El interés de los imputados de la causa IFE es ser inhabilitados de ejercer cargo públicos

DDN. Ayer se llevó adelante la segunda jornada de control de acusación a los concejales, en su mayoría, imputados que solicitaron y les fue otorgado el Ingreso Familiar de Emergencia, pero que no llegaron a cobrarlo.

Los concejales Ariel Santos Palma, de Rivadavia Banda Norte, Julio Pedro Laxi, de Animaná y José Osvaldo Reynaga, de San Lorenzo, tienen el mismo abogado, a pesar de estar en situaciones distintas, ya que Reynaga tenía una dieta de $45.000.

El fiscal de la causa, Ricardo Toranzos solicitó entre un año y medio de prisión en suspenso, en algunos pide 3 años, además de la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida. En este sentido, según lo relatado por la periodista Paula Poma, los abogados defensores presentaron reparos respecto de la inhibición.

En el caso del concejal de Colonia Santa Rosa Antonio Omar Benitez, su abogado solicitó la absolución aduciendo que la solicitud la hizo su concubina, quien percibe AUH por un hijo que tiene con otra persona.

El concejal de La Poma Daniel Ignacio Casimiro apeló a la supuesta entrega de dinero que hace cada vez que va a La Poma y pidió el sobreseimiento junto a una probation que consta de fijar domicilio en la ciudad de Salta, no beber en demasía, no consumir sustancias psicoactivas, $10.000 para el ANSES y $10.000 para el Hospital de Niños, y no acepta la inhabilitación de cargos.

El abogado de Rogelio Fernández, de El Quebrachal, pidió la absolución y ofrece como probation de $20.000 y tareas comunitarias en la localidad La Ranchería.  

La periodista Paula Poma afirmó que el objetivo del fiscal es ir a juicio con todos los imputados.

Fuente: Sapo de otro pozo-FM Noticias 88.1 MHz.

NF