El Ippis y la Diócesis de Orán rechazan el proyecto de ley de extranjerización de la tierra

El próximo jueves, 6 de agosto, el Senado de la Nación tratará el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional como parte de un paquete de reformas que también incluye modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, a la Ley de Manejo del Fuego y a la Ley de Glaciares. En Salta, la iniciativa despertó un rechazo que atraviesa a organizaciones indígenas, instituciones eclesiásticas y referentes sociales, que coinciden en el diagnóstico de que la norma profundiza la concentración de tierras en pocas manos, habilita la venta ilimitada de territorio a capitales extranjeros y desprotege a las comunidades que históricamente lo habitan.

El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), organismo que autárquico que representa a los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio salteño, emitió un comunicado en el que manifiesta su “firme y absoluto rechazo” al proyecto y advirtió que la iniciativa “atenta de forma directa contra la supervivencia física, cultural y territorial” de las comunidades originarias, y sostuvo que bajo una “retórica de seguridad jurídica individual y de mercado” ignora deliberadamente la naturaleza de la propiedad comunitaria indígena.

Para el IPPIS, la implementación de mecanismos de “desalojo exprés” y la desregulación para la venta ilimitada de tierras rurales a capitales extranjeros constituyen “una amenaza de despojo masivo” que profundiza los conflictos territoriales en la provincia. El organismo, que por primera vez desde que fue creado en el año 2000 se expresó contra una iniciativa nacional, sostuvo además que el proyecto incurre en una “flagrante inconstitucionalidad” al colisionar con el bloque normativo vigente en tres niveles.

En el plano internacional, la iniciativa viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Ley Nacional 24.071, que obliga a los Estados a respetar la relación de los pueblos indígenas con su entorno y a reconocerles el derecho de propiedad y posesión sobre los territorios que tradicionalmente ocupan. El IPPIS remarcó también que el proyecto desconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 26 establece el derecho de esos pueblos a las tierras, territorios y recursos que han poseído, ocupado o utilizado tradicionalmente.

En el ámbito nacional, indicó que la iniciativa vulnera el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de sus tierras, un régimen que —junto al artículo 18 del Código Civil y Comercial— establece que esas propiedades no son enajenables, transmisibles ni pueden sufrir gravámenes o embargos.

Y en el ámbito provincial, el organismo citó el artículo 15 de la Constitución de Salta, que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas a su identidad y a la propiedad de sus tierras comunales. "Salta cuenta con una rica pluralidad cultural que este proyecto pretende avasallar al unificar de manera forzosa todo régimen de tierras bajo la lógica del derecho privado individual y extractivista“, denunció el IPPIS.

El organismo exigió a los senadores nacionales por la provincia “defender el mandato constitucional y rechazar de plano” la iniciativa libertaria. “No permitiremos que la seguridad jurídica de los negocios inmobiliarios y financieros se construya sobre el destierro y el olvido de los primeros habitantes de este suelo. ¡El territorio no se vende, se defiende!”, cerró.

Tujuayliya Gea Zamora es médica wichí, hija de la histórica mujer wichí Octorina Zamora, y referente de la organización de base Na’ Nechepa—que en castellano significa “nos levantamos”. En diálogo con este diario, situó el rechazo a la ley en la continuidad de una disputa territorial que para las comunidades del norte salteño no es nueva.

“Venimos con un montón de reflexiones y acción en relación” a la ley de extranjerización de tierra, dijo y advirtió que las comunidades defienden la tierra cuando se protege “a quienes la habitan, y sobre todo a las poblaciones más vulnerabilizadas”.

Gea Zamora conectó el debate legislativo con un proceso que viene de antes: “La primera de las leyes derogadas por este gobierno fue la 26.160 (de emergencia territorial indígena), y después la provincia obedientemente dejó caer la ley de tierras”, al no renovar la prórroga de la ley 7658, que suspendía desalojos de familias rurales y pequeños productores mientras avanzaban los procesos de regularización dominial.

“Ya venía todo esto en un plan perfectamente pensado y orquestado para también desempoderar a las comunidades indígenas, que con mucha lucha habían logrado estos logros jurídicos que nos mantenían con cierta seguridad territorial”, sostuvo Zamora.

También cuestionó las declaraciones de legisladores provinciales sobre las supuestas ventajas de la apertura a la inversión extranjera. “(El diputado provincial Nicolás) Arce nos hablaba como si fuéramos tontitos, como diciendo que nadie va a vender a un extranjero. Y repasó la historia reciente del Chaco salteño, con inversiones como las empresas Desdelsur y Tecpetrol “y eso no ha garantizado ningún beneficio ni desarrollo para los pueblos, no solo indígenas, sino también para los criollos de nuestro departamento”.

Para Zamora, la ley de extranjerización “viene a profundizar también conflictos históricos del territorio, viene a imponer un futuro bastante oscuro y difícil, que es la total desarticulación del territorio”. Y proyectó lo que está en juego en términos concretos: “Qué difícil es pensar que vamos a tener que estar evitando entrar a nuestros propios territorios ancestrales porque van a estar alambrados, o que nos vamos a tener que someter a condiciones de servidumbre y esclavitud que se suponía que estaban abolidas en nuestro territorio, cuando estos territorios sean entregados a los extranjeros".

La médica cerró su testimonio con una apelación a la memoria histórica: “Siento que el no juntarnos, el no reclamarle a nuestros legisladores que no voten esta ley, es de alguna manera no seguir adelante con el legado que nos dejó el general Martín Miguel de Güemes cuando, con los infernales, que eran indígenas y criollos empobrecidos y trabajadores, defendieron la frontera norte de la patria. Siento que estamos siendo llamados en este momento a tomar esta lucha, cual epopeya güemesiana, tomando las calles, reclamando a nuestros legisladores que cumplan con el mandato del pueblo, que es el de proteger la patria".

El rechazo también llegó desde la Iglesia. La Pastoral Social y Ecológica junto al Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) de la Diócesis de Orán difundieron un comunicado bajo el título “La tierra es un don de Dios, no es una mercancía”, en el que expresan su “firme rechazo” al proyecto que declara la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada.

La Diócesis apeló al mensaje evangélico para cuestionar “toda estructura que prioriza el capital sobre la vida humana”, y recordó el mandato bíblico según el cual la tierra “no podrá venderse definitivamente” porque pertenece a un orden que trasciende la propiedad individual“. Citó también la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, que sostiene que la tierra y sus frutos “han sido dados por Dios para beneficio de todos los seres humanos, sin exclusión”, y remarcó que ese principio del “destino universal de los bienes” obliga a reconocer que la propiedad privada tiene una función social subordinada al bien común.

Asimismo, advirtió que el proyecto “facilita la concentración de tierras en pocas manos y desprotege profundamente a las comunidades indígenas y campesinas que habitan históricamente el norte de Salta”. Invocó también la encíclica Laudato si, que describe la tierra como “herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos“, y citó el artículo 75 de la Constitución Nacional para sostener que “declarar una inviolabilidad absoluta individual vulnera este orden superior”.

El Observatorio de Tierras—vinculado al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-FCE-UBA) y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA)— publicó en marzo su Tercer Informe “Territorio y bienes comunes en disputa: extractivismo y extranjerización en la Argentina”, que actualizó el mapa interactivo construido a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y lo cruza con datos de glaciares, comunidades indígenas relevadas y proyectos mineros.

El informe advirtió que, mientras a nivel nacional cerca del 5% de la superficie rural argentina está en manos extranjeras, ese porcentaje se dispara en zonas donde se concentran recursos estratégicos. Salta aparece entre las provincias con mayor incidencia: según el listado de departamentos que exceden el límite fijado por la Ley de Tierras (25.737), San Carlos encabeza el ranking provincial con e l60% de su superficie rural extranjerizada, seguido por Molinos con el 58%, Guachipas con el 34%, General Güemes con el 29%, La Viña con el 28%, Cerrillos con el 25%, Orán y Cafayate, ambos con el 23%, y Chicoana con el16%.

El informe se detiene particularmente en San Carlos, donde ubica una zona con glaciares de escombros —clave para la regulación de las cuencas hídricas de los valles intermontanos—, cuatro proyectos mineros previstos y dos comunidades indígenas con el relevamiento territorial culminado, además de otras cuatro cuyos trámites quedaron truncos al momento en que el Gobierno nacional derogó la Ley 26.160, que establecía ese relevamiento. Esos glaciares limitan con el departamento Cafayate, que —según el informe— presenta cerca del 23% de su superficie extranjerizada.

Para el Observatorio, la extranjerización de la tierra “no puede pensarse únicamente como un fenómeno económico o inmobiliario”, sino como parte de procesos más amplios de apropiación de recursos estratégicos, potenciados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) creado por la Ley 27.742 en 2024, que habilita que buena parte de la renta generada por los grandes proyectos extractivos no quede en el país. El documento concluyó que en los territorios analizados converge un mismo patrón: donde se concentran bienes comunes críticos como el agua avanzan de manera simultánea los proyectos extractivos, los capitales transnacionales y la concentración de la tierra, en desmedro de las comunidades indígenas y campesinas preexistentes.

Es la quinta vez que se intentará tratar la iniciativa en el Senado. La senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés viene cuestionandoel proyecto oficial por la falta de debate. “A ese proyecto le faltó tratamiento, le faltó debate y le faltó análisis”, dijo en referencia al dictamen alternativo presentado por su bloque, Convicción Federal —que no fue firmado por la senadora por Salta, Flavia Royón— y que mantiene la protección de la propiedad privada pero incorpora resguardos para la soberanía territorial, el ambiente y los derechos procesales.

La diferencia más profunda entre ambos proyectos aparece, según Moisés, en la reforma de la Ley de Tierras Rurales. Mientras el Gobierno impulsa una amplia liberalización para la compra de tierras por parte de extranjeros, el dictamen de Convicción Federal mantiene límites y fortalece la protección sobre zonas consideradas estratégicas.

“No podemos irnos al extremo de liberar absolutamente todo y que cualquier extranjero pueda venir a comprar nuestras tierras. De ninguna manera puede ser esa la solución", explicó la senadora, cuya propuesta incorpora la figura de las Zonas de Interés Estratégico Nacional —áreas de frontera, nacientes de ríos, acuíferos, glaciares, reservas naturales y regiones de alto valor productivo—, entendidas como “recursos que son estratégicos para el desarrollo de la Argentina y que no pueden quedar librados exclusivamente a la lógica del mercado”.

Moisés también cuestionó la equiparación entre usurpaciones y conflictos derivados de contratos de alquiler que propone el proyecto oficial.

En ese escenario, los tres senadores nacionales por Salta llegarían a la sesión del 6 de agosto dispuestos a acompañar el proyecto oficial. Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, de La Libertad Avanza, votarían a favor. A ellos se sumaría Flavia Royón, de Primero los Salteños, espacio que responde al gobernador Gustavo Sáenz.

El eventual respaldo unánime de la representación salteña en la Cámara Alta contrasta con el rechazo del IPPIS, la Diócesis de Orán y los datos del Observatorio de Tierras sobre el nivel de extranjerización.

A días de la sesión en el Senado, con movilizaciones convocadas para las 17 en la plaza central 9 de Julio, todas las voces coinciden en que lo que se vota no es solo una reforma de la propiedad privada, sino una definición sobre quién controla el territorio salteño y bajo qué reglas.

Fuente: Maira López para Página/12