DDN. Esta semana se conoció que la Corte de Justicia salteña desestimó la denuncia presentada por el Partido Obrero por la condonación de deuda- estimada en 300 millones de pesos a valores actuales- por parte de la provincia a la empresa agropecuaria de la familia del diputado Alfredo Olmedo, convalidando así las exenciones impositivas por la explotación de Salta Forestal S.A. El abogado y apoderado del Partido Obrero, Luis Segovia, dio detalles sobre esta estafa millonaria que devela parte del vínculo entre el gobernador Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador Juan Carlos Romero y el diputado nacional Alfredo Olmedo.
Segovia recordó que el proceso judicial inició en febrero de 2.016 luego de que “en enero de ese año el gobernador, a través de dos decretos, autorizara la venta de Eco Desarrollo, concesionaria de Salta Forestal, y, a la vez, dejara establecido en el mismo decreto que esta empresa no debía nada en concepto de canon por el arrendamiento de las tierras de Salta Forestal desde que está sancionada la ley de arrendamientos rurales de la Provincia, año 2.010 al 2.016”. “Es decir que le perdonaron 6 años de canon a la empresa Eco Desarrollo de la familia Olmedo”, explicó.
“Por esos decretos- continuó- la senadora, en ese momento, Gabriela Cerrano y el diputado Claudio Del Plá plantearon una acción de inconstitucionalidad en contra de esos decretos. En primer lugar porque se afectó la recaudación de las Rentas Generales de la Provincia, un canon establecido por ley y que es obligación del Gobernador hacerlo recaudar. En segundo lugar, como son facultades excepcionales las condonaciones cuando hubiera situaciones muy extraordinarias, no tenía ninguna contemplación y el Gobernador solamente le perdonó esta deuda y con esto cerró dos juicios que tenía la empresa Eco Desarrollo con la Provincia”.
En esta misma línea, el abogado detalló que se trata de “un juicio que de alguna manera resumía muchos años de conflicto entre las concesiones de Salta Forestal a la familia Olmedo, que comenzó con una decisión del gobernador Romero en el año ‘99 donde se cedió las propiedades de Salta Forestal, 300 mil hectáreas en el departamento de Anta, a la empresa Eco Desarrollo de Néstor Cervera y Alfredo Paulino Olmedo- padre del Diputado-. Dos años después se separan, cada empresario se queda con la mitad de la propiedad y no cumplen el objeto por el cual se les había concesionado, que era desarrollar un proyecto agroecológico para recuperar el ambiente degradado de la zona y para dar un desarrollo a todas las comunidades que vivían allí”.
Vale recordar que uno de los argumentos del entonces gobernador, actual senador nacional Juan Carlos Romero, para ceder la concesión era la falta de oferentes, esto pese a que una fundación francesa había presentado su proyecto.
Segovia, además, recordó que los empresarios nunca cumplieron con lo acordado sino todo lo contrario ya que una de las condiciones era la construcción de viviendas para las personas que habitaban los terrenos y pese a esto, afirmó, “los que todavía viven ahí viven muy mal y mucha gente ha sido expulsada y ha tenido que migrar a las localidades más cercanas, inclusive a la misma ciudad de Salta, porque se han visto totalmente perjudicada por la actividad que desarrollaron estos empresarios allí”.
Y agregó: “Tenían prohibido el monocultivo y estos emprendimientos tan extractivos de la tierra, y fue lo primero que hicieron. Tenían, por contrato, una excepción de pagar canon por 20 años porque se pensaba, ingenuamente, que las inversiones iban a demorar mucho tiempo en tener retorno siempre respetando el ambiente y el marco social. Pero fue todo lo contrario, desmontaron sin cumplir ningún estudio de impacto ambiental, no respetaron ninguna ley ambiental, desmontaron y plantaron soja. Tanto fue así que unos años después el señor, que hasta ese momento era desconocido, Paulino Olmedo, fue calificado por la revista Forbes y Fortuna Web de Argentina como el rey de la soja. Ya se sabía en ese momento la fortuna que estaba amasando la familia Olmedo”.
“Unos años después se dividen, Cervera pasa a ser del grupo Cresud, otro de los grupos inmobiliarios más importantes del país que actualmente son propietarios de Salta Forestal, de 300 mil hectáreas que recién el año pasado han empezado a pagar el canon correspondiente establecido por ley desde el año 2.010. Recién el año pasado, en 2.017, se presupuestó por primera vez el canon que tenían que pagar estas empresas mientras que con estos decretos que el Gobernador firmó en el 2.016 dijo que no se debía nada por todo lo anterior”, enfatizó el abogado denunciante.
Además, recordó que desde el Ministerio de Economía de la Provincia respondieron un oficio afirmando que “ellos no tienen registro de haber cobrado nunca un canon”, en tanto que un informe respondido por la Fiscalía de Estado da cuenta de que “no habían hecho ningún cálculo para condonar la deuda”, por lo que Segovia aseveró: “Es un manejo arbitrario, ilegal e inconstitucional de la cosa pública. Se han condonado impuestos y con eso se ha afectado la recaudación de la Provincia”. Así y todo, posteriormente “hubo un informe de Auditoría General de la Provincia y en el 2011 el gobernador Urtubey saca un decreto donde declara que el contrato era fraudulento y se hacen estos juicios”. “Después dicen ‘Nos olvidamos de todo y sigamos para adelante”, cuestionó el letrado.
En cifras, resaltó que “la soja ha tenido períodos de muy alto valor, por ejemplo en el 2.008 cuando llegó a tocar los 612 dólares la tonelada, y en el 2.012 a 614 dólares la tonelada, años donde no han ingresado ningún impuesto”, y precisó algunas estimaciones reales: “Por cada hectárea se producen aproximadamente 3 toneladas de soja. En todos los casos cada empresario se ha llevado, por año en facturación, más de 100 millones de dólares en los mejores momentos. Si le restamos lo que deberían haber pagado de impuestos igual es una fortuna pero, en ningún momento, de toda esa facturación ha ido algo a la Provincia”.
Igualmente, resaltó: “Información pública, dada por el Estado, no hay. A la Provincia ni siquiera le intereso cuánto se producía allí, ¿cómo pudieron condonar algo que ni siquiera sabían cuánto costaba?”, al tiempo que subrayó: “Suma a un escándalo más que la Corte de Salta ni siquiera se quiera entender sobre el tema. La justificación es que los legisladores no pueden plantear este tipo de acciones porque en todo caso tiene que ser los presidentes de cada Cámara. O sea que para ellos cada diputado, por sí solo, no lo puede hacer”.
“La justificación es que condonar impuestos es una posibilidad extraordinaria del Código Fiscal y todo lo demás tiene que estar contemplado en una ley especial de la Legislatura. Acá se condonó, por sola voluntad del Gobernador, impuestos millonarios. Después se quiso convalidar eso con un proyecto de ley que se mandó al Poder Legislativo para que se apruebe el convenio que había firmado el Gobernador”, añadió Segovia quien también remarcó: “Además de hacer la acción de inconstitucionalidad, en esa misma fecha, en febrero de 2.016, realizamos las denuncias penales al Gobernador y a la Fiscal de Estado por haber firmado estos dos decretos, concretamente por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque el Gobernador tiene que hacer todo lo que le manda la ley, no tiene otras facultades, para condonar tiene que pedir una ley a la legislatura”.
Para el letrado, “las maniobras son evidentes para denunciarlas y tienen todo este trasfondo que si uno no las hace públicas la población no se va a imaginar el tamaño de los fraudes que hay en la provincia, donde si no se cometieran podría haber mucha recaudación para las Rentas Generales de la Provincia y para todo”.
La recuperación que no fue
Por otro lado, Segovia hizo referencia a la supuesta “recuperación” de 80 mil hectáreas por parte de la Provincia, hecho que final no ocurrió dado que la concesión de esa porción de tierra- de las 150 mil hectáreas- simplemente pasó de manos de los Olmedo con Eco Desarrollo a la empresa Anta del Plata. “Son 150 mil hectáreas de Eco Desarrollo, ellos dicen que recuperaron 80 mil de la empresa que vuelven a la Provincia y el resto de las hectáreas, dicen, se van a destinar a solucionar todos los conflictos por contenencia de la tierra que hay en la zona. Pero no las recuperan en realidad sino que vuelven a un privado porque en el mismo decreto se autorizó la venta de la concesión de Eco Desarrollo a la empresa Anta del Plata, que ese mismo año entra a ser dueña de esas concesiones”, detalló.
En cuanto a esta empresa, señaló: “Anta del Plata es un grupo constituido por la empresa AGSOF, del señor Miguel Medina, un empresario de Rosario de la Frontera, y de un grupo tucumano Panamerica. Ellos son actualmente los dueños de lo que era Eco Desarrollo de la familia Olmedo”. No obstante, aclaró que no se trata más que de testaferros de la familia del legislador de la gorra amarilla. “Cuando se empezó a conocer la cuestión fraudulenta de esto y el apellido Olmedo era bastante conocido, el señor Paulino Olmedo le pasa todas las propiedades de la empresa a su nieto, que sería este señor Kevin Elliot, que tiene 24 años más o menos. Causa risa que un chico de 24 años sea dueño de una de las empresas más ricas de la provincia, con su hermana Jéssica también. Fueron los que firmaban todos los papeles, todos los contratos y concesiones, por eso los Olmedo decían que no tenían nada que ver”, amplió.
“Esto forma parte de uno de los capítulos del gran libro de la corrupción provincial y queremos manifestarlo por todos los medios e intentar que no quede en impunidad, por eso vamos a seguir insistiendo con las acciones penales. Estimamos hacer alguna suerte de manifestación en tribunales para que estos hechos sean conocidos por todos, posiblemente sea el próximo lunes. Nos parece gravísimo que estas cosas sigan pasando, creemos que se tiene que terminar y tiene que salir a la luz cómo se ha manejado el Estado provincial en los últimos 20 años”, concluyó el abogado.
Fuente: Sapo de otro pozo/FM Noticias 88.1 Mhz.
