Crece la angustia de les trabajadores de la cooperativa Don José por la amenaza de desalojo del Arzobispado

Trabajadores de la cooperativa Don José permanecen en alerta tras la advertencia del Arzobispado de Salta de un “inminente desalojo” del lugar que ocupan, donado a la curia en su momento, y utilizado con fines comerciales, no de culto.

Norma Choqui, presidenta de la cooperativa, señaló que ayer, a través de un medio de comunicación, se anoticiaron de la novedad. “La cooperativa está formada por ocho familias, de las cuales seis son amas de casa, jefas de hogar (…). Escuché decir que es un mero capricho el nuestro, y no es un mero capricho. La confitería tiene una trayectoria, y soy de las más antiguas. Tiene una trayectoria de más de 27 años. Yo amo este lugar, he dejado toda una vida en este lugar. Si nos vamos a la calle, mis compañeros y yo quedamos sin trabajo”, dijo angustiada.

“Lo nuestro no es un capricho de querer quedarnos acá. Si nos desalojan y nos dejan en la calle, nosotras nos vamos con las dos manos atrás, sin nada. Todo lo que está en la confitería lo hemos tratado de mantener para seguir trabajando”, insistió Choqui. Y es que, además de la amenaza de la curia, pesa un embargo sobre todo lo que se encuentra dentro de la confitería, producto de la quiebra. “Nosotros figuramos en la lista de acreedores, pero muy al final. Todo lo que está en la confitería está embargado”, aseveró.

Aseguró que, pese a las reiteradas notas y pedidos, desde el Arzobispado nunca les respondieron. “Hemos tratado de cumplir, hemos enviado notas para que ellos sepan quiénes somos. No queremos quedarnos con nada que no es nuestro, no queremos usurpar ni nada, simplemente que nos permitan trabajar y poder cumplir como corresponde- continuó-. La cooperativa que se ha formado hace dos años ha asumido deudas que no son de la cooperativa para seguir funcionando. Pagar a antiguos acreedores para mantener la línea, pagar impuestos atrasados. En marzo de este año recién pudimos cancelar la factura del agua para poder seguir trabajando”.

Señaló también que se encuentran gestionando un subsidio para seguir trabajando, “pero durante este tiempo la cooperativa se ha sustentado gracias a cada uno de los integrantes”, con solo la ayuda del Sindicato de Pasteleros.

Por su parte, la tesorera de la Cooperativa, Sonia Oviedo, enfatizó: “Apostamos a lo que sabemos hacer, que es trabajar. Todo en un marco judicial, porque es una quiebra. El alquiler se venció en noviembre del año pasado, pagamos y dijeron que iban a seguir alquilando. El juez dictó una cautelar y nos da tres años más para seguir acá, fijando un monto que tenemos que pagar”.

“Hicimos venir cuatro inmobiliarias, llevamos a la justicia, y surge que teníamos que pagar 85 mil pesos, que es lo primero que deposita la cooperativa. Ahora la iglesia apela esa cautelar y habla de un desalojo inminente”, agregó con preocupación.

Además, manifestó: “Creemos que es el obispo Cargnello el que tiene que dar el pulgar para arriba para que nos sigan alquilando. Presentamos cuatro o cinco notas pidiendo una audiencia y nunca quisieron recibirnos. Tienen 544 propiedades, creo que lucran con todas y nosotros no somos la excepción. Sabemos que este lugar es una donación a la iglesia, pero queremos dignificar nuestro trabajo y queremos seguir cumpliendo. Queremos que la iglesia venga, charle con nosotros, lleguemos a un acuerdo y que podamos seguir trabajando, y no que nos desalojen”.

El diputado mandato cumplido, Claudio Del Plá (PO), se acercó al lugar para solidarizarse con las y los trabajadores, y recordó: “Hace varios años hicimos notar que la iglesia tenía exactamente 230 y pico de inmuebles. Desde la época de la dictadura para acá, más de 100 inmuebles que eran de propiedad fiscal habían pasado a la iglesia. Nos tocó votar negativo una cantidad de sesiones de tierras a favor de la iglesia y denunciamos que buena parte de esos inmuebles ni siquiera estaban destinados a las actividades puras de culto, sino que a pura especulación inmobiliaria. Este es uno de ellos y ahora la vemos a la iglesia actuando como propietario, pero un propietario parasitario”.

Según consideró, “el Estado tendría que expropiar o revertir esta adjudicación de una tierra fiscal, no importa de cuándo sea, porque ni siquiera se está haciendo una actividad vinculada con el culto”. Son actividades comerciales. Este es un caso, pero tenemos muchos otros casos en condiciones similares. Es una iglesia que probablemente sea el principal propietario de inmuebles en el país”, cerró.

Fuente: Todas las voces todas – FM Noticias 99.1 MHz.

BH