DDN. Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en la región NOA, celebró la medida de la justicia salteña que finalmente resolvió multar a los empresarios Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín por deforestación ilegal en las fincas Los Pozos y La Peregrina, ambas ubicados en el departamento San Martín. Hizo referencia también al caso de la finca Cuchuy, del empresario Alejandro Braun Peña- primo del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña- quien además de haber sido incluido en el registro de infractores de la Ley de Protección del Medio Ambiente de la provincia, deberá pagar 2.500.000 de pesos por el desmonte ilegal de 550 hectáreas y reforestar la zona.
Si bien la Coordinadora de la campaña lamentó que “lo que se puede hacer en el caso de ilegalidades, en el caso de estas tres fincas, solamente implica multas y no hay más castigos”, destacó que “lo más importante es la restauración de las zonas que se desmontaron ilegalmente, que puedan ser reforestadas y que los bosques que se encontraban allí puedan volver a estar en unos años”.
“Las dos fincas- Los Pozos y La Peregrina- habían sido denunciadas por la campaña cuando se habían prohibido los desmontes a partir de la resolución de Nación, y continuaron desmontando”, explicó Cruz haciendo referencia a la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación publicada el 24 de enero, que declaró ilegales los 32 permisos otorgados por la Provincia para deforestar en áreas protegidas e instó a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados. “A partir de allí es que la Provincia le inicia los controles y los sumarios que culminan con esta multa de 3 millones”, dijo y señaló que “esto se calcula de acuerdo a la legislación vigente en litros de combustible”.
Se trata de una multa que los empresarios deberán pagar por el desmonte ilegal de 644 hectáreas en finca Los Pozos y de 167 hectáreas en la finca La Peregrina.
“Apostamos a que por lo menos se respete la Ley de Bosques y esto es difícil en la medida que se actúe en complicidad con los empresarios para poder buscar la vuelta administrativa para autorizar desmontes donde no deben, como es el caso de Salta”, agregó al recordar la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de promover los decretos 2211/10 y 3136/11 autorizando el desmonte de 32 fincas, que suman un total de 144.984 hectáreas protegidas por la Ley de Bosques, entre las que se encuentran Los Pozos, La Peregrina y Cuchuy. “Justamente Cuchuy estaba en zona amarilla porque allí viven cuatro comunidades wichí que ahora están completamente afectadas por el desmonte, con el agua contaminada, viviendo en una isla, en un mar de soja”, agregó.
Lamentó así al complicidad estatal por las condiciones en las que se ven obligadas a vivir las comunidades originarias al sostener: “Los verdaderos responsables son las autoridades de aplicación y los gobernantes están invisibilizando la situación de los indígenas en el caso de Salta, porque la mayoría de las fincas que en la zona chaqueña de Salta han sido desmontadas y que tenían comunidades indígenas, en la mayoría de los casos estaban inscriptas en el registro del INAI- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-, con su correspondiente carpeta pero para la Secretaría de Medio Ambiente de Salta tenía valor quien tenía el título, y en este caso no lo tenían las comunidades, aunque tienen la posesión y el derecho a ser reconocidas sus tierras. En todo el país debería ser así pero no se hizo efectivo su reconocimiento, tampoco su participación en las audiencias públicas previas a los desmontes porque en muchos casos han ido y no se los ha escuchado”.
La Coordinadora de la campaña señaló que se encuentran a la espera de que las sanciones se hagan efectivas y resaltó que la situación de los desmontes ilegales se repite en otras provincias, entre ellas Chaco en donde busca modificar el mapa de ordenamiento territorial, tal como intentó hacer el gobierno de Salta. Además, cuestionó “las metodologías que usan los gobiernos, de hacer audiencias en lugares donde nadie puede llegar, en fechas difíciles como el Cuchuy, donde una de las audiencias se hizo el 23 de diciembre”. “Está todo resuelto para que se autoricen de manera ilegal y sin muchas protestas”, denunció.
Por otra parte, señaló que “no hay una consideración en el Código Penal sobre el uso de los bosques”, recordó que en el caso de la finca Cuchuy la espesura fue directamente incinerada para la implantación del cultivo de soja y aseveró: “En muchos casos sucede así por la falta de control porque si estuvieran realmente los controles efectivos verían que se haga un aprovechamiento”.
En esta línea, la referente de la ONG indicó: “Hace poco tuvimos conocimiento de una zona en Rivadavia donde hay comunidades wichis y no les permitían sacar madera para hacer artesanías de las zonas que habían desmontado. Esta misma situación la vimos cerca de Tartagal también, donde nos comentaban las comunidades Chané, de Campo Duran, que no les permitían sacar las maderas para hacer las típicas máscaras. Había cientos de árboles y decidieron prenderles fuego”.
“Creo que en la sociedad hay un compromiso notable, pero no hay un compromiso de parte de quienes detentan la titularidad de las tierras, porque el destino del bosque depende mucho de en manos de quién esté”, alertó Cruz quien aseveró: “Si está en manos de terratenientes es muy probable que el bosque termine desapareciendo porque tienen un interés muy distinto del que tienen las comunidades indígenas o campesinas, que son las que están habitando los últimos reductos de bosque en todo el norte y en la Patagonia también, y su vida depende del bosque”.
Las maniobras de Braun Peña
La Coordinadora de la campaña recordó las maniobras maliciosas llevadas adelante por el primo del Jefe de Gabinete de Nación contra las comunidades wichí que habitan la finca Cuchuy. “El empresario les había prometido hacer diez viviendas prefabricadas en el caso de que no se opusieran al desmonte, y terminaron poniendo su huella digital sin saber lo que estaban firmando de alguna manera”, denunció.
Y agregó: “Se perjudicó el amparo que habían presentado al dividir a las comunidades y al decir que habían llegado a un acuerdo. Después los wichís dijeron que no habían entendido, que habían sido engañados, pero todas esas maniobras se hacen con la complicidad de quienes deberían estar velando por el bosque, que están facilitando la destrucción”.
“Es muy triste el caso de Cuchuy. Ha sido uno de los casos emblemáticos en los que nosotros hemos estado continuamente parando topadoras hasta tener amenazas de parte de Braun Peña hacia nuestros compañeros. Si bien no se ha podido rescatar mucho, esta es una multa ejemplar en el caso de Salta, donde nunca se han aplicado multas a poderosos”, concluyó.
Fuente: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1 Mhz.
