Molinati aseguró que la restricción a la familia Peñalva fue ordenada por las amenazas de colocar bombas

DDN. Días atrás, la familia de Luján Peñalva denunció a través de las redes sociales la restricción de acercamiento a Ciudad Judicial ordenada por la jueza Ada Zunino. El fiscal penal Juan Marcos Ezequiel Molinati, quien presentó la cautelar, explicó que la decisión fue producto de la amenaza de colocar dos bombas en el Poder Judicial, aunque aseguró que la misma no le impide a la familia Peñalva llevar adelante actos procesales en Ciudad Judicial. Además, aseguró que fueron notificados de la medida y que, en su momento, no la recurrieron.

El fiscal recordó que el reclamo de la familia se da en el marco de la investigación sobre la muerte Luján Peñalva y Yanina Nüesch, ocurrida en julio de 2012. “Dentro de esto el reclamo aumenta en intensidad y comienza a personalizarse con varios magistrados en forma ya sea laboral, e inclusive en distintos ámbitos, porque ellos mismos suben los videos de escraches, persecuciones a los magistrados en lugares públicos y demás”, señaló.

“Se avanzó de lo que es una protesta lícita, amparada por la Constitución, a otros medios de protesta que ya empiezan a tocar la ilicitud”, agregó Molinati subrayando que “el derecho de expresión, de reclamar, de peticionar, de quejarse ante las autoridades, posee protección Constitucional, como muchos otros derechos, pero hay un límite”.

En este sentido, sostuvo: “Yo puedo reclamar, tengo libertad de expresión, pero la Constitución Nacional no ampara la intimidación, las lesiones, los daños, las amenazas, es decir, quien vive en una sociedad tiene sus límites. En el caso este de las peticiones, y después empezaron actos directos de hostigamiento contra los magistrados, se llegó en un punto a hacer amenazas por internet, por Facebook”.

“A mí no, y yo no estoy en la resolución. Yo soy el fiscal que tiene esta causa bajo investigación”, aclaró refiriéndose a la existencia de amenazas dirigidas a los magistrados, razón que motivó la medida, “que es lo mínimo que se puede solicitar en el caso de que haya personas que uno considere que están amenazadas, en este caso o en cualquier otro caso, que es que no se les acerquen”.

Cabe recordar que las amenazas en cuestión habrían sido dirigidas a los fiscales Pablo Rivero, Ramiro Ramos Ossorio y Luján Sodero a los jueces Martín Pérez, Pablo Farah, Pablo Arancibia y Mónica Mudski y al procurador General de la Provincia, Abel Cornejo. “Más que hostigamiento hay una acción pública que se está investigando porque sería una amenaza”, enfatizó.

“Hay magistrados que también sufrieron agresiones físicas, algunos que no tenían ni siquiera nada que ver con la presente causa, y por el solo hecho de pasar se lo agredía. Todo tiene un límite, aparte entiéndase que acá no se impuso un bozal legal, no se restringe el derecho a manifestarse. No se pueden acercar a 500 metros de la víctima, pero eso es a causa de su propio accionar. Pueden manifestarse, pero lo tendrán que hacer a más de 500 metros. El derecho a manifestarse de ellos no puede estar por encima de la seguridad de la persona que ellos mismos pudieron amenazas”, continuó el Fiscal.

Igualmente, aclaró que “pueden ingresar si tienen que hacer un acto procesal, porque están amparados por el artículo 34 de Código Penal”, y puntualizó respecto a que la restricción de acercamiento tuvo como origen “una amenaza pública de colocar dos aparatos explosivos”. “Es para evitar un peligro mientras transcurre un proceso”, explicó.

Además, aseguró que “la familia Peñalva fue notificada de esta resolución, la consintieron, y no la recurrieron”. “Con posterioridad salen, a través de distintos medios y redes sociales, a cuestionar. El tiempo está vencido para recurrirla. Verán ellos de presentar y el juez si lo declara admisible o no”, cerró.

Cabe recordar, como dato no menor, que Molinati llegó a ser designado como fiscal del distrito judicial Centro en medio de denuncias por denunciado por violencia de género.

Fuente: Nacional

BH