Investigación IFE: la Justicia avanza y remarca que se sabrá el domicilio, el horario y desde donde se inscribieron

DDN. El fiscal federal Ricardo Toranzos explicó que en este caso la justicia está trabajando con la Gendarmería Nacional.

“Habiendo tomado conocimiento de algunas notificaciones que se hicieron averigüé cual habría sido el motivo de que la policía se acercara a los concejales y lo que determinamos es que la investigación de la justicia provincial, oportunamente, sacaron la notificación de la iniciación de causa, que se les notifique a todos los sospechados”, planteó el fiscal.

Planteó que la presencia en el Concejo posiblemente se deba a querer encontrar a todos los sospechados en el mismo lugar. “La situación es que no existe mandato para que ninguna fuerza de seguridad para interroguen a los sospechados, está prohibido por la ley”, planteó.

Toranzos explicó que la investigación que se está llevando adelante deviene de la investigación periodística realizada por Agustín Poma y Alexis Miranda. “Esa investigación inició tanto en el orden provincial como en el federal. Ambos llevamos adelante diligencias y nos abocamos a lo que es la información del ANSES”, expuso el fiscal federal y aclaró que la investigación quedó en la justicia federal porque se trata de fondos nacionales.

“Era incompatible que una persona que cobra un sueldo, que pertenece a la estructura estatal o que sea empleado o funcionario público pueda pedir ese beneficio”, explicó Toranzos y aclaró que el delito que se investiga es defraudación al erario público nacional.

“Lo que hay que averiguar es porqué el programa no rechazó a todos estos funcionarios. La peculiaridad que llama la atención es que es en el rubro de concejales. Los que pudieron acceder a un beneficio siendo funcionarios da la coincidencia de que todos tienen el cargo de concejal. Pareciese que hay un rubro que el programa no lo tomó para rechazar el pedido y toleró que algunos no fuesen rechazados”, planteó Toranzos.

Explicó que entre lo que se está investigando se incluyen las direcciones de IP desde donde se inició el trámite para solicitar el beneficio.

“Cuando nosotros hagamos la bajada de esa información de ese camino virtual al campo vamos a saber el domicilio desde el que se subió la información, el horario en el que se hizo y cómo se cobró”, manifestó.

Escándalo del IFE: Rastrean desde qué computadoras se hicieron las solicitudes

Así lo aseguró el fiscal federal auxiliar, Facundo Mirabella, tras retirar registros de la oficina del organismo nacional ubicado en calle Jujuy, en el marco de la investigación por el cobro del beneficio por parte de funcionarios.

Tras retirar registros de la oficina del organismo nacional ubicado en calle Jujuy que tengan relación con los tramites y cobros de los 10 mil pesos por parte de algunos políticos salteños, Facundo Mirabella, fiscal federal auxiliar, en C4 Noticias, aseguró que están trabajando en la recolección de evidencias a los fines de determinar fehacientemente cual es la situación particular de cada uno.

En la oportunidad, señaló que en el procedimiento intervienen investigadores del área de Delitos Económicos como también personal de Gendarmería. “Estamos analizando todo lo referente a lo que surgió el último día respecto al IFE, se hace una recolección de la Información, y se suma todo lo que pueda aportar ANSES”, dijo.

Además, agregó que esperan la autorización del Juez de Garantías para poder recabar información propia de lo que refiere a las IP de cada solicitud. “Hay una nómina que surgieron en todas las noticias, pero se va a tratar de ir diferenciado, y discriminando cada situación, podrían existir más”.

Por último, detalló que se está trabajando para averiguar si los casos tiene réplicas en otras provincias. “Todo eso está en investigación”.

La Fiscalía Federal investigará las irregularidades en el IFE

El fiscal Ricardo Toranzos ordenó un procedimiento en la ANSeS para peritar máquinas y requerir información. Varios de los denunciados alegan su inocencia y adelantan que se presentarán a la Justicia para aclarar la situación

Durante la mañana de ayer, el fiscal federal Ricardo Toranzos, dispuso un procedimiento en la oficina de la ANSeS de la calle Jujuy, en pleno centro salteño, para recabar información directamente desde las computadoras y de las autoridades de ese organismo sobre los cobros indebidos o los intentos de inscripción en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de al menos 50 funcionarios electos en la provincia.

La abogada Susana Aramayo, gerenta de esa delegación, presentó la denuncia en persona el mismo viernes, y puso a disposición de la Justicia Federal toda la información a su alcance. El procedimiento duró casi toda la jornada, en la que se requirió toda la información no solo de cómo se realizaba la inscripción online, sino también para determinar desde dónde se inscribieron cada uno de los apuntados en la investigación.

Toranzos informó que ingresaron, con el apoyo de las autoridades locales del organismo nacional, al programa IFE “para averiguar las fechas de solicitud, de aprobados o rechazados, lugar de pago y banco participante” en cada uno de los casos, y que en principio se investigará a todos los nombrados en el informe y los que se fueron sumando posteriormente.

El cierre del local de la Udai (Unidades de Atención Integral) norte, generó enojo entre quienes ya tenía turnos programados y que deberán esperar un nuevo llamado.

Mientras, la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, quien había ordenado de oficio la apertura de una investigación, dispuso entregar todo lo actuado al fuero federal y ponerse a su disposición.

Con respecto a quienes sin haber cobrado la ayuda nacional de los $10.000, figuran como rechazados, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Salta consideró que si se logra determinar que esas personas intentaron inscribirse desde computadoras o celulares que les pertenezcan, podría llegar a caberles una “tentativa de fraude a la administración pública”.

“Es una investigación compleja y habrá que determinar uno a uno en qué situación se encuentran”, añadió Simesen de Bielke antes de delegar el caso.

La fiscala provincial indicó que además de los primeros 50 nombres que se difundieron mediáticamente, sumaron al menos 12 más antes de declararse incompetentes y dejar todo en manos de la Fiscalía Federal.

Los descargos

Mientras la investigación sigue su curso, ya son varios los funcionarios que aseguran no haberse inscripto. Entre ellos el diputado por el departamento Santa Victoria Oeste, Francisco “Chila” Acosta, quien aseguró a Salta/12 que estaba viajando a Salta capital para presentarse en la Fiscalía y en la ANSeS junto a la concejala de Los Toldos, Nicolasa Maras.

Acosta explicó que en ningún momento intentó inscribirse para recibir el beneficio que otorga la ANSeS, y que por lo tanto quiere explicaciones de cómo funcionaba el sistema, “que claramente era endeble”. Aclaró que tampoco cobró nada y fijo que quiere desligar cualquier presunción sobre su persona.

El legislador viajaba acompañado de la edil toldeña Nicolasa Maras, quien había desistido de cobrar la dieta del Concejo Deliberante de aquella ciudad por resultar un monto menor (unos $8.000) que el de la Asignación Universal por hijo que recibe.

“Además quería mandar a su hija a estudiar y estaba esperando por si le salía una beca Progresar, por todo eso no quería darse de baja de la Asignación”, explicó. “Trae toda la documentación respaldatoria, inclusive la negativa de la ANSeS para presentar en Fiscalía y desligar responsabilidades”, resaltó el diputado.

Otra concejala que se mostró indignada por lo sucedido fue Raquel Gerez, de la localidad de Río Piedras, en el departamento Metán, quien también estaba viajando a Salta para demostrar que hace ya varios años denunció la existencia de un documento con números gemelos. “La denuncia ya estaba hecha, pero realizaré todas las acciones legales por daños y perjuicios”, afirmó la edil.

Su abogado, Nicolás Fradejas, aseguró que fue Alejandra Fabiana Rocha, radicada en Avellaneda (Buenos Aires), quien cobró el IFE y vive con el mismo número de documento que su representada, “el número de CUIL de mi cliente jamás fue beneficiario de nada, primero porque no correspondía, segundo porque no lo gestionó y tercero porque jamás estuvo su nombre involucrado en la ANSeS”, sostuvo Fradejas.

Aseguró que el escarnio público y en redes sociales al que fue sometida la familia de Raquel Gerez fue tal, que su hija acabó internada en el hospital local con un cuadro nervioso.

Por último, la representante del cuerpo deliberativo de Salvador Mazza, Claudia Subelza, en el programa "La actualidad sos vos", que se emite en aquella localidad, aseveró que ya radicó una denuncia para que se investigue quien “maliciosamente” utilizó sus datos para difamarla. “Le voy a hacer juicio a quien corresponda”, declaró enojada Subelza.

Añadió que actuarán de la misma manera los otros dos concejales apuntados como que habrían intentado inscribirse en el IFE, Raúl Arroyo y María Ester Valdiviezo.

La fiscal Simensen desconoció la intervención de la brigada en Güemes

La fiscal Verónica Simensen de Bielke se refirió a la presencia de la brigada de investigaciones para notificar a los concejales que estaban siendo investigados por la solicitud del IFE.

“No sabría decirle, me estoy anoticiando de lo que usted está manifestando. Nosotros no hemos tomado ninguna intervención”, manifestó la fiscal.

Fuente: Algo Personal/ FM Noticias 88.1 MHz.- Infórmate Salta- Salta 12