DDN. En el inicio de la novena sesión de la Cámara de Diputados de Salta, legisladores de la oposición plantearon el tratamiento sobre tablas de un proyecto para derogar la Ley provincial 8101, la cual se sancionó una vez vencido el plazo de para el tratamiento legislativo del Decreto de Necesidad y Urgencia 255 de 2020.
En dicha norma, el Ejecutivo provincial estableció el régimen excepcional sancionatorio por incumplir lo dispuesto en los DNU nacional 297 y las resoluciones del Comité Operativo de Emergencia.
El planteo de los diputados Héctor Chibán, Julio Moreno, Franco Hernández, Jesús Villa, Cristina Fiore, Manuel Santiago Godoy, Carlos Zapata, Claudio Del Plá y Gladys Moisés, estaba basado en la defensa los derechos humanos de los ciudadanos de Salta, considerando que el DNU provincial 255 (y actualmente le Ley 8101) representó la facultad de que los mismos puedan ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad.
“Se creó un mecanismo que pone en manos del Jefe de la Policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a las y los presuntos infractores, sin prever la intervención del Poder Judicial para controlar la legalidad de la detención”, indicaron los diputados en los fundamentos.
En la sesión, el diputado Héctor Chibán indicó que es urgente derogar la ley por haber sido impugnado por numerosos organismos de derechos humanos nacionales y por todo lo que ha ocurrido como consecuencia de la vigencia del DNU 255 que es inconstitucional.
“La secretaría de Derechos Humanos de la Nación está pidiendo su derogación y además la revisión de las graves conductas institucionales de parte de la policía de Salta en la aplicación de este decreto”, indicó Chibán.
Por su parte, el presidente del bloque Salta Tiene Futuro, Javier Diez Villa, indicó que la costumbre de la Cámara es que los proyectos que se piden tratar sobre tablas son acordados en la reunión de presidentes de bloques y ello no había ocurrido.
“Hay una acción planteada ante la Corte y está a resolver por eso no es oportuno además porque se está vulnerando una regla no escrita en esta Cámara de Diputados”, señaló.
Piden que la Justicia brinde respuesta a las violaciones de derechos que realiza la Policía
La abogada de Derechos Humanos y querellante en causas de Lesa Humanidad, María José Castillo, cuestionó el accionar de la Policía de Salta y la falta de respuesta de la Justicia a la sociedad ante este tipo de situaciones.
Castillo destacó que se haya apartado al fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, porque de las más de dos mil denuncias sobre abusos policiales solo se movilizaron cerca de 60.
Por esta razón, adelantó que están evaluando la posibilidad de pedir un jury contra Vilar Rey porque la situación no puede quedar solo en el apartamiento del integrante del Ministerio Público Fiscal.
Lamentó que no exista registro público alguno sobre este tipo de situaciones en una provincia que en los últimos años registró 7 casos de gatillo fácil.
Sostuvo que desde los organismos de Derechos Humanos piden que se ponga un freno a este tipo de accionar de la Policía porque los efectivos de la fuerza no solo violan los derechos humanos sino que no hay respuesta de la Justicia.
Castillo consideró alarmante que el 5% de las denuncias registradas sean contra la Policía, y consideró que deben ser mucho más porque hay una gran cantidad de ciudadanos que no se animan a denunciar.
En este contexto, el diputado provincial Carlos Zapata, lamentó que el oficialismo en la Cámara Baja salteña no quiera tratar la derogación la Ley provincial 8101, la cual se sancionó una vez vencido el plazo para el tratamiento legislativo del Decreto de Necesidad y Urgencia 255 de 2020.
Señaló que mientras diferentes organismos e instituciones cuestionan esta normativa por las facultades que entregan a la policía, el Gobierno de la Provincia sigue atropellando garantías y derechos constitucionales.
Para Zapata, la gente que rodea al gobernador Gustavo Sáenz lo está asesorando mal.
Por su parte el diputado provincial por San Martín, Franco Hernández Berni, sostuvo que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos pero los mismos no pueden regular en materia penal porque se está violentando el sistema acusatorio y la propiedad privada.
Finalmente el diputado Julio Moreno, sostuvo que son observaciones de una oposición constructiva las que señalan respecto a la normativa en cuestión para que el Poder Ejecutivo pueda respetar al Poder Legislativo.
Fuente: Aries
