Delfín Castedo fue condenado a 16 años de prisión

Al banquillo de los acusados llegaron Delfín Reinaldo y Raúl Amadeo Castedo, Melba del Carmen Araujo (ex pareja de Delfín), los comerciantes Alberto, Luis y Mario Alberto Yudi y el martillero público Eduardo Torino. Se les imputó el delito de asociación ilícita y realización de maniobras de lavado de activos de origen delictivo. A Delfín se le sumó la acusación de falsedad de documentos públicos, delito del cual fue absuelto por el beneficio de la duda. 

Delfín Castedo recibió 16 años de condena por considerarlo autor y organizador de la asociación ilícita dedicada al narcotráfico, por el delito de lavado de activos con origen delictivo y como partícipe necesario del delito de falsificación material de documento público y coautor de falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos, con una multa de $90.000. Fue absuelto en una causa con relación a los documentos falseados por el beneficio de la duda. 

Raúl Castedo fue condenado a 9 años, con multa de $90.000, por considerarlo miembro de la asociación ilícita. Eduardo “Pintoto” Torino recibió 9 años de prisión y multa de $90.000.   

Araujo recibió 5 años más multa de $640.000, también como miembro de la asociación ilícita.

Alberto Yudi fue condenado a 7 años y multa de $1.200.000, por el mismo delito al igual que Luis Yudi, que recibió 7 años y multa de $90.000.

Mario Yudi obtuvo una condena de 3 años y multa de $1.200.000 por lavado de activos y fue absuelto por el beneficio de la duda como miembro de la organización delictiva.

En los alegatos, la Unidad de Información Financiera solicitó 20 años de prisión para Delfín Castedo, 8 para su hermano Raúl, 9 para el escribano Torino y 8 para Araujo, sin emitir pedidos de condena para los Yudi. El fiscal federal Carlos Amad, por su parte, solicitó 20 años para Delfín y 10 para Raúl ocho años para Torino nueve años para Araujo ocho años para Luis y Alberto Yudi y siete años para Mario Yudi.

En la audiencia, los imputados ejercieron su derecho a dar una última declaración. Delfín calificó de “raro” toda la situación judicial, además de asegurar que son especulaciones y que ha sufrido 23 años de persecución. 

Raúl, por su parte, hizo hincapié en que no fueron sentenciados en el caso del asesinato de Liliana Ledesma y que era “muy joven” para ser un sicario. Asimismo, aseguró que no hay pruebas suficientes para acusarlos de asociación ilícita. 

Araujo expresó que es “una mujer sencilla que cree en Dios” y que toda su vida dependió de su marido (Delfín). Además, aseguró desconocer que le era infiel y que es inocente ya que “solo fui su esposa y madre de sus hijas”. 

Alberto Yudi se limitó a decir que la fiscalía no investigó como debe ser y que su supermercado “vale más que la finca”. Luis expresó que hay una irresponsabilidad del fiscal para acusar y difamar sin pruebas, y Mario aseguró que tiene su conciencia tranquila ya que en su vida solo se dedicó “a trabajar y ser buen padre”. 

El último en hablar fue Eduardo Torino, que aseguró no tener nada que ver con los delitos que se le imputan y que solo tuvo “un mal negocio en venta y compra de campos”.

Decomisos

En su resolución, el Tribunal también rechazó una serie de nulidades planteadas por las defensas de Delfín Castedo y Torino y excluyó los audios reproducidos por el defensor del líder de la organización. Los jueces ordenaron el decomiso del automóvil VW Cross Fox, en el que se movilizaba Araujo, el cual quedó a disposición del Gobierno de la provincia de Salta, para ser destinado a necesidades en los ministerios de Salud o Educación.

Por otra parte, también se decomisó -a favor del Estado Nacional- la finca “El Aybal”, de 19.954 hectáreas, ubicada en el departamento salteño de General San Martín. Dicha propiedad abarca los lotes "Caricate”, “Nupiau” y “Quebracho Ladeao”, y limita con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia. En relación a otros bienes cuyo decomiso había sido solicitado por la PROCUNAR NOA, el Tribunal difirió su tratamiento, dado que aún no se descarta la presentación de reclamo por parte de otros familiares e interesados.

El rol del MPF

En su exposición los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la labor de la PROCUNAR NOA -que impulsó el caso-, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervino como querellante en el juicio, y con los que la fiscalía compartió -casi en su totalidad- los argumentos y pedidos de pena para los acusados.

Asimismo, Amad y Viltes Monier reseñaron los vínculos que los imputados tenían con otras organizaciones del narcotráfico, tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.

En base a las pruebas recabadas, indicaron que existió un acuerdo de voluntades entre los acusados, dirigido a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios. Así, se refirieron al homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca “El Pajeal” para “pasar droga” desde territorio boliviano, ya que el campo colinda, en el país vecino, con una propiedad perteneciente a una hermana de los Castedo.

En su alegato, el fiscal Amad afirmó que la organización operó entre 1999 y julio de 2016, cuando se detuvo a su líder, tras permanecer 10 años prófugo en el marco de la investigación por el homicidio de Ledesma.

En relación con el inicio de la asociación ilícita, el representante del MPF indicó que su primer líder fue el fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien era el propietario de la finca “El Pajeal”. Tras la muerte de Aparicio, Castedo lo reemplazó rápidamente al frente de la organización y asumió el dominio del lugar donde montó una “aduana privada”.

A lo largo del juicio, la fiscalía presentó una gran cantidad de testigos y prueba documental, entre ellas intervenciones telefónicas, que dejaron en claro que la utilidad de esas tierras, incluida la finca “El Aybal”, estaba vinculada al tráfico de drogas.

La fiscalía también expuso sobre los vínculos que los acusados mantenían con otras organizaciones narcocriminales, como la liderada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, condenado por contrabandear más de una tonelada de cocaína a Europa en la causa conocida como "Carbón Blanco".

También se estableció que los acusados “alteraron la paz social” de la localidad salteña de Salvador Mazza, a causa de los “constantes conflictos” creados por la insistencia de los Castedo en vedar el paso de puesteros a los camiones ya existente en ambas fincas, debido a que buscaban mantener en secreto el libre paso de la droga.

En ese orden, indicaron que la organización fue una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado ya que Castedo no sólo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino que también contó con la cobertura legal del exjuez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso, quien fue acusado de fraguar una declaración indagatoria de Castedo, que le permitió al imputado mantenerse en la clandestinidad.

Tras el debate, los representantes del Ministerio Público Fiscal resaltaron la magnitud del veredicto, tanto por la envergadura del caso, como por el efecto que causa en el ambiente del narcotráfico.