Los concejales imputados por el cobro del IFE podrían ser condenados a 6 años de prisión

DDN. El fiscal federal Ricardo Toranzos habló sobre la causa por la que se encuentran imputados 17 concejales salteños por el cobro del IFE y anticipó que la pena podría llegar a 6 años de prisión por defraudación a la administración pública nacional e incumplimiento de deberes de funcionario público.

“En principio, tenemos un universo de sospechosos que son, aproximadamente, 57. Lo que se hizo es dividir la imputación en tres grupos”, explicó el fiscal al tiempo que remarcó que ya se formuló la acusación, recordando, además: “El orden federal en Salta y Jujuy ya está con el sistema acusatorio, por lo y tanto nosotros debemos hacer conocer cuál es la imputación concretamente al acusado, él tiene tiempo para producir la prueba ya sea para cuestionar la hipótesis fiscal y después ya se va directamente a juicio”.

Asimismo, señaló que inicialmente se investigaron todas las hipótesis, y destacó que “la primera característica o peculiaridad de la investigación es que casi la mayoría tenía la categoría de concejales”. “Eran concejales municipales que habían asumido en diciembre del año pasado. Y lo primero que se supuso es que toda esa categoría no se ingresó al sistema, por eso el sistema, al no tener toda esa información, no los descartaba cuando hacían el requerimiento del IFE”, indicó y agregó: “Con el tiempo fuimos acreditando que muchos de ellos ya eran funcionarios del municipio, por lo que su irregularidad ya venía con anterioridad a que juraran como concejales”.

De acuerdo con el Fiscal, “esta situación tiene tres aristas de análisis, una que el IFE fue un subsidio que tenía como intención cubrir la emergencia de gente que no podía salir a trabajar, por lo tanto, era incompatible con quien tuviera un sueldo en relación de dependencia”, y remarcó al respecto: “Lo que tenemos determinado es que, en el sistema, en principio, no estaban registrados esta categoría. No sabemos si esto sucedió intencionalmente porque no se cargó o porque el sistema lo rechazó a la carga oportuna”.

Además, resaltó que “cuando se replicó esta investigación en otras jurisdicciones, en otras provincias, también eran concejales”, por lo que sostuvo: “Daba una sensación concreta de que podría haber una planificación sobre ese rubro. También existe la posibilidad de que los entes que debían dar los aportes en ese rubro, comuniquen tarde el cargo para ahorrarse el aporte previsional respectivo”.

Frente a estos hechos, el Fiscal fue consultado sobre la pena que les cabe a los imputados, de ser encontrados responsables del hecho. Dijo al respecto: “No solo se hizo en una emergencia donde los recursos son escasos, sino que todos los que imputamos son gente que le solicitó a la comunidad que los voten para ser funcionarios y juraron hacer respetar las normas para las que fueron designados. Entonces, esa es la gravedad que tenía la situación.

La pena que les corresponde está en una escala de dos a seis años de prisión, y el tipo penal que se le achaca es defraudación a la administración pública nacional, porque son dineros del Estado nacional, e incumplimiento de deberes de funcionario público, porque ellos deberían ser garantes del cumplimiento de la ley, mucho más en el orden territorial de un municipio donde ellos tienen una cierta ascendencia patriarcal respecto de la gente que tiene justamente esta emergencia económica para superar esta larga pandemia”.

Fuente: América