DDN. Gustavo Farquharson, delegado de INADI Salta, se refirió a los casos de violencia institucional en la Provincia ante los numerosos apremios ilegales que hubo desde el inicio de la cuarentena, que se suman a casos de violencia policial que existen hace años en Salta.
Farquharson explicó que los casos de violencia institucional son analizados específicamente por la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a cargo de María Morales. El INADI ha articulado con esta secretaría. No hubo denuncias formales dentro de la institución, pero si numerosas consultas, y su participación se da porque la violencia institucional es considerada discriminación porque la mayoría de los abuso y excesos que se denuncian por parte de los efectivos policiales se da en los sectores más vulnerables de la provincia: los pobres, los pueblos originarios y los migrantes.
“Las denuncias que se presentaron en el habeas corpus por el decreto 255, que lamentablemente es ley, se captaron por la Secretaría de Derechos Humanos que presentaron una serie de casos de abusos policiales desde que inició la cuarentena y es llamativo como hay una negación por parte de las autoridades de ver esos hechos y se aduce que son casos aislados, pero nosotros creemos que no”, expresó y agregó que la justicia debía ser la encargada de controlar detenciones, lo cual hoy no se cumplirá porque la policía puede actuar sin rendir cuentas a la justicia por la ley que surgió del decreto 255.
El delegado de INADI informó que cada vez que conoce cualquier situación de violencia institucional o discriminación, la traslada a Morales para que pueda actuar, ya que el INADI no actúa de oficio, sino que necesitan una denuncia.
“No hay justificativo administrativo ni burocrático para este decreto. Hay que poner sobre la mesa la violencia institucional, que nunca se discute. Los gobiernos provinciales y municipales tienen mucho para erradicarla, y lo primero es reconocerla, no negarla, que es lo que hacen hace años en los gobiernos. Hay que capacitar al personal policial en Derechos Humanos”, sostuvo.
Farquharson comentó que, en las denuncias presentadas en la Secretaría de Derechos Humanos, muchos casos son jóvenes que iban caminando sin barbijo y los golpearon de manera violenta y en la causa figura una detención por otro motivo. Además, consideró que debería formarse un Comité contra la Tortura a través de una voluntad y decisión política del gobierno.
Por otro lado, el delegado de INADI indicó que desde el inicio de la pandemia hubo muchas denuncias por discriminación, en primer lugar, a los migrantes asiáticos, luego con profesionales de la salud y por último a los repatriados. Actualmente, la cantidad de denuncias están más estabilizadas en comparación al pico de denuncias que tuvo la institución hace un mes atrás.
Para denunciar violencia institucional, se debe llamar al 0800 122 5878. El teléfono exclusivo del INADI es 0800 999 2345.
Fuente: Hora 7 radial/ FM Noticias 88.1 MHz.
