DDN. Sorpresivamente, y sin tratamiento previo, el gobierno nacional logró el dictamen para tratar en el Congreso la modificación a la actual Ley de Semillas- que data de 1.973-, un proyecto duramente criticado desde colectivos sociales y ambientales, pequeños y medianos productores, y exigido por la dupla Bayer-Monsanto. Verónica Lozano, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena- MNCI-, dio detalles sobre la iniciativa que, además, de acotar el uso libre y gratuito de las semillas, reconoce a las compañías la potestad sobre las especies manipuladas genéticamente.
De acuerdo a lo que señaló, la Comisión de Agricultura sacó dictamen de mayoría el martes para tratar el proyecto de ley que busca reemplazar la actual legislación, que data del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. “En esa ley vieja, ya la propiedad intelectual sobre las semillas estaba legislada y ahora, con este nuevo proyecto, lo que quieren es avanzar sobre esa propiedad intelectual para hacer que cada resiembra haya que pagar a modo de patente la supuesta innovación que tienen sobre la semilla”, explicó Lozano.
Asimismo, indicó que “este es un conflicto que empezó en el 2.012, cuando las empresas multinacionales como Monsanto comenzaron a hacer presiones para que se modifique la ley”. “Lo que buscan es cobrar más regalías por la soja transgénica. Desde 2.012 vienen ejerciendo esas presiones y ahora finalmente, con el oficialismo a favor, introdujeron ayer el proyecto para que se trate en las cámaras”, dijo con preocupación y resaltó: “Somos un arco muy amplio de organizaciones que estamos movilizadas por este tema”.
En cuanto a los aspectos más preocupantes del proyecto, la referente precisó: “El primer punto es que favorece a las multinacionales, que ya tiene concentrado el mercado de semillas otro punto es que favorece la apropiación de las semillas, durante cinco cosechas (cinco años) establece la propiedad intelectual como una especie de patente”, y subrayó: “Nosotros consideramos y sabemos que las semillas son un producto del trabajo histórico de las comunidades, que estas empresas que nacen hace unos 50 años más o menos empiezan de alguna manera a robar todo ese patrimonio histórico que inicia con el comienzo de la agricultura hace 12000 años. Por eso nosotros, como vía campesina, decimos que las semillas son un patrimonio de los pueblos porque son creación de los pueblos y lo ponemos al servicio de la humanidad y que no son un bien apropiable por los privados”.
“Otra de las cosas más importantes, y que es terrible, es que criminaliza a la agricultura- continuó-. Cualquiera de nosotros que tengamos una huerta podemos estar infringiendo una ley por reproducir una semilla sin saber si quiera que puede estar bajo propiedad intelectual de una empresa. Cambian un derecho inalienable de los agricultores y pasa a ser una excepción de un sector que tiene que estar registrado. Sabemos que ese Registro Nacional de Agricultura Familiar- ReNAF- no abarca a todos los productores familiares de la Argentina, es decir que tiene muchas falencias. Entonces, todos los que no estén registrados entrarían en la categoría de infringidotes de la ley”. También, remarcó que se le otorgaría al Instituto Nacional de Semillas- INASE- el poder de policía para controlar el uso de semillas.
El agronegocio de los transgénicos en la mesa
Lozano explicó que “todo este conflicto viene a partir del modelo de lo transgénico pero va a abarcar a todas las semillas que conocemos, ya que no solo se restringe a lo transgénico la modificación”, y alertó al respecto que “en la Argentina se aprueban sistemáticamente, con muy pocos requisitos, los productos transgénicos de estas compañías que en el mundo se rechazan”.
En este sentido, advirtió: “Acá está habiendo cada vez más aprobaciones para la comercialización de estas plantas, que conocemos sus consecuencias porque son plantas que vienen con tolerancia a pesticidas, que conocemos cuáles son sus consecuencias en el ambiente y en la salud. Así que sabemos que esa comida que va a llegar a nuestros platos va a llegar con pesticidas que van a afectar nuestra salud. Sabemos las consecuencias y sin embargo la legislación permite que avance este modelo de producción de alimentos lleno de agrotóxicos”.
Igualmente, la referente resaltó que existe un proyecto alternativo de minoría impulsado por el Frente para la Victoria, junto con todas las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, y dijo: “La idea es que cuando llegue a la Cámara este dictamen de mayoría se puedan poner a discusión todas estas cosas. Nos interesa mucho que la población sepa cuáles van a ser las consecuencias de esta modificación y cómo va a afectar el plato de la mesa de cada uno de nosotros”.
Por otra parte, cuestionó: “Muchos de los recursos del Estado en los organismos de investigación se utilizan para investigar cómo usar nuevos pesticidas en vez de investigar, por ejemplo, nuestras contrapropuestas, que tienen que ver con la agroecología, con la producción sana de alimentos, con las familias en el campo”. “Creemos que como política de Estado debería estar motivado este tipo de investigación que favorezca otro modelo de producción posible”, enfatizó.
Desalojos y complicidad del Estado
“En los países en donde avanzaron este tipo de leyes, ya hubo conflictos judiciales con productores, es muy complejo. Una vez que las compañías tienen el poder de reclamar lo van a hacer”, aseveró Lozano al tiempo que subrayó: “Tiene que ver con un modelo de producción que no diversifica, que no cuida el territorio, que usa poca mano de obra y que desaloja mano de obra campesina”.
En este punto, hizo referencia a la situación puntual de la Provincia al señalar: “En el departamento de Anta hay muchas familias en conflicto, en la zona de Metán estamos con un conflicto de tierras en el paraje Lumbreras, donde familias fueron desalojadas para imponer un modelo de agronegocio que desestima la vida campesina indígena y de los agricultores familiares”.
Y añadió: “El domingo nos acercamos desde distintos parajes de Salta y de Jujuy para construir una casa. Los Álvarez- una familia que vivía de la cría de animales y fueron desalojados por orden de la jueza de Metán, Olga Sapag- estaban viviendo bajo una lona con esta lluvia. Lo que se hizo fue levantar un rancho a la vera de la ruta como símbolo de resistencia para visibilizar el caso, para que sepamos que es importante apoyar porque hay muchas familias en la Provincia que están sufriendo, y exigir al Estado provincial que frene los desalojos como la ley indica, que ninguna familia campesina indígena de la Provincia tiene que ser desalojada porque hay una ley que lo impide y hay una ley de agricultura familiar”.
“El Estado provincial tiene que hacerse presente para evitar ese avasallamiento. El tema de la independencia de poderes hace que muchos jueces puedan ser impunes al fallar en contra de las familias y en contra de la ley”, concluyó.
Fuente: Sapo de otro pozo/ FM Noticias 88.1 Mhz.
