Unifican en 18 años de prisión la pena contra el narco y homicida Delfín Castedo, el “Patrón del Norte”

Durante casi diecisiete años, Delfín Reinaldo Castedo construyó en Salvador Mazza, en el extremo norte de Salta, una estructura que combinó narcotráfico, contrabando, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios.

Según reconstruyó el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta en la sentencia que condenó a Castedo como jefe y organizador de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad, la organización cerró caminos, obligó a vecinos a cruzar la frontera boliviana para llegar a sus propios terrenos y sometió a la población de la zona mediante amenazas.

El tribunal recordó, además, que la banda tuvo bajo su influencia a un comisario local y al ex juez federal de Orán (Salta), Raúl Reynoso, y que llegó a intervenir en la política a través del exlegislador provincial del Partido Justicialista, Ernesto Aparicio, quien integraba la organización.

El hecho que marcó un quiebre fue el asesinato por encargo de Liliana Ledesma, una vecina que se había resistido a los avances de Castedo y de su socio político para expandir el control territorial sobre la frontera. A partir de ese homicidio, según reconstruye el fallo, Castedo y su hermano Raúl se dieron a la fuga y permanecieron más de diez años en la clandestinidad, hasta su detención en 2016 en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

En marzo de 2023, el TOF N°1 de Salta condenó a Castedo a dieciséis años de prisión como jefe y organizador de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad, en concurso con tres hechos de falsificación de documentos públicos —un DNI, una licencia de conducir y una cédula para autorizado a conducir—. Esa sentencia quedó firme en octubre de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por la defensa.

Un año antes, en agosto de 2024, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta lo había condenado, en una causa distinta, a tres años de prisión efectiva por cohecho activo y falsedad ideológica de instrumento público, tras acreditarse que había sobornado a un funcionario policial. Esa condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en junio de 2025.

Con dos condenas firmes sobre la misma persona, correspondía unificarlas en una pena única, tal como prevé el artículo 58 del Código Penal. El Ministerio Público Fiscal y la querella —representada por la Unidad de Información Financiera— pidieron que la pena única se fijara en dieciocho años. La defensa de Castedo, a cargo de los doctores Galante y Ruiz, sostuvo que correspondían diecisiete, al argumentar que su asistido no había recurrido la sentencia del TOF N°2 y que, por lo tanto, ya llevaba tiempo cumpliendo esa condena de manera separada.

El tribunal —integrado por las juezas Marta Liliana Snopek, María Alejandra Cataldi y Gabriela Elisa Catalano— rechazó ese planteo y, aplicando el método composicional que rige para hechos anteriores a la reforma de la ley 27.785, resolvió unificar ambas condenas en dieciocho años de prisión, multa de noventa mil pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena.

La resolución del TOF N°1 dejó fuera de la unificación una tercera sentencia: la prisión perpetua que en noviembre de 2023 le impuso el Tribunal de Juicio de Orán, de la Justicia provincial de Salta, por instigar el homicidio de Liliana Ledesma. Esa condena todavía no adquirió firmeza, porque sigue pendiente de resolución la etapa recursiva extraordinaria, y por eso el tribunal federal no pudo incorporarla al cálculo de la pena única, aunque sí valoró el hecho como parte del contexto criminal general de la organización.

Durante la audiencia previa a la resolución, la defensa había pedido además que se autorizara el traslado de Castedo a un penal en la provincia, ya que hace dos años no recibe visitas familiares por la distancia entre el penal de Ezeiza y su domicilio de origen. El tribunal remarcó que esas cuestiones de régimen penitenciario no inciden en la determinación de la pena, aunque sí ponderó como un elemento negativo un informe reciente del Servicio Penitenciario Federal que señala que Castedo no muestra, hasta el momento, una postura reflexiva sobre el impacto social de sus delitos.

El nombre de Castedo había circulado antes por otro expediente, mucho más resonante: Carbón Blanco, la causa en la que la Justicia Federal de Resistencia, Chaco, investigó y condenó en 2016 al abogado Carlos Salvatore y a otros integrantes de una organización que exportó a Europa toneladas de cocaína ocultas en cargamentos de carbón vegetal que salían de la localidad chaqueña de Quitilipi. Distintos testigos identificaron a Castedo como uno de los principales proveedores de droga de esa red.

Según declaró en su oportunidad uno de los fiscales del caso Carbón Blanco, Carlos Amad, la droga secuestrada en ese caso provenía de Delfín Castedo. “En ese expediente, que involucró el decomiso de más de diez toneladas de cocaína, fue condenado el señor Carlos Salvatore a 21 años de prisión. El mismo señor Salvatore que fue abogado del señor Castedo allá en sus inicios. Es decir simplemente nosotros empezamos a unir cabos sueltos que había en distintos expedientes del país y en razón de eso, hemos podido condenarlos a ellos sin haberle secuestrado ni un gramo de droga”, explicó Amad al portal Infobae en 2022.

Sin embargo, esa conexión nunca derivó en una condena por narcotráfico contra él: la causa en la que se lo investigó como proveedor terminó con un sobreseimiento por prescripción, luego de que la Justicia salteña tardara más de una década en avanzar sobre los hechos que se le atribuían. Las condenas que ahora se unificaron —asociación ilícita, falsificación de documentos y cohecho— son, en ese sentido, lo único que finalmente logró sostenerse en su contra ante los tribunales.