Nación escuchó 17 casos testigos de represión amparada en el decreto provincial 255

DDN. Presentaron 17 casos testigos de represión ante funcionarios nacionales.

La Asociación de Pensamiento Penal y la Asociación de Derechos Humanos Hijo, presentaron esta mañana un informe sobre apremios ilegales en la provincia desde la vigencia del DNU 255/20, ahora convertido en ley. De la presentación participaron por videoconferencia el secretario de gobierno nacional Horacio Pietragalla y el titular del observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Juan Martín Fresneda.

Martín Plaza, abogado y uno de los autores del informe, explicó que el informe presenta 17 casos testigos de violencia institucional, cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

“Entre las conclusiones expusimos la inactividad judicial que está habiendo en estas presentaciones”, comentó Plaza y aclaró realizan presentaciones en la fiscalía de derechos humanos, pero que no se les dan curso.

Plaza aseguró que “el decreto profundiza una situación de violencia” y que además es una práctica violatoria a los derechos humanos.

“Hay un sinfín de casos de represión a comunidades (originarias) en el norte, en los valles calchaquíes”, contó y aseguró que estos hechos, que suceden de manera sistemática, se ven profundizados por este tipo de legislaciones.

A esta situación, el abogado manifestó su preocupación por el silencio en la Cámara de Diputados ya que, en 90 días, ni siquiera los legisladores oficialistas expresaron los motivos por los que apoyan el decreto que viola garantías constitucionales, como el derecho a defensa y un juicio justo.

Registran al menos 20 casos de violencia policial durante la cuarentena en Salta

Organismos de Derechos Humanos denuncian abusos policiales, tras el decreto de Gustavo Sáenz que dota de “súper poderes” a los efectivos durante el aislamiento por la pandemia.

Acompañaba a su madre para un trámite en el Banco Macro del barrio Ciudad del Milagro, cuando vio que no se estaba respetando el distanciamiento social en la fila para adultos mayores y decidió advertirles de esto a los policías que estaban allí. A partir de allí, Pablo Solazzi vivió un absurdo y abusivo accionar policial.

“No somos niñeros de nadie”, le respondieron los efectivos y, minutos después, llegó un patrullero con tres agentes más que se acercaron al joven salteño. Cuando Pablo fue a la puerta del banco para ver si ya se había liberado su madre, ahí los policías le gritaron que estaba violando la cuarentena y que lo iban a detener. Uno le quitó el celular para filmarlo y entre cinco lo agarraron violentamente para llevarlo en patrullero hasta la comisaría sexta. “Esta es mi comisaría y hago lo que quiero, así que calladito”, le dijo el comisario. Cuando pidió explicaciones del motivo de su detención, nunca le contestaron y, más tarde, lo llevaron a la Alcaldía. Después de la revisación médica, fue liberado.

Esto sucedió el día de inicio de la cuarentena en el país, dispuesta por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz también había anunciado que la Policía de Salta se encargaría de controlar las medidas preventivas. Para ello, estableció un régimen sancionatorio excepcional que prevé la implementación de medidas coercitivas (multas, privación de la libertad y decomisos de vehículos), siendo el Jefe de la Policía de la Provincia la autoridad con competencia jurisdiccional de aplicar las sanciones establecidas en el cuestionado decreto 297/2020, firmado por el mandatario.

Aquel joven no fue el único que se vio inmerso en un accionar arbitrario y abusivo de policías que, en uso de sus “facultades”, ejercieron atropellos policiales.

Al menos 20 casos de violencia policial fueron registrados por los organismos de Derechos Humanos de Salta. Aunque no descartan que fueran muchos más. Todos esos hechos fueron descritos en un informe que ayer fue presentado en la Legislatura provincial.

A través de este informe, la organización H.I.J.O.S - Salta en conjunto con la Asociación Pensamiento Penal buscan visibilizar la violencia policial en la provincia que, según advirtieron, se acrecentó durante la cuarentena.

Por esto, referentes de organizaciones de Derechos Humanos (entre las que se encuentra HIJOS-Salta, organización corredactora del informe), en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron hace dos meses ante la Corte de Justicia de Salta una acción de amparo colectivo en contra el Poder Ejecutivo Provincial, a fin de que se ordene al Gobierno que se abstenga de aplicar el procedimiento previsto en el decreto Nº 255/2020 y se evite la imposición de sanciones coercitivas por ser contrario a las garantías constitucionales.

Solicitaron así también que se declare la inconstitucionalidad del DNU provincial. Pero el tratamiento de la demanda judicial se dilató y el accionar arbitrario de las fuerzas continuó.

Así se sucedieron decenas más de hechos violentos que detalla el informe y, dados los tiempos constitucionales, el decreto se convirtió en ley, sin discusión parlamentaria.

Hoy “resulta imperioso que el actuar conjunto de los poderes de Estado, ponga un freno a las violaciones de los derechos humanos esenciales de la ciudadanía, con respuestas prontas y eficaces”, reclaman los organismos. A la vez que solicitan “la protección y acompañamientos de las víctimas, a fin de brindar dar una reparación efectiva e integral a quienes padecen estos hechos aberrantes”.

Piden investigar un accionar represivo sistemático de la Policía salteña

La presidenta de la Comisión de DDHH, Jorgelina Juárez, y el legislador Claudio del Plá detallaron abusos de la fuerza en Rosario de la Frontera y en otros lugares.

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Jorgelina Juárez (Partido de la Victoria), y el legislador Claudio del Plá (Partido Obrero) expusieron un informe sobre los casos de violencia policial que relevaron en Rosario de la Frontera. También mencionaron el relevamiento de 16 denuncias por abuso policial realizado por la Asociación Pensamiento Penal y la agrupación HIJOS. Solicitaron una reunión con el procurador general Abel Cornejo, quien asistirá hoy a la Legislatura.

"Hemos visto gran temor y angustia de parte de muchos de los denunciantes, quienes han expuesto las denuncias que realizaron por golpes de la Policía (...) Todos estos casos se dieron como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien entendemos que el rol de las fuerzas de seguridad es fundamental y esencial en esta época de emergencia y de pandemia, todo procedimiento debe ser llevado a cabo en el marco del respeto y cumpliendo con la Constitución Nacional y el Estado de derecho en que vivimos", sostuvo la diputada Juárez.

Dijo que los testimonios de vecinos se relacionan con distintas situaciones y ámbitos sociales, así como las víctimas de los abusos policiales fueron desde jóvenes hasta adultos mayores. Sostuvo que no se dan soluciones a las denuncias por el "accionar violento de algunos miembros del 911 y de la Policía Rural" y concluyó: "Creemos que por el número de casos denunciados debe investigarse un accionar sistemático por parte de las fuerzas de seguridad", con lo que contradijo la posición del Gobierno que viene minimizando las denuncias de violencia institucional afirmando que representan un número pequeño frente a la cantidad de operativos realizados por la Policía durante la cuarentena.

Ayer mismo HIJOS y la Asociación Pensamiento Penal hicieron llegar a la Comisión de Derechos Humanos un documento con 16 casos testigos de violencia policial relevados en el marco del aislamiento obligatorio y "desde que empezó a regir el derecho 255/20 (...) que hoy se convirtió en ley", enfatizó la diputada Juárez.

"El viernes recibimos al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, junto al secretario de Seguridad, Benjamin Cruz, y a la jefa de Policía, Norma Morales, y no han expuesto un plan o medidas que estén tomando o se vayan a ejecutar para que de algún modo prevengan que esto siga sucediendo y replicándose en diferentes partes de la Provincia", manifestó Juárez.

Del Plá planteó que los casos de violencia institucional comienzan con controles policiales por delitos contravencionales y terminan con vejámenes, torturas, amenazas, o abandono de persona. "La teoría oficial es que tenemos casos aislados, que se los sanciona, que son poco frecuentes comparados con la cantidad de operativos que hace la Policía", señaló el diputado.

El pasado 12 de junio, Juárez y Del Plá, además el diputado Ramón Villa y la legisladora de Rosario de la Frontera, Maria Emilia Figueroa, junto a una trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Anahí Bares, fueron a Rosario de la Frontera y relevaron denuncias por abuso policial. Esto se hizo luego de que dos vecinos de la localidad viajaran a la ciudad capital para contarles lo que estaba sucediendo con la Policía en aquella ciudad del sur provincial.

Juárez expuso algunas de las denuncias relevadas. Uno de los casos corresponde a "un trabajador de la construcción y de la cosecha quien presentó certificado de medicamentos para la enfermedad de esquizofrenia. Relató que estando en su domicilio particular con su pareja ingresaron uniformados del 911 con armas en mano. Golpearon a su pareja y a él. Efectuaron 5 disparos de balines en la pierna, procedió a mostrarnos. Se observaron agujeros profundos producidos por los impactos y una grave infección".

Este hombre contó que en todo el camino recibieron golpes y amenazas hasta llegar al hospital. "Allí el médico de guardia constató superficialmente las heridas y posteriormente los trasladaron a la comisaría. El hombre estuvo detenido 5 días. Dijo que la pareja también fue detenida en la comisaría. Identificó a un policía con el pseudónimo de Cachete", señaló la diputada.

Otra de las denuncias recibidas por la comisión fue de una mujer madre del joven identificada como R. E. S. "Ella es ama de casa, soltera, su hijo Ricardo es trabajador independiente. Relató que aproximadamente hace un mes su hijo dejó estacionada la moto en la vereda de la casa. Agentes del 911 se apersonaron y secuestraron el automotor por violaciones de las medidas restrictivas de circulación ante la Covid-19", planteó la diputada.

Luego "ese mismo día, R. E. S. conducía una moto con un amigo y pasaron por el 911. (Los policías) los identificaron y los empezaron a perseguir por el pueblo, acorralaron la moto mientras iban circulando, ubicándose dos motocicletas del 911 de cada lado. Les empezaron a pegar con las cachiporras, todo ello mientras iban circulando por las calles de la ciudad, hasta que llegaron al barrio Costanera", detalló la legisladora.

Juárez dijo que según lo relevado por la madre del muchacho, con un golpe le rompieron el casco a R. E. S. produciéndole una herida profunda en la frente. "Cayó desmayado en un barranco. Llegaron los vecinos del barrio, lo ayudaron a levantarse y lo trasladaron al hospital". La diputada dijo que cuando la hermana de R. E. S. fue a la comisaría para radicar la denuncia, negaron el hecho, ella "buscó testigos y todos coincidieron en que fueron policías del 911 los autores de la persecución y de los golpes".

R. E. S quedó internado en el hospital un día por pérdida de conciencia y le realizaron 5 puntos en la frente. Dos días después, se encontraba con la novia en el domicilio, llegó la Policía Rural, le solicitaron que salga a la vereda para conversar y cuando lo hizo lo golpearon y lo llevaron en el móvil policial. "Cuando la madre y la hermana van a informarse del porqué del arresto también quedan detenidas. Ambas por supuesto entorpecimiento de la investigación e incumplimiento de la cuarentena. Después de 30 días R.E.S. continúa detenido en Metán en donde se le imputa la sustracción de un chancho", expresó la diputada.

Otro de los casos, es de dos hermanos, P.R. de 24 años, técnico en celulares en un local comercial y J. R. de 30 años. "Se encontraban durmiendo en el domicilio. Escucharon una discusión fuera de la casa, se levantaron y cuando se dirigen al comedor ingresó un policía del 911 quien al verlos les apuntó con un arma. El policía estaba con un uniforme negro, casco y barbijo y repetía 'quedate quieto que te quemo'. Los sacaron del domicilio y los llevaron al hospital. Expresaron que fueron golpeados durante todo el trayecto", indicó Juárez.

"Luego de ser revisados por el médico de guardia, los subieron al patrullero hasta que empezaron de nuevo a golpearlos. Los llevaron a la comisaría del centro donde uno quedó detenido por supuesto incumplimiento de las medidas sanitarias. Luego expresó que lo persiguía el 911 con amenazas. Este episodio fue denunciado por P. R. en la comisaría de El Mirador", precisó la legisladora.

Del Plá expuso otro caso en Rosario de la Frontera, cometido la semana pasada, la detención arbitraria de Mario Lima, conductor de un programa de radio y conocido en el pueblo. "Se lo amenazó a él y a su familia. El hecho fue muy escandaloso porque el hombre tiene 55 años, 4 hijos y varias patologías, es diabético, tiene problemas de presión, se descompensó y terminó internado 7 horas en el hospital local", sostuvo el diputado. El legislador manifestó que el hombre no fue llevado detenido y que no había causas judiciales contra él.

Otro caso que recibieron es de Capital y corresponde a un operativo policial en el barrio La Paz que terminó con 7 detenciones y un hombre, Ariel Aguirre, herido con balas de goma. El diputado dijo que el herido fue abandonado por la Policía sin que se le brinde asistencia y que a raíz de las lesiones podría perder la visión de uno de sus ojos.

Godoy responsabilizó a Pulleiro por la falta de “control” a la Policía

Indicó que tanto el Ministro como el Secretario de Seguridad son los que “marcan el rumbo a la policía y es de ellos la responsabilidad”. Aseguró que “hay que controlar a la Policía”.

El diputado provincial Manuel Santiago Godoy, se refirió sobre el Decreto 255 que se convirtió en Ley pese a las denuncias de inconstitucionalidad que recibió el mismo, por otorgar facultades excepcionales a la Policía.

Al respecto, Godoy dijo que en esta cuestión debería intervenir no solo el Secretario de Justicia, sino los integrantes de la cartera de Seguridad, para revisar el accionar de la fuerza. Resaltó que en promedio por día se realizan 20 denuncias contra efectivos.

Destacó que hoy el Procurador, Abel Cornejo, les manifestó que se debería volver “a los juzgados contravencionales” además de indicar que el Fiscal de Derechos Humanos “no sirve, porque no ha investigado ninguna de las causas” contra los efectivos policiales.

“Dijeron que no pasa nada, que está todo bien”, pero la realidad es otra, sostuvo Godoy, recordando que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara visitó Rosario de la Frontera donde solo en esa localidad encontraron 10 denuncias contra policías.

Por otro lado, dijo que “hay que controlar a la Policía” y responsabilizó al Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro y al Secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, en la falta de “rumbo a seguir” de parte de la fuerza.

El Inadi se pronunció contra el abuso policial

La disposición que impulsó el Ejecutivo provincial ha sido blanco de fuertes críticas por casos de abuso policial.

El Decreto 255 que impulsó el Ejecutivo provincial fue cuestionado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El decreto creó el Régimen Especial Sancionatorio, que establece hasta 60 días de arresto, multa monetaria y retención de vehículos a quienes transgredan lo dispuesto por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. El mismo según estos actores, es controversial.

El titular del INADI en Salta, Gustavo Farquarson expresó que la situación socioeconómica de pobreza y exclusión social, la racialización, el rango etario y el género son variables amplificadoras de la desigualdad y que “las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos se intensifican considerablemente para aquellas personas que se encuentran socialmente identificadas por estas variables. En este sentido, no es lo mismo ser joven, que ser joven o indígena, o que ser joven, indígena y estar en situación de pobreza”.

Es por ello que Farquarson hizo referencia a que son especialmente las personas “que integran grupos históricamente vulnerados” quienes sufren en mayor medida el accionar policial cuestionado.

Cabe recordar que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) delegación Salta se ha pronunciado recientemente respecto al accionar policial en un documento y cuestionó el alcance del Decreto 255/20 por el cual el gobernador en el marco de la cuarentena dio amplias facultades a la policía para detener, juzgar, sentenciar y aplicar penas sin posibilidad de defensa, ni control judicial, vulnerando las garantías constitucionales.

Fuente: Algo Personal/ FM Noticias 88.1 MHz- La Gaceta Salta- Salta 12- Profesional