DDN. El periodista de investigación Antonio Oieni dio detalles respecto a la investigación sobre el robo de caños del gasoducto NEA y dio detalles de los involucrados denunciando connivencia policial, judicial y política en este robo millonario de más de 13 millones y medio de dólares.
De acuerdo con lo que indicó el periodista, “hasta el momento se han recuperado 339 caños, algo más de 5 kilómetros y medio de caño”. Además, recordó el inicio de los hechos que derivaron en la investigación y relató: “El 23 de diciembre de 2019, el intendente de Aguaray, Jorge Prado, dictó una controvertida resolución, la 1215, con la cual desafectó 35 kilómetros del Gasoducto NEA en su jurisdicción y cedió los tubos, costosísimos, cada uno cuesta 5 mil dólares, a una empresa Mendocina, OSYP S.A. Con el aval de esa resolución y otros remitos sacó los caños de la provincia, atravesó los controles de cinco provincias y los llevó hasta Buenos Aires y otras provincias del centro del país, donde terminaron revendidos en el mercado negro como comederos de vaca, bebedero de haciendas, para obras de conducción hídrica, alcantarillados y toda clase de proyectos de ingeniería civil”.
“Yo he podido constatar por redes sociales que en Mercado Libre los caños se terminaron vendiendo a un precio lineal por metro de 12700 pesos. Es decir que, por cada caño, hay que recordar que los caños miden casi 13 metros, son 3 toneladas, tienen 24 pulgadas de diámetro, es decir unos 60 centímetros de diámetro, terminaron vendidos, cada uno, aproximadamente a 160 mil pesos, un valor mínimo y nada comparable con la finalidad que tenía el Gasoducto NEA”, agregó Oieni.
Y es que, de acuerdo con lo que precisó, “gente de Integración Energética Argentina ha manifestado, incluso en la causa federal, que valen 5 mil dólares” cada uno de los caños, aunque subrayó: “Hay que aclarar que, puestos, colocados, instalados, costó cada uno 8 mil dólares”.
“Todo es un chiste acá”, ironizó en tanto añadió: “De acuerdo a las constancias que se conocieron en las últimas semanas, puedo decirte que este saqueo empezó, no por la resolución 1215 del Intendente, sino que empezó mucho antes, en septiembre de 2018, y que la resolución vino a perfeccionarlo. Acá hay implicados de toda naturaleza”.
Connivencia policial, judicial y política
“Hay que aclarar que, desde septiembre de 2018, funcionarios de Integración Energética Argentina, la ex ENARSA, presentaron 19 denuncias de robos de caño. Lo hicieron en la comisaría de Morillo, también en Aguaray, en comisarías que no tenían recursos ni patrulleros, nada para intervenir, y nunca se recuperó un maldito caño. Estas indolentes denuncias, como las calificó días atrás el fiscal general del distrito Salta, Eduardo Villalba, fueron para mí una suerte de coartada, y esto tendrá que investigarse porque fueron presentadas por inspectores de obras”, enfatizó el periodista sobre el caso.
Al respecto, recordó que “Servicios Vertúa había dejado las obras en medio de virulentos conflictos sociales en diciembre de 2015”, por lo que cuestionó: “¿Qué hacían en 2018 inspectores de obras? Si las obras estaban paradas. ¿No era mucho más lógico que estuvieran protegidos esos caños por fuerzas federales? Tratándose de un dominio del Estado nacional, ¿no era lógico que los inspectores de obras de la ex ENARSA hubieran radicado las denuncias en Gendarmería para evitar el saqueo que finalmente se consumó? Son largas las cadenas y, a medida que va pasando el tiempo, se van conociendo más detalles”.
Siguiendo con sus declaraciones, reveló: “En los últimos días he podido acceder a algunas facturas según las cuales no solo los caños terminaron revendidos desde Quilmes y Berazategui, en el sudeste del gran Buenos Aires, sino que también, y tengo una factura en mis manos, algunos de los viajes, 15 caños terminaron en una empresa de Santa Fe que tiene como responsable a Rodolfo Abella, otro tema que la justicia federal de Salta deberá investigar”.
“Es increíble la cantidad de connivencias que hay acá”, aseveró Oieni para luego ampliar: “Vera, antes de llegar a Salta, ya había saqueado los gasoductos importantes del país, desde 2018. Por ejemplo, hablamos del Gasoducto San Martín, de la zona de Comodoro Rivadavia, Chubut, donde robó cientos de caños que terminaron reducidos como comederos de vacas en fincas de Salta y Tucumán. También había saqueado un gasoducto en La Pampa, luego saqueó un gasoducto interregional que debía unir las localidades de Chilecito y Casa de Piedra, entre Catamarca y La Rioja. Y luego vino a Salta, pero antes había sido detenido en La Pampa y luego en Santa Fe por estafas masivas con cheques”,
“Ahora, en pocas horas, este delincuente, con inmunidades obvias, salió en pocos días con beneficios judiciales otorgados por fiscales y jueces que, obviamente, deberían responder por esta situación- continuó-. Vino a Mosconi, llegó con una camioneta robada. La compró con cheques falsos en la capital salteña. Llegó, la Brigada de Investigaciones de Tartagal, en realidad la policía de Mosconi incautó esa camioneta con Vera al frente y no lo detuvieron. Luego, Vera consumó parte del saqueo que ya conocimos con los sonados operativos del 14 al 18 de abril en General Mosconi, y se fue pancho con una camioneta alquilada. La dueña de un parador de Mosconi, Victorina Garrido, a quién le robó la camioneta, se la llevó, la sacó de Salta. Con esa camioneta siguió saqueando caños en la zona de Palmar Largo en Formosa. En las últimas semanas continuaba saqueando caños con camionetas robadas, tanto en Salta como en Buenos Aires, en la zona de Cañuelas. Esto no pudo proceder sin complicidades ni connivencias judiciales, policiales y políticas, que trascienden a la agrupación política o al frente político al que pertenece Prado”.
Por otro lado, el periodista dio a conocer que “en las últimas semanas, Sergio Heredia, abogado que defiende al ex secretario de Hacienda de Aguaray, que terminó imputado junto a Prado por haber firmado la resolución 1215, y a dos de los empresarios de General Mosconi que están imputados por robo calificado y fraude a la administración pública, señaló que aquí hay otros responsables, y sindicó entre los responsables a Fabio Navarrete, un ex funcionario de Aguaray que se desempeñó como referente zonal de La Cámpora y que también había trabajado con Vertúa”.
“Acá hay responsabilidades que trascienden a la fuerza política a la que pertenece Prado. Y basta ver el silencio que tenemos ante los proyectos de intervención que duermen en la Legislatura desde marzo, para darnos cuenta de que acá hay realmente un manto de protección importante”, insistió el periodista denunciando que “diputados y senadores se desentienden de esta situación, pese a la gravedad institucional que está planteada en Aguaray”.
Justamente, recordó también que “la gravedad institucional de Aguaray trasciende al intendente Jorge Prado, puesto que el presidente del Concejo Deliberante de Aguaray, Guillermo Alemán, y otra de las concejales oficialistas que intentaron remover al jefe comunal, Antonieta Ordóñez, quedaron implicados en el escándalo del cobro del IFE”.
Además, aseveró: “Hay aprietes de todos lados, hubo violentos ataques a propiedades en Aguaray por esta situación. El enorme escándalo que han destapado ustedes es uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos. Como están implicados todos los partidos políticos, el ADN del poder siempre ha tenido como sello distintivo la irresistible tentación de callar voces críticas, sobre todo de la prensa”.
La causa
Por otra parte, consultado respecto a si los caños hallados en fincas del ex diputado nacional Alfredo Olmedo son también parte de los caños robados, indicó: “Yo lo corroboré. En esa finca, en abril, Gendarmería nacional secuestró más de 400 caños, cerca de 450 caños. Tuve la oportunidad de ver esos caños y me llamó la atención porque los tubos del gasoducto NEA tienen una protección especial con bandas especiales que le dan un tinte negro, y los caños que aparecían en las fotos del acta tenían una tonalidad blanca y mucho óxido. Después se corroboró que esta empresa había adquirido esos caños a otra empresa de la zona, yo tengo las facturas, así que por el momento está descartada esta participación, al menos en lo que respecta al robo de los caños del gasoducto NEA”.
Según precisó, hoy son 10 los imputados en la causa, además del prófugo Vera, y detalló al respecto: “Hay 6 empresarios imputados, Vera que sigue prófugo y con buena salud porque sigue burlando a la justicia en medio
país. Entre los empresarios imputados está José Rossi, presidente de CoMarfil, una empresa de Quilmes en la cual se secuestraron el pasado 5 de junio 52 caños, y en otro de los predios se secuestraron 12 caños más. Después están también imputados los socios gerentes de MyP, una de las empresas de servicios petroleros de Mosconi donde el 18 de abril gendarmería incautó 123 caños. Los socios son Milton Saavedra y Bruno Degoy. Milton Saavedra, en una audiencia pública días atrás, que se realizó por videoconferencia, manifestó que en realidad allí no se recuperaron 123 caños sino 124, y que ellos solamente alquilaban ese predio a Vera S.A., que es la empresa de fantasía creada por Adrián Antonio Vera”.
“También está imputado en el norte Andrés Ayala, el presidente de Peterser, otra empresa de servicios. Allí se incautaron 5 caños el 18 de abril y, además, se comprobó que había alquilado equipos y camiones para transportar caños. Así que la situación es bastante complicada y, en los últimos días, pude hablar con el fiscal Villalba con respecto a la documentación, y él me señaló que ninguna de las documentaciones que han sido analizadas hasta ahora son convincentes como para afirmar que los caños se vendieron, se adquirieron y se revendieron de buena fe”, añadió el periodista.
Y completó: “Recordemos que estos caños salieron de la provincia no solo con la resolución 1215 del intendente Prado, sino también con facturas de las empresas CoMarfil OSYP S.A., una empresa de Luján de Cuyo en Mendoza Vera S.A., la empresa fantasma de Adrián Antonio Vera Tubos Renard, otra empresa del Gran Buenos Aires Minera del Altiplano y la conocida empresa de subastas Adrián Mercado. Estas últimas ya hicieron presentaciones y se constató que las facturas que utilizaba esta organización ilícita aceitada eran fraguados”
“Ahora también aparecerá nueva documentación de que hay caños que llegaron a Santa Fe. Ojalá que esté escuchando alguien de la justicia federal y, rápidamente, vayan a ver si se pueden rescatar esos caños, porque cientos de caños que llegaron a Buenos Aires ya terminaron reducidos, incluso hay facturas que señalan que esos caños, y esto es una verdadera paradoja, pasaron algunos de los caños, salieron de Salta a Buenos Aires y luego terminaron revendidos en Bolivia”, agregó Oieni sobre el avance de la investigación que lleva adelante.
Fraude millonario
“Son 35 kilómetros, 2734 caños, a 5 mil dólares cada uno, hablamos a grosso modo de un fraude de 13 millones y medio de dólares. Hablamos de miles de millones de pesos”, precisó el periodista poniendo en cifras el monto robado en esta maniobra que investiga, y agregó: “Estos caños son caños especiales para gasoducto fabricados por Tenaris, una de las empresas del grupo Techint”.
Y es que, según explicó, “al rescindir el contrato con Vertúa, en marzo de 2017, el gobierno de Mauricio Macri rescindió ese contrato y en 2018 lanzó una nueva licitación para reactivar el tramo salteño, pero fue más escandalosa que la primera, porque se presentaron cinco oferentes, entre ellos Servicio Vertúa. El Estado nacional descalificó a cuatro de las empresas y dejó en pie a Techint, que había presentado la propuesta más elevada. Esa licitación cayó en agosto de 2018 y de ahí, inmediatamente después, comenzó el gran saqueo”.
Fuente: Sapo de otro pozo/ FM Noticias 88.1 MHz.
