DDN. Los apoderados de la Cooperadora Asistencial de la Capital se presentaron en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos para poner a disposición la totalidad de la documentación e información relacionada con la denuncia presentada días atrás por los diputados del bloque UCR.
En el descargo sostienen que la denuncia constituye “un acto apresurado que no tiene respaldo documental alguno”, y pidieron la desestimación y archivo por inexistencia de delito.
Los abogados dejaron sentado que “la totalidad de las contrataciones y gastos realizados por el ente autárquico, se corresponden con los destinos fijados por la Ley 5335 y el Decreto 1809/78 que lo rige”, y presentaron todos los expedientes que acreditan la necesidad de esas erogaciones y un trámite regular.
Sostienen que existen numerosos controles que realiza la Auditoría General Provincial, el Tribunal de Cuentas Municipal y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, al margen de que cuenta con una Unidad de Sindicatura Interna y un departamento que controla la ejecución de convenios.
Es por ello que califican de “temeraria” la acusación de que los funcionarios podrían integrar una asociación ilícita, o incurrieran en malversación de caudales o hubieran intervenido en negociaciones incompatibles. En este sentido, consideran que los denunciantes “ni siquiera mencionaron a las personas o hechos puntuales, que permitirían formular semejante reproche”.
Entienden que “es reduccionista la visión de los legisladores por no tener en cuenta que existen gastos vinculados con logística y funcionamiento operativo de la Cooperadora Asistencial, y tampoco admiten que es necesario abordar la problemática social previo relevamiento mediante consultoría y estadísticas, como también difundiendo los programas que benefician a los vecinos de Salta”.
Por último, sostienen que “el trabajo institucional de la Cooperadora es ordenado” y que “no se agota en la asistencia con la Copa de Leche, entrega de bolsones, medicamentos o subsidios, sino que también comprende problemáticas de género, violencia intrafamiliar y adicciones, destinando recursos para tal fin”.
