Precarización como política de Estado: Paro en el Polo Integral de Mujeres por mejoras laborales

Trabajadoras y trabajadores llevan años reclamando contra la precarización y la consecuencia que ello conlleva en el trabajo de asistencia a las víctimas de violencia que ellos llevan a delante, con un claro vaciamiento de recursos.
Hace 4 años Informacion gral.

DDN. Emilia Cervi es licenciada en psicología y una de las 15 trabajadoras y trabajadores del Polo Integral de Mujeres que se encuentran de paro en reclamo contra la precarización laboral a la que son sometidos. Además de dar cuenta del reclamo laboral, lamentó la falta de recursos para el área en la que se desempeñan, donde muchas veces se trabaja “como se puede”.

La trabajadora explicó que el reclamo viene desde el año 2015. “Estamos trabajando en el Programa de Asistencia Integral a personas víctimas de violencia familiar y de género. En el Polo Integral de Mujeres hace solo unos años, pero anteriormente en la Secretaría de Derechos Humanos”, comenzó diciendo sobre la situación que afecta a profesionales y administrativos que se encuentran “con un contrato de locación en una situación de precarización laboral que implica, actualmente, un sueldo por debajo de lo que tenía que ser en comparación con la canasta básica y la inflación”.

“Es un sueldo que no cuenta con aguinaldo, nosotros teníamos que pagar la obra social, somos monotributistas entonces estamos facturando al Estado”, detalló Cervi quien también indicó: “Actualmente estamos sin cobrar nuestro sueldo del mes anterior por una renovación de contrato. Nosotros teníamos un contrato de locación que iba desde enero hasta diciembre, pero ahora lo hicieron de seis meses. Empezamos enero hasta mitad de año y, nuevamente, tenemos que hacer toda la presentación del monotributo, AFIP, la firma del contrato, lo cual demora administrativamente y burocráticamente todo el proceso”.

“Venimos lidiando con esta inestabilidad laboral que, particularmente, a cada uno nos afecta diferente”, continuó la trabajadora para luego explicar: “Al estar contratados, aparecemos como contratados por el Estado y no podemos acceder al IPV, no podemos acceder a préstamos, a ayudas como el IFE, no podemos acceder a muchos beneficios sociales que se van brindando para el crecimiento familiar de cada uno”.

Asimismo, señaló que durante un largo período de varios años percibieron un sueldo que se mantuvo congelado, y remarcó al respecto: “Esto ha hecho una gran brecha entre las personas que se encuentran en planta, o con designación dentro de la misma institución, que son profesionales como nosotros, que hacen el mismo trabajo que nosotros, y que están en una condición económica diferente, más que económica, de acceso a derechos laborales”.

Destacó así que no es la primera vez que se movilizan para dar a conocer esta problemática, y agregó: “Esto viene desde que nos dijeron que se iban a renovar los contratos con un aumento del 15% y que todavía esos contratos no han sido firmados. Desconocemos el proceso burocrático, quién tiene el contrato, por qué no se han firmado. No nos han pedido que realicemos la facturación mensual, por lo que consideramos que no se nos pagará prontamente. No hay una respuesta institucional y no hubo una propuesta institucional clara ni de acompañamiento, que no es una cuestión nueva. Esto ya es algo conocido, es algo muy sabido”.

En este punto, remarcó: “Nuestra intención no es generar conflicto dentro de nuestro espacio de trabajo, es que se visibilice la realidad laboral que también vemos en otras instituciones como la Secretaría de Primera Infancia, que también es un organismo que tendría que tener muy bien pagados a sus profesionales, bien contratados. Esta precarización no es solamente de nosotros, pero no por eso vamos a justificar que esto sea así”.

Además, aseveró: “Para nuestras jerarquías no es desconocida esta situación y no creo que sea desconocido para ellos que nosotros íbamos a empezar a implementar medidas de protesta, porque han sido debidamente notificados. Esto ha estado muy ordenado y a la espera de una resolución previo a tener que hacer esto”, e insistió respecto al alcance del reclamo: “Lo que nosotros solicitamos es que se nos pase a planta o a designación, a un contrato mucho más laboralmente aceptable, con mayor acceso a derechos, como tiene que ser, como ya es para otros profesionales colegas con los que trabajamos”.

Precarización para combatir la violencia

Cervi recordó que el trabajo que realizan se hace “bajo un decreto de emergencia por violencia de género, porque somos una de las provincias que tiene mayores casos de violencia de género”, brindando asistencia, contención y garantizando el acceso a la ley.

“Nosotros somos el primer acceso que a veces tienen estas personas para hacer una denuncia, para recibir un asesoramiento”, destacó para luego subrayar: “Más allá de movilizarnos por nuestras cuestiones económicas, por estar en una situación laboral de precarización, y bajo el ala del gobierno lo cual es incoherente, tenemos que ver cuál es esta política pública, a qué viene esta cuestión del decreto de emergencia, cuando no se garantiza que los que trabajamos para esto estemos bien económicamente”.

Justamente, destacó que el equipo está conformado por profesionales como trabajadoras sociales, psicólogas y abogados que se desempeñan en esta asistencia en urgencias, en emergencias, interviniendo en una situación de violencia con niños, con adultos, y expresó: “Esto no le agrada a nadie, y la intención es cuestionar que las políticas no están velando por lo que es la violencia y la asistencia a personas que tienen vulnerabilidades socioeconómicas y en su contexto”.

“Hay un vaciamiento en relación a la asistencia y la ayuda que es notable, un vaciamiento de recursos. Hasta hace un tiempo no contábamos ni siquiera con movilidad para desplazarnos a los domicilios”, denunció Cervi remarcando que el programa de Asistencia Integral abarca a toda la provincia. “Se ha estado trabajando de forma interinstitucional a través de la policía, de los agentes de policía VIF de las comisarías, a través del teléfono, como se pueda. Ahora que la pandemia está un poco más controlada se nota la escasez de los recursos”, denunció.

A la vez, lamentó: “Esto es un impacto a nivel profesional subjetivo de cada uno porque el estar trabajando con esta situación constantemente es de un desgaste emocional, sumado al desgaste institucional, al padecimiento institucional que tenemos nosotros, aumenta muchísimo el malestar, lo cual afecta también en la atención de las personas, y nosotros tenemos que estar lo mejor posible para asistir”. “Nosotros tenemos que estar con apertura y con una escucha activa para poder resolver los problemas y evitar que se den hechos de violencia más graves”, dijo reconociendo que hacerlo en estas condiciones “es doblemente difícil”.

“La situación hoy nos lleva a manifestarnos en nuestros lugares de trabajo y, con mucho dolor, negar la asistencia a personas que realmente lo requieren”, agregó Cervi. Precisamente, esta mañana realizaron una manifestación en el Polo de las Mujeres para dar a conocer la situación. “Hay profesionales que están trabajando, quienes no tienen esta problemática de contratación. Pero está muy demandado y funcionando a media máquina. Es un problema y no es nuestra intención generar conflicto dentro de nuestro lugar de trabajo o dejar a las personas sin asistencia. Comprendo el impacto de no ejecutar mi rol dentro del programa. Es difícil, pero es necesario también que podamos buscar nuestros derechos para ejecutar nuestro trabajo”, concluyó.

Fuente: Somos Tierra – FM Noticias 88.1 MHz.

BH

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