APeS advierte que la requisitoria y críticas periodísticas NO siempre constituyen violencia de género

DDN. APES señaló que observan con preocupación la causa que se inició a Daniel Murillo tras cuestionar la compatibilidad del cargo de funcionaria de Victoria Restom, quien se desempeña como directora del Boletín Oficial de Salta y cumple además una función como abogada del IMAC.

En el comunicado, la Asociación de Periodistas informó sobre el inicio de la causa. Restom denunció a Murillo ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Segunda Nominación de la ciudad de Salta, a cargo de la jueza Mónica Naranjo, quien el 9 de junio citó a audiencia al periodista para el próximo 18 de este mes. El mismo 9 de junio, la funcionaria le envió una carta al periodista donde lo acusó de llevar a cabo una persecución mediática por lo expresado en el programa “El foso de los leones” que se emite por FM Aries.

Restom aseguró que no existe una incompatibilidad en sus funciones y manifestó sentirse injuriada por Murillo. En la denuncia, le solicitó a la Justicia que “se adopten las medidas preventivas tendientes a evitar la continuidad de conductas lesivas a mi condición de mujer y amedrentamiento público que se ejerce a través de su programa radial denominado ‘El foso de los leones’”. Entre otras afirmaciones, aseguró que “por ser mujer” el periodista le desconoce “atributo alguno para ejercer como abogada”, que le endilga “carecer de moral” y ser manipulable”.

En el comunicado explicaron que no hay incompatibilidad entre la práctica de la abogacía de manera liberal y el ejercicio de un cargo de directora en un área del Estado provincial, pero sin embargo la ley del estatuto del empleado público de la provincia 5546/80, en su artículo 11, inciso h, plantea como obligación de lxs empleadxs públicxs: “Declarar sus actividades de carácter profesional, comercial o industrial, a fin de establecer su incompatibilidad con las funciones de orden público que cumpla”. Sumado a eso, el el inciso j de la misma normativa específica que les funcionarixs publicxs están obligadxs a: “Excusarse de intervenir en todo asunto donde su actuación pueda ser sospechada de parcialidad o incompatibilidad moral o profesional”

“Es decir que dar cuenta de las relaciones de unx funcionarix con otrxs funcionarixs, con su cónyugx cuando es también funcionarix o con sus socixs en la actividad privada son acciones propias del ejercicio libre de la actividad periodística y no pueden ser interpretadas como una acción de violencia de género. Porque no se trata de expresiones dirigidas a una persona por su condición de género, sino que van dirigidas al accionar de esa persona que es funcionaria pública en cuanto atañe al manejo de la cosa pública”, manifestaron desde APeS.

Además, la Asociación de Periodistas habló con Restom sobre las razones para denunciar por violencia de género a “quien ejerce la crítica pública de la que son pasibles lxs funcionarixs” y la abogada sostuvo que hubo una violencia simbólica.

“Como organización de periodistxs inmersxs en una realidad de violencia hacia las mujeres y disidencias, esta Asociación tiene presente que estas formas de violencia se ejercen muchas veces en los medios de comunicación. Pero, tras realizar consultas a lxs involucradxs en esta situación, entiende que éste no sería ese caso, y que precisamente por la existencia de una recurrente práctica de violencia de género en la provincia, no puede usarse esta problemática para impedir o pretender cercenar el derecho a la libertad de expresión, que comprende el derecho a recibir información y el de brindarla, y el derecho de opinar sobre aspectos de interés comunitario, como lo es el manejo de la cosa pública”, expresaron desde APeS.

En el comunicado remarcaron que desde 1932 la Suprema Corte de Justicia valora a la libertad de prensa como “un derecho esencial e indispensable para asegurarle al pueblo la libre discusión de los asuntos públicos”. “Entendemos que ampararse en una supuesta violencia de género, para que unx funcionarix no dé cuenta de su actividad pública no sólo invalida la actividad periodística buscando una mordaza para un caso de interés público, sino que además bastardea la profunda lucha que millones de mujeres enfrentan día a día, mujeres que sufren la exclusión, la pobreza y la explotación del sistema del cual la funcionaria es parte”, sostuvieron.

En la comunicación de la Asociación con la denunciante, Restom aseguró que hubiera preferido no llegar a la justicia sino, por el contrario, entablar un diálogo con Murillo. Sin embargo, la funcionaria se negó a hablar con la periodista Violeta Gil cuando esta trató de entrevistarla.

“En este contexto, exhortamos a la jueza Mónica Naranjo a no sentar un peligroso antecedente que atente contra una sociedad plural y diversa”, finalizó APeS.

LS