DDN. Carlos Siles, periodista de Apolinario Saravia, informó que trabajadores municipales realizaron el 6to paro contra la intendencia de Marcelo Moisés. Entre las múltiples irregularidades el jefe comunal busca pagar sueldos con vales de comida, tal como se hacía en los latifundios a principios del siglo XIX.
El periodista comentó que pese a haber actas firmadas y compromisos asumidos por Moisés, adeudan el 8% de los salarios de febrero y marzo, el 4% mayo, $2000 pesos del bono de diciembre, entre otros.
El delegado departamental de ATE, Jorge Altamiranda, explicó que en el acta acuerdo del primer semestre de este año establecía un aumento del 7,5% con relación al acta acuerdo del segundo trimestre del año pasado. Además, contó que no les entregaron indumentaria de trabajo, no les actualizaron la grilla salarial y que les adeudan la recategorización.
“Quiere darnos un vale por mercadería. Nosotros no queremos eso, necesitamos el afectivo, tanto del aumento como del bono y la actualización de la grilla salarial”, denunció el delegado sindical.
Al consultar dónde cambian el vale de mercadería dijo: “A donde ellos te mandan, donde ellos hacen el negocio ellos”.
“No hay balances ni nada como para que los trabajadores y la sociedad sepamos cuál es la situación de la municipalidad. Sabemos que está muy mal administrada y que hay mucho desfasaje de dinero, en gente mal pagada, punteros políticos, gente que le golpea el bombo cuando necesita una campaña o que va a hacer bulto cuando viene un funcionario de la provincia o la nación, esa gente no trabaja pero va a cobrar todos los meses”, aseveró el dirigente sindical.
Salvador Mazza: paro de los trabajadores municipales
Los trabajadores municipales de Salvador Mazza llegaron al paro luego de que el intendente Rubén Méndez se negara a pagar el 35% de aumento salarial y el pase a planta de trabajadores contratados. En un paro total, los trabajadores se apostaron en las puertas del municipio fronterizo con una olla popular exigiendo la satisfacción de sus reivindicaciones y rechazando la conciliación obligatoria.
Los precarizadores del gobierno provincial y local
Este martes, desde muy temprano, los trabajadores municipales de Salvador Mazza fueron al paro para exigir la satisfacción de sus reclamos, tras rechazar la oferta del intendente que ofreció un 30% escalonado, no remunerativo y no bonificable. El reclamo de los trabajadores responde a la demanda de años por el pase a planta de trabajadores que se encuentran contratados hasta de hace 20 años. El intendente viola su propia resolución, la cual ya es una negreada, de pase a planta permanente de todo trabajador con 6 años de antigüedad. Los salarios apenas llegan a los $35.000 si es que tienen antigüedad y algún título académico, muy por debajo del costo de la canasta familiar que oscila los $80.000. Ni hablar de los trabajadores “eventuales” que apenas llegan a los $5.000 y sin ninguna cobertura social o aporte. Los trabajadores de la recolección de residuos vienen reclamando elementos de bioseguridad necesarios para evitar contagios de COVID-19.
Méndez y Sáenz sostienen la miseria y precarización a la que ha sido confinada la localidad fronteriza y exponen a los contagios a los trabajadores. Los que no están precarizados por el gobierno provincial como carreros, en el comercio entre Bolivia y Argentina, lo están por el intendente local.
Sáenz y Méndez violan la cuarentena
La respuesta del intendente Méndez y del gobernador Sáenz ha sido mandar a la policía y el GOPAR para amedrentar a los trabajadores en lucha. En nombre de que los trabajadores estarían “violando” la cuarentena pretendieron desalojarlos de las inmediaciones del municipio. Recibió el repudio generalizado de los trabajadores, quienes respondieron que el gobierno los obliga en tanto no les otorga lo reclamado. Los únicos responsables de la miseria, la desocupación y la precarización, que es moneda corriente en los municipios salteños, son todos los gobiernos que han pasado para devastar la provincia. La pandemia ha recrudecido esa devastación en la salud con cientos de casos de dengue, la educación donde miles quedan fuera por no tener accesos a la virtualidad, la falta de acceso a la vivienda y la precarización laboral o los salarios de pobreza. Sáenz y el intendente no tienen un planteo de solución para la población, por eso manda palos o la conciliación obligatoria, mientras benefician a los empresarios locales del transporte con subsidios millonarios. Llamamos a repudiar a cualquier intento de represión por parte del gobierno.
Por el triunfo de la huelga de los trabajadores
En esta huelga se juegan los intereses de los trabajadores, que son todos sus reclamos: 35% de aumento salarial hasta julio, otro 30% en agosto hasta diciembre en un solo pago y un bono de $8.000 en un pago, pase a planta permanente de los contratados, que se provea de elementos de bioseguridad a los que se encuentran en actividades. Si los trabajadores ganan esta pulseada será un punto de apoyo para todos los reclamos que puedan venir de otros sectores de la población, para equiparar el hospital local que enfrente los casos calamitosos de dengue, por ejemplo. Apoyemos la huelga para que se satisfagan los reclamos de los trabajadores en lucha.
Provincia dijo que no hay plata para los aguinaldos, que los municipios deberán buscar los fondos
Así lo afirmó Jorge Mario Guerra, intendente de Colonia Santa Rosa, quien también habló sobre la decisión del Consejo Deliberante de suspenderlo de sus funciones. Aseguró que se tratan de cuestiones políticas que vienen de la oposición y de conflictos gremiales. “El ministro (Roberto Dib Ashur) me dijo que el sueldo lo vamos a pagar en tiempo y forma pero que para el aguinaldo no va a haber casi nada de plata”, afirmó.
“Pagué el sueldo, un bono de $2000 y quieren un aumento del 30%, pero el gobierno de la provincia no tiene”, explicó el intendente y aseguró que gestionó una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados.
El intendente planteó que desde que inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio no hubo recaudaciones en el municipio. Sobre la promesa del gobierno provincial de que se iba a sostener el ingreso de los municipios, Guerra respondió: “Ahora la provincia nos manda a hablar con (Alfredo) Batule, que es el secretario de trabajo, para que hable con los gremios porque la provincia no tiene los fondos suficientes para pagar los sueldos”.
Respecto de la suspensión por 90 días, el jefe comunal aclaró que aún no fue notificado de la decisión del cuerpo deliberativo y que aseguró que los concejales “fueron presionados por los gremialistas les gritaban si no votas positivo te vamos a hacer recontra afuera”.
Sobre la denuncia por malversación de fondos, dijo que fue la gestión anterior la que presentó la denuncia pero que hasta el momento no presentaron ningún expediente.
Municipales de Colonia Santa Rosa tomaron la Municipalidad
La municipalidad de Colonia Santa Rosa fue tomada por empleados municipales, denunciaron que el intendente cerró las puertas del edificio para evitar ser notificado de la suspensión por 90 días aprobada ayer por el Concejo Deliberante.
Trabajadores municipales de Colonia Santa Rosa tomaron la municipalidad en reclamo por un aumento salarial. Piden un 30%, sin embargo la respuesta que reciben desde el ejecutivo municipal es que “no hay plata, parece que todo es culpa de la provincia”, según declaró una de las trabajadoras a este medio.
Los trabajadores aseguran que no fueron provistos de materiales de protección y reclaman un aumento salarial. Al ser consultados sobre la acusación de haber presionado al Concejo Deliberante para que se efectivizara la suspensión dijo que la denuncia proviene de la gestión anterior y que ellos sólo se limitaron a acompañar a los ediles.
Colonia Santa Rosa: concejales suspendieron al intendente
Investigarán al jefe comunal José Mario Guerra por supuesta malversación de fondos. Los trabajadores municipales anunciaron paro por tiempo indeterminado desde el 3 de junio.
La delicada situación del municipio de Colonia Santa Rosa, del departamento de Orán, tuvo un nuevo capítulo y los concejales suspendieron por tiempo indeterminado su intendente José Mario Guerra. La votación finalizó pasadas las 20 de ayer y fue unánime entre los siete ediles que integran el Concejo de la ciudad norteña. Guerra será investigado por supuesta malversación de fondos.
Luego de semanas de manifestaciones de los trabajadores municipales que piden un incremento del 30% en sus haberes, la sesión de ayer del Concejo Deliberante hizo eco del reclamo y sumó su pedido para que se cree una comisión de investigación para indagar en la gestión de José Mario Guerra.
El presidente del Concejo Deliberante y miembro del espacio saencista, Luis Quiroga, manifestó que durante la última sesión del Concejo “de manera preventiva decidimos suspenderlo”. Los siete concejales que representan al pueblo de Colonia votaron en forma unánime la suspensión de Guerra hasta no se haya realizado un dictamen por parte de una comisión investigadora que empezará a funcionar en los próximos días.
“Creamos la comisión investigadora para investigar al intendente por supuesta malversación de fondos públicos en cumplimento de su deber de funcionario público”, afirmó Quiroga. En ese sentido, sostuvo que el tratamiento del tema y la votación final se debió “por una acumulación de causas”.
El presidente del Concejo dijo que uno de los asuntos para el dictamen final se debió a las manifestaciones de los empleados públicos que vienen sucediendo desde hace unas semanas. Además, ayer también se hizo pública una queja de los sectores barriales quienes acusaron estar abandonados por la actual gestión.
“La verdad que ya hay un cansancio generalizado, tanto social como político acá en Colonia Santa Rosa. Sumado al problema económico que se viene atravesando”, agregó Quiroga. Lo cierto, es que no se conocen números claros sobre la deuda económica que afronta el municipio tras la nueva reelección de Guerra.
Horas antes que se produzca la votación en el Concejo, el intendente José Mario Guerra, manifestó que, la situación del municipio “es crítica”. Expresó que actualmente Colonia atraviesa un “conflicto gremial y social” y que ahora la oposición se “ha unido para sacarme”.
Guerra sostuvo que el conflicto gremial se debe a que no puede proporcionar ningún tipo de aumento ni escalonado ni en un solo monto. Ante ello, el martes se reunió en la Capital de Salta con el Ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur, quien también le aseguró que no tenía fondos para brindar una solución. Dicho encuentro se iba a producir a las 16 con los representantes gremiales que viajaron, pero Guerra se reunió horas antes con Dib Ashur.
Según el jefe municipal, el 98% de fondos de coparticipación que se envían a los municipios y, que para Colonia representan 10 millones de pesos, son utilizados para el pago de los salarios de los empleados estatales. “No nos queda nada para que funcione el pueblo”, aseguró. De ahí el malestar social por parte de los ciudadanos del municipio.
Afirmó a este medio que Dib Ashur trasladó la problemática de los trabajadores hacia la Secretaría de Trabajo de la Provincia a cargo de Alfredo Batule. “Es para que solucione”, manifestó Guerra. Sin embargo, aseveró que la situación de Colonia es la misma que se vive en diferentes localidades y que desde el Foro de Intendentes de Salta se está ayudando, pero “todos estamos en las mismas condiciones”.
También, dijo que no se volvió a juntar con los municipales y que “ya directamente será que los gremios van a ir a presentar una nota de paro y se irá a conciliación”, manifestó el intendente.
Después de tomas pacíficas viene el paro
Desde marzo los empleados municipales han manifestado en reiteradas oportunidades el pedido de incremento de un 30% en los salarios. No obstante, Guerra ha expresado no tener fondos que sustenten esa acción por una “situación en rojo” que atraviesa el municipio.
La participación de diferentes actores, como el secretario de Municipios de la Provincia, Mario Cuenca, no han sido de conformidad para los trabajadores y el pedido de ayuda se dirigió a los diputados del departamento de Orán.
Así fue que la semana pasada, los legisladores del Partido de la Victoria, Jorgelina “Koky” Juárez e Iván Mizzau, y la diputada de Salta tiene Futuro, Amelia Elizabeth Acosta se dirigieron al municipio donde firmaron un acta acuerdo para levantar la toma pacífica que venían realizando los empleados en el establecimiento municipal y para acordar una reunión con el Ministro de Economía, Roberto Dib Ashur.
Dicha reunión se pactó para el martes último en la capital de Salta. Y para ello, viajaron los representantes gremiales de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Empleados Municipales (SUEM), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y del sector Autoconvocado.
No obstante, la reunión no se produjo dado que Guerra y Dib Ashur se reunieron al mediodía dejando a los gremialistas sin una nueva posibilidad de diálogo. Ante un nuevo desplante, el primero ocurrió con Mario Cuenca, los empleados regresaron a Colonia y volvieron a efectuar una toma pacífica en el edificio.
El delegado gremial de UPCN en Colonia Santa Rosa, Tomás González, manifestó a Salta/12 que “esta mañana (por ayer) presentamos el acta donde dejamos constancia que a partir del 3 de junio se inicia paro por tiempo indeterminado”. González expresó que la ausencia del funcionario provincial en el encuentro pactado se consideró “una falta de respeto hacia todos los pueblos”. Destacó que desde el sector “íbamos con una esperanza de solucionar y nos sorprendimos con la noticia que la reunión ya se había producido”.
“Nosotros estamos cansados de tanta mentira porque el intendente sale a hablar y miente”, continuó, “por eso nosotros fuimos a Salta con fe y esperanza de poder reunirnos con el ministro y que nos escuche”. El dirigente de UPCN expresó que uno de los malestares se debe a que “llevan a Salta los números inflados como si nuestros sueldos fueran de 50 mil pesos cuando en verdad, la gran mayoría cobra cerca de 15 mil pesos y los que tienen mayor antigüedad, cerca de 30 mil pesos”.
Para la diputada del Frente de Todos, Jorgelina “Koky” Juárez, lo que se produzco el martes fue “un fiasco”. “El intendente hizo todo mal porque nos llamó para que funcionemos como nexo y logramos que se levante la medida de los trabajadores con el compromiso que ayer (por el martes) nos íbamos a juntar con el ministro de Economía, el intendente y los gremios. Resulta que Guerra vino antes y se realizó la reunión”.
“Nos pareció muy malo de parte del intendente que nos llame para que seamos nexos y después se desdiga juntándose con el ministro dejándonos afuera junto a los trabajadores”, expresó.
La legisladora aseguró que como diputados no pudieron avanzar en soluciones porque “el que tenía la solución era el ministro”. Juárez dijo que junto al diputado Mizzau presentarán un proyecto para que “se use el Fondo Compensador para auxiliar a ese municipio”. También, pedirán un informe de la Provincia para “saber cuánto es la coparticipación real que se le manda a la Provincia”.
"Me sorprende el reclamo porque ayer le dijimos a todos los gremios que hoy se pagará"
Trabajadores de Servicios Públicos de la municipalidad de Orán iniciaron un reclamo por la demora en el pago del anticipo del sueldo (regalía). Ante la posibilidad de que los mismos inicien una quita de colaboración se hicieron presente en el lugar el Secretario de Gobierno, Esteban Acosta, y la Secretaria de Hacienda, Carolina Ceaglio.
Los funcionarios mantuvieron un acalorado dialogo con los trabajadores a los que les informaron que en las próximas horas se hará efectivo el pago reclamado.
Ceaglio, secretaria de hacienda, señaló que "me sorprende este reclamo porque ayer apenas tuvimos novedades del dinero les informamos a todos los gremios que hoy se les pagará a los trabajadores. Sin dudas que la falta de comunicación que ellos tienen con sus representados generó este malestar en el trabajador".
También la funcionaria adelantó que "sin duda alguna tendremos que analizar el cronograma de pago a los empleados ya que los ingresos que tenemos no son los mismos de tiempo atrás y esto muchas veces nos genera una complicación algo que no queremos que repercuta en el sueldo del trabajador que demasiado hace para el funcionamiento de la municipalidad".
Protesta de comunidades de Tartagal solicitando ayuda
Cortaron la ruta 34. Piden trabajo, merenderos, bolsones alimentarios, y ser incluidos en las obras de viviendas y núcleos húmedos.
Representantes de 18 comunidades indígenas de la jurisdicción de Tartagal realizaron ayer una protesta en la ruta nacional 34, con un corte del tránsito que duró hasta cerca de las 15, en reclamo de merenderos, trabajo, la entrega de mercadería y que las incluyan en obras de viviendas y núcleos húmedos.
Gabriel Espinoza, cacique de la comunidad toba Com Lhaje (Mujer Toba), ubicada a 3 kilómetros de la ciudad de Tartagal, consideró que en el municipio de Tartagal hay un trato discriminatorio para con los habitantes indígenas.
Dijo que se está llevando a cabo una operatoria de construcción de núcleos húmedos (baño, ducha y lavadero), pero que la obra prevista es distinta según sea para los barrios de habitantes criollos o para comunidades. En el primer caso, la obra tiene un costo total de $240 mil, en cambio, cuando es para habitantes de las comunidades el costo se reduce a $140 mil, y el núcleo húmedo ya “no tiene lavadero, no tiene bidet, no tiene ducha, tiene únicamente el inodoro y nada más”, y es de 1,20 x 1,20. “A nosotros nomás nos han hecho eso y a los barrios les están dando lo que les habían prometido. Yo no entiendo qué diferencia tenemos nosotros entre los barrios y las comunidades. Tanta va a ser la discriminación hacia nosotros, que nos traten de minimizar todo, nos han quitado los merenderos y en los barrios siguen funcionando”, aseguró.
Añadió que también hay una operatoria de construcción de módulos habitacionales con dos habitaciones, comedor, con baño y lavadero, pero que no incluye a las comunidades. “Entonces como que nosotros nos sentimos ofendidos” por el municipio.
“El intendente (Mario Mimessi, UCR) se comprometió con nosotros a darnos una mano con el tema merendero”, en una reunión con el secretario de Gobierno, Santiago Vargas, contó el cacique, quien aseguró que les dijeron que solo habría merendero una vez por semana, lo cual consideró poco, teniendo en cuenta que tampoco abren los comedores escolares, y las familias tampoco tienen ingresos porque por la pandemia no pueden salir a hacer changas.
La cacica de la comunidad wichí Lapacho 2, Alejandra Morales, destacó que la protesta se hizo sobre todo por los merenderos, aunque añadió una lista de reclamos. El cacique Domingo Pérez, de la comunidad wichí La Mora 2, donde residen 30 familias, hizo hincapié en el pedido de trabajo a la Municipalidad, pero también destacó el reclamo de un merendero: “Hace un año que ando pechando que me den un merendero”, aseguró antes de contar que se lo suspendieron hace tres años con el macrismo.
Consultado por este medio, Vargas informó que los merenderos comenzarán a funcionar el 5 de junio. “Ayer aprobamos una ordenanza para generar una ayuda a los merenderos”, indicó. El funcionario se excusó de dar mayores declaraciones por encontrarse en reunión, pero reconoció: “todo lo que podamos sacar es poco” en el marco de la situación de crisis particular que se vive. Añadió que la Municipalidad tiene “toda la intención” de llevar adelante esta ayuda.
Viviendas para todos
Espinoza contó que justo antes de que se declarara la cuarentena por el coronavirus, participó en Buenos Aires, junto a otros referentes indígenas, de una reunión con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, a quien le presentaron un proyecto de obras de viviendas. “Teníamos proyectos lindos, el tema del agua también, que estamos sufriendo, de la luz, estamos pidiendo un salón comunitario pero amplio para que el tiempo de inundación sirva para albergar, para que pesen los chicos porque aquí en la comunidad tenemos salita, pero la salita tiene un horario y se cierra”.
Esa reunión se hizo con el acompañamiento de Norita Cortiñas y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Esquivel. Se había acordado que habría otras reuniones, pero se dictó la cuarentena y quedó todo trunco. Aunque Espinoza dijo que en lo inmediato se habían comprometido a enviarles mercadería para “nos vayamos manteniendo las comunidades”. “Y resulta que hasta ahora no se cumplió nada de lo que ellos nos prometieron a nosotros”, lamentó.
Y destacó que por el aislamiento “no se puede hacer nada, no se puede salir” y cuando lo hacen, quedan expuestos a maltratos de parte de la Policía. “Los policías no se cuidan de su boca, de maltratarte, después nos dicen a nosotros ignorantes”.
Espinoza dijo que ayer recibió una llamada de la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Verónica Figueroa, a quien le entregó la lista de las comunidades “que están necesitando los módulos”, las que participaron de esta protesta: Lapacho 1, Algarrobal Viejo, Lapacho 3, La Mora 2, Takai, Kilómetro 4, Nueva Esperanza,Talar 1, Talar 2, El Crespín, Quebrachal, La Arca, Misión Chorote 1, El Mistolar, Kilómetro 16 La Curva, Sachapera 3, Lapacho 2 y Com Lhaje.
Espinoza tiene censadas a las familias de su comunidad, Com Lhaje, integrada por habitantes tobas y wichí. En total, hay 84 familias, algunas muy numerosas, con 26 integrantes, porque el grupo familiar sigue unido, a pesar de que se constituyan nuevas parejas. Viven sobre todo de changas, algunos reciben beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo. “Nos dábamos vuelta, dentro de todo”, contó Espinoza. Pero con la cuarentena se terminaron las changas.
La comunidad Lapacho 2, de Alejandra Morales, está ubicada sobre la ruta nacional 86, muy cerca de la ciudad de Tartagal, y la integran 75 familias. La cacica dijo que la protesta se hizo “principalmente” por el merendero, pero que también reclaman por “el tema del beneficio (enviado por la Nación) que baja al municipio que no lo está dando, hay donaciones en Gendarmería, un depósito lleno de cosas, pero no las están dando, bolsones de emergencia tampoco nos dan. Estamos protestando para que nos den a las comunidades, porque esa ayuda ha sido para nosotros. La ruta 86 es olvidada, estamos cerca del pueblo, pero somos olvidados”, aseguró.
Añadió que tampoco fueron incluidas nunca en un plan habitacional, a pesar de que residen en “viviendas así, con nylon”, y que por esto presentó muchas notas al municipio para que el área de Desarrollo Social haga informes ambientales y llegue ayuda “pero nunca han venido. El intendente desde que asumió no nos atendió”, se quejó. La cacica destacó que en su comunidad hay “mayoría de madres solas” y particularmente destacó el caso de una joven que tiene tres hijos pequeños, dos “mellicitos de un año” y están en una situación de vulnerabilidad extrema porque la madre cobra la AUH pero no le alcanza para el sustento.
La Nación manda mercadería, colchones, “todo lo que es para ayuda de emergencia, pero no nos han entregado”, destacó Morales. También ella lamentó que por la cuarentena “ya no se puede salir” a hacer changas, y en estas circunstancias, “seguramente cuando pase toda esta pandemia ya va a haber chicos desnutridos, ya va a haber muchos chicos enfermos”. Pérez también aseguró que en su comunidad “son casas de carpas”, en referencia a los plásticos que se colocan a modo de techo y pared.
Santa Victoria Este: caciques, contrarios a la gestión de Nerón
Caciques de diferentes comunidades se reunieron para debatir sobre la gestión municipal de Rogelio Nerón, manifestando que viven una situación similar al anterior gobierno. Finalmente, mostraron apoyo a lo decidido por el Concejo Deliberante, quienes solicitaron la intervención, pero mencionaron que debe respetarse lo que dice la Carta Orgánica Municipal.
Asensio Pérez, cacique de Alto La Sierra, felicitó a los concejales de Victoria por pedir la intervención del municipio. “Esperábamos transparencia, un cambio (…) otra vez el poder está corrompido (…) siento vergüenza ajena como indígena, siento mucha vergüenza”.
Las palabras del jefe originario fueron apoyadas por el resto de los caciques presentes. Entre las preocupaciones de los pueblos figura la falta de un presupuesto para el ejercicio municipal, y la precariedad del hospital y la seguridad en el pueblo.
“Queremos que nuestro poder funcione como debe, si no no vamos a estar bien nunca, ni como comunidad originaria ni como criolla”, resaltó. El encuentro de caciques debatió el avance de los primeros meses de Nerón como intendente de Santa Victoria Este y la conclusión es que no quieren tener “un patrón” que no trabaja bien.
Al igual que el cacique Pérez, también hubo voces de dirigentes que se proclamaron también desilusionados con Nerón.
Ediles y caciques pedirán la intervención del municipio en Santa Victoria Este
Se encuentran a la espera de que el intendente Rogelio Nerón se presente hoy en el Concejo Deliberante para rendir cuentas del desempeño de sus funciones. Aducen abuso de poder por parte del jefe comunal: desplazó funcionarios para darle cargos a familiares.
En la jornada de hoy, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, deberá presentarse ante el Concejo Deliberante para despejar todas las dudas que sobrecaen en sus actos de gobierno. En base a esto, se analizará si procede a la intervención provincial o si lo destituyen.
Rafael Andrada, presidente del cuerpo deliberativo señaló desde el inicio de la cuarentena el municipio está en total abandono, que no hay atención al público ni servicios básicos.
Si bien la intención era aprobar la destitución del intendente Nerón en la sesión legislativa de la semana pasada, quedó pendiente para el próximo encuentro que será hoy.
“Miembros del IPIS, caciques de Nueva Esperanza y otros dirigentes, queremos pedirle transparencia y que trabaje con el Concejo Deliberante”, manifestó el edil.
Acusaciones
Sumándose al reclamo por abandono y gestiones poco transparentes en el municipio, el malestar se acrecentó cuando apartaron al secretario de Políticas Sociales, Marcos Lucas. Esta situación fue considerada como un “abuso de poder” de parte de Nerón al despedir al ex funcionario, luego de tomarle juramento frente a la comunidad.
A esto se le añaden los nombramientos de familiares de Nerón en el gabinete municipal. Entre estos nombramientos, se encuentra su sobrina Julieta Catardo como secretaria de Hacienda, a su nuevo cuñado Osvaldo Menéndez como secretario de Acción Social a Manolo Catardo como secretario privado, a Marcos Catardo como chofer y a otros sobrinos.
“No responde a los requerimientos del Concejo Deliberante para brindar informes de la gestión. No atiende al público que solicita audiencia, no responde los llamados telefónicos y se ausenta en reiteradas oportunidades de la institución”, afirmó Andrada.
Otra situación que advierten los ediles es la falta de asistencia alimentaria a seis familias aisladas en Santa Victoria Este por el COVID-19, que regresaron desde Río Negro, donde se fueron a trabajar. Para ellos, constituye abandono de persona.
“La semana pasada por unanimadad se aprobó pedir a la Legislatura la intervención del Ejecutivo municipal, pero eso se frenó un poquito porque ahora quieren la destitución del intendente. Todo va a depender de lo que nos diga el intendente cuando se presente en el Concejo”, detalló Andrada.
El Concejo Deliberante de Orán cierra sus puertas
Esta fue la decisión que se tomó desde el poder legislativo del municipio luego de que se detectara un caso sospechoso de Covid- 19 en la ciudad de Orán.
Lucas Tévez, presidente del Concejo, declaró que analizarán las medidas para la nueva modalidad de trabajo, atendiendo a la situación de alarma en la que se encuentra la ciudad, motivo por el cual no habrá atención al público en tanto no se descarte el resultado negativo del caso.
“Vamos a trabajar de manera conjunta con todos los funcionarios y aunar criterios para buscar una nueva forma de desempeñar nuestras labores que sean acordes a la situación”, declaró
Murió otra nena wichi con bajo peso en Salta
Tenía 2 años y vivía en un paraje de Rivadavia Banda Sur.
Una niña de apenas dos años falleció en Rivadavia Banda Sur, donde la pobreza ya se ha cobrado cientos de víctimas. La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato reconoció que la pequeña estaba en riesgo de bajo peso por talla, sostuvo que estaba en peso normal al momento de ser atendida.
Curiosamente, surge un informe médico entregado a los familiares que detalla antecedentes de consulta previa por “diarrea, nutrición por falta de progreso de peso, anemia, parásito”, y también se indicó que era una paciente con “riesgo de bajo peso”. Esto fue contradicho por Dorigato que afirma que al momento de ser atendida estaba en peso normal.
Además, la funcionaria explicó que, en el momento de brindar la atención, todos los responsables del área aseguran que no presentaba ningún signo de gravedad en su salud, sino más bien síntomas de “catarro”.
Con el tiempo comenzarían a aparecer otras particularidades, una “leve anemia”, describieron, por lo que quedó internada. No estaba en talla optima, pero no era desnutrida, explicó la subsecretaria de Medicina Social, que señaló: “Ella venía recuperada de riesgo nutricional”.
Los familiares, por su parte, manifestaron su descontento en la atención recibida, denunciando en sus redes sociales posibles demoras en la atención en el Hospital de Rivadavia Banda Sur. “La peor pandemia silenciosa para nosotros es la discriminación”, lamentó.
Fuente: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1 MHz.- Prensa Obrera- Radio Nacional- Salta 12- Radio Ciudad Orán- FM Alba- Informate Salta- Capital
