“Cuando se quiere ejercer la defensa del ambiente se reciben amenazas o se paga un precio profesional determinado”

DDN. La abogada Silvina Borla, especialista en materia ambiental, habló sobre la importancia de dar cumplimiento a la normativa vigente, más que en la aprobación de nuevas normativas. Expuso que no se trata de oponerse al proceso productivo sino de avanzar en el cumplimiento de los derechos.

Respecto de la regulación estatal, la abogada opinó: “Mientras no haya una política de Estado en relación al cumplimiento de las normativas yo sugiero no seguir generando más normativas, porque considero que éstas surgen como espasmos a conflictos sociales, entonces no llegamos a tener normativas serias, estudiadas, fundadas con información”.

La abogada explicó en Salta, en relación al tema ambiental, quien tiene la competencia directa son los municipios, sin embargo, tanto Nación como Provincia tienen injerencia de fiscalización y para dar recomendaciones. Además, los municipios deben dar cumplimiento a todo lo que se determina en leyes de presupuesto mínimos. “En el caso de la provincia de Salta, que tenemos la ley 7.070, el mismo decreto reglamentario le da la calidad de ley de presupuestos mínimos para la provincia, es decir que los municipios también la tienen que tener como un piso mínimo y a partir de ahí hacer sus regulaciones”, acotó.

En relación a la ley Yolanda, que busca garantizar la formación en materia ambiental, la abogada dijo: “Yo entiendo que, por sí sola, no es suficiente, sí que es un avance”.

“Yo creo que el desafío más grande, en materia de educación ambiental, es entender que no se trata solamente de trasladar simples conocimientos, que son necesario, sino también hay que entender un funcionamiento de sistemas. No es lo mismo educar, en materia ambiental, a alguien que vive en una ciudad, que quizás a alguien en un pueblo, que a lo mejor tiene más la vivencia de la importancia de preservar su entorno”, comentó la letrada.

En materia de la defensa de los derechos ambientales, Borla contó: “En determinados ámbitos, cuando se quiere ejercer la defensa del ambiente se reciben amenazas o se paga un precio profesional determinado, por eso no muchos colegas se animan a determinadas acciones jurídicas”.

“Yo creo que eso también se tiene que acabar de parte del Estado, porque el Estado es un representante de la sociedad en forma integral y sobre a aquellos más vulnerables que no tienen acceso a su propia defensa, a su propio cuidado, a su bienes más básicos”, acotó la abogada.

Fuente: Somos tierra-FM Noticias 88.1 MHz.

NF