que no hubo puntos controvertidos, la jueza Giménez hizo lugar al pedido de formalización de la investigación, declaró legal la detención de Chávez y dispuso su prisión preventiva por el término de 60 días, imputado en calidad de autor del delito de transporte de estupefacientes.
