DDN. El desalojo de la municipalidad fue ordenado por el Juez Nelson Aramayo de Tartagal, por pedido del fiscal penal Armando Cazón.
Abel Mendoza, habló sobre el violento desalojo de la municipalidad tras ser tomada por comunidades de pueblos originarios. Un cacique terminó con un brazo fracturado.
Uno de los principales problemas que aqueja a la población es la falta de acceso al agua potable. Tras las promesas provinciales de garantizar el recurso para las comunidades originarias, miembros de los pueblos nativos decidieron tomar la municipalidad para exigir respuestas.
“Se pasó en las noticias que Marcelo Tinelli donó un pozo de agua, diez pozos de agua salió en las noticias, y que de los 10 venían para Santa Victoria Este. Después nos encontramos con que se hicieron dos, apenas, se hicieron dos acá en Santa Victoria y uno se llevó a Banda Sur, entonces tenemos mucha escasez de agua, las comunidades estamos tomando agua de ciénegos, de lagunas”, contó Mendoza y planteó que trataron de pedir al intendente que vele por la crisis de agua.
Al consultarle por la repartición de agua que estaba haciendo el ejército, Mendoza dijo: “Nosotros estamos contando con 74 comunidades, entonces no abastece. Ahí anda el ejército, pero no abastece, somos muchos habitantes a los que todavía nos falta un montón”.
Respecto de los módulos alimentarios que deben recibir, Mendoza contó: “El segundo es por los módulos alimentarios, que saben muy bien que en Santa Victoria Este tuvimos niños fallecidos por desnutrición, por hambre. Primeramente, tuvimos la mercadería de los módulos alimentarios, que nos trajo supuestamente de la Nación a Provincia, que de a poco se fue desapareciendo, que de a poco se fueron alargando los meses y ya no tenemos esperanza de que los módulos alimentarios vengan a Santa Victoria”.
Al preguntarle cuántos bolsones recibieron dijo: “Primeramente una vez al mes y después se fue alargando a dos meses, dos meses y medio, tres meses”.
Abel Mendoza dijo que también están exigiendo el refuerzo de los pasos fronterizos, provisión de insumos de higiene, para evitar el contagio de CoVid-19. “Acá no hay ningún tipo de control, de seguridad, ningún tipo de elementos para protegernos del famoso coronavirus”, denunció.
“En el municipio estaban dando el programa Ticket AIPAS un programa provincial, que son $300 para cada beneficiario, no es mucho, pero para nosotros alcanza para un kilo de harina, un kilo de azúcar y desde el 10 de diciembre empezó la falta de dinero”, contó.
“Cuando falleció Pedro Lozano el municipio no quiso, o no tiene, ni siquiera dejó un cajón para este gabinete. Quedó la esposa con cinco hijos y quedó totalmente desamparada y está padeciendo hambre”, añadió Abel.
Aseguró que el intendente Rojelio Nerón nunca los recibió, pese a haber solicitado audiencias.
Cerca de las 12 de la noche personal policial procedió al desalojo, ordenado por el juez Nelson Aramayo de Tartagal, por pedido del fiscal penal Armando Cazón.
“Nos empezaron a maltratar, nos pegaron, nos tiraron la comida de la olla, nos desarmaron las carpitas, nos hicieron de todo, manosearon a las mujeres, se mataban de risa diciendo que el indio es vago. Nos dijeron que nosotros no tenemos derecho de vivir porque somos como animales, ellos se reían porque decían que nos iban a matar porque somos el estorbo del Estado”, contó.
A medianoche desalojaron la toma de la Municipalidad de Santa Victoria Este
Miembros de Infantería reprimieron a los manifestantes de comunidades indígenas que reclamaban por la falta de asistencia. La orden fue dada por el juez Aramayo, a pedido del fiscal Cazón.
La Policía de Salta desalojó esta medianoche a un grupo de habitantes originarios que mantenía tomado el edificio municipal de Santa Victoria Este, en el extremo norte de la provincia, en reclamo de asistencia a las comunidades de ese municipio. Los desalojados denunciaron que un hombre resultó con un brazo fracturado, que hubo abuso en perjuicio de mujeres y que fueron insultados con frases denigrantes.
El desalojo, realizado casi sobre el filo de la medianoche, fue ordenado por el juez de Garantías de Tartagal Nelson Aramayo, a pedido del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.
El referente Abel Mendoza contó que el procedimiento se inició poco antes de la medianoche, dijo que hubo violencia y que un hombre resultó con una fractura en un brazo. Se trata de Leopoldo Gabi, de la comunidad wichí Alto La Sierra, de donde es oriundo el intendente Rojelio Nerón, a quien cuestionan los manifestantes.
Mendoza relató que los policías les exhibieron un papel y enseguida entraron y les quitaron los teléfonos celulares. Luego, a empujones y golpes, los sacaron del edificio municipal. "Ya tenían estudiado como nos iban a hacer, nos han quitado los teléfonos, nos han secuestrado y nos entregaron cuando estábamos afuera, después de los golpes, todo".
"Echaron al suelo la olla y la comida, y las mujeres fueron manoseadas". Fue "totalmente un abuso", denunció el vocero, quien en distintos audios que envió a través de Whats App y en comunicación directa con este medio se manifestó preocupado por el secuestro de una bandera argentina "grande" que tenían consigo y que les fue quitada por los policías. "Ellos se reían, se tironeaban la bandera argentina, que pareciera que era una cosa de títeres, y nosotros no entendemos qué es lo que pasó". "Dijeron que somos indios de mierda, que estamos ahí haciendo complicar a la gente, decían que nos iban a matar porque no servimos para nada, se reían", sostuvo.
"Hay un hermano al que le habían fracturado un brazo", narró en un audio cuando todavía no salía de la conmoción. Dijo que esta situación "duele mucho" porque estaban protestando "para defender nuestros derechos como cualquier ciudadano argentino". "Se reían en la cara de nosotros, es muy fuerte lo que pasó, (hubo) discriminaciones. Las pobres mujeres lloran porque han sido abusadas", insistió.
Dijo que fueron golpeados a patadas y con los puños, "era una cosa bruta". "Esto es un abuso", denuncó antes de volver a la agresión a las mujeres. Contó que en un momento los varones estaban con un policía que parecía ser un oficial y los filmaba y mientras tanto las mujeres estaban por otro lado y los policías las tocaron "en sus partes íntimas" y las golpearon.
"El gobierno de Salta por qué no intervino", interrogó. Dijo que esto "es muy doloroso" para ellos, porque "por todos los gobiernos pareciera que estamos desamparados cada vez más".
La toma de la Municipalidad de Santa Victoria Este, uno de los municipios con más altos índices de necesidades básicas insatisfechas, comenzó el lunes último como epílogo de un proceso de desentendimiento entre algunos referentes comunitarios con el intendente, que también pertenece al Pueblo Wichí, de población mayoritaria en la zona.
El desalojo se ordenó en una causa judicial por "usurpación" de la Municipalidad de Santa Victoria Este. Tras el desalojo de esta medianoche, la Infantería tomó posesión del edificio municipal.
La policía “desalojó con Represión” la Municipalidad de Santa Victoria
Al finalizar la jornada del jueves, siendo las 23:30 aproximadamente, la policía de Santa Victoria Este con el refuerzo de efectivos de infantería de otras localidades, llevaron a cabo la orden judicial de desalojo del predio Municipal, que se encontraba tomado por dirigentes de distintas comunidades Originarias, en reclamo a la gestión y la falta de dialogo del intendente Rojelio Nerón.
Según manifiestan las personas desalojadas, “fueron golpeados y sacados a la fuerza”, por los efectivos de infantería, quienes actuaron cumpliendo la orden emitida por el Juez Nelson Aramayo, la cual fue solicitada por el fiscal Penal Armando Cazón.
Fuente: Piquete y cacerola- La madre que las parió /FM Noticias 88.1 MHz. Salta 12- Tartagal al día
