Amad entiende que la causa por facturas truchas no se debería haber desmembrado

DDN. El empresario Matías Huergo fue procesado por evasión de impuesto, en el peor escenario se estima que la defraudación alcanzó los $100.000.000 (cien millones de pesos).

Esta semana, el empresario Matías Huergo, Aníbal Anaquín, Álvaro Anaquín, Arturo Jorge Mimessi, Gerardo Rubén Romero, Sebastián Héctor Silva, Juan Nolberto Llanos, Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman, fueron procesados, acusados de conformar dos asociaciones ilícitas con el fin de evadir impuestos por sumas millonarias.

El fiscal federal Carlos Amad, quien lleva adelante la investigación de la causa, definió como “técnicamente impecable” la resolución que emitió el juez (Julio Bavio) ya que abordó todos los aspectos de la causa. “Le falta ‘la coma’. ‘La coma’ que le falta son los funcionarios políticos de la Municipalidad que estaban dentro de la maniobra”, añadió.

“Como director del proceso hizo una resolución impecable y abordó todos y cada uno de los aspectos de la causa y concluyó con lo que nosotros presumíamos, presentíamos, que iba a pasar que era el dictado de un auto de procesamiento con una calificación que es severa”, planteó el fiscal penal.

Amad explicó que en la resolución emitida por el Bavio, se mencionan pasajes de la causa en la que se nombran funcionarios, entre ellos Pablo Gauffin, ex secretario de hacienda municipal de la gestión de Gustavo Sáenz. “Hay pasajes donde hay transcripciones de las intervenciones telefónicas donde este señor está participando y dice: ‘dame tal boleta, dame tal otra, porque Gauffin me dijo tal cosa’. Estos señores, evidentemente, hicieron un daño tremendo al erario público en general, nacional, provincial, municipal”, acotó Amad.

El fiscal federal opinó que la causa no debería haberse desmembrado, ya que la defraudación al erario provincial y municipal quedó en la Justicia Provincial, ya que se trata de la misma causa con los mismos actores involucrados, pero aclaró que acata lo dispuesto por la justicia federal.

Carlos Amad aseguró que el procurador de la provincia, Abel Cornejo, envió un auxiliar fiscal para reunirse y hablar de cuestiones de la causa. “Hemos mirado algunas cosas, pero ahora, seguramente tendremos una conversación más profunda, habida cuenta que tenemos la resolución de un juez que está habilitando un paso importante dentro de la causa”, planteó.

La causa

El fiscal federal explicó que las personas procesadas están acusadas por crear empresas fantasmas, duplicando boletas de negocios vecinales.

“La boleta vecinal, ellos la duplicaban y ponían un señor, que les vendió carne, que después se encuentra con que duplicaron su boleta y él emitió una boleta por 400.000 pesos, por arreglos eléctricos o materiales eléctricos, cuando en realidad el señor no tiene esa actividad. Obviamente con la investigación en AFIP se fueron a preguntarle a don Tito, el carnicero, si emitió la boleta y él dijo que no y mostró la original. Y así se fueron desbaratando un montón de operaciones, estamos hablando de montos evadidos de 30.000.000 o 40.000.000 de pesos, en el peor de los casos son 100.000.000”, explicó Amad y aclaró que hay personas en la causa que preveían a estas personas de boletas truchas. “Hay conversaciones entre el señor Gauffin y el señor Huergo donde Gauffín le dice: ‘conseguime la boleta de fulano porque fulano tiene que ser’ y a su vez el señor Huergo comunicándose con otro diciendo: ‘Che, mirá, me pidió Gauffín tal cosa’, es decir este señor aparece en la trama criminal”.

“Matías Huergo era el ideólogo y dueño real de esas firmas”

El juez Bavio concluyó que el empresario movía los hilos detrás de Arcadio SRL y SEC SA, empresas que evadieron sumas millonarias al fisco. Y que habrían concretado una estafa a las arcas municipales.

En una resolución de más de 700 fojas, el juez federal Julio Bavio sostuvo que el empresario “Matías Huergo era el ideólogo y dueño real de esas firmas, como también el principal responsable de la administración, gobierno y dirección de las empresas” Arcadio SRL y SEC SA, involucradas en un millonario fraude al fisco nacional, y en otras maniobras.

El magistrado procesó ayer a nueve personas, Matías Luis Huergo, Aníbal Anaquín, Álvaro Anaquín, Arturo Jorge Mimessi, Gerardo Rubén Romero, Sebastián Héctor Silva, Juan Nolberto Llanos, Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman, como integrantes de dos asociaciones ilícitas creadas para evadir impuestos mediante la duplicación de facturas apócrifas. Una de esas asociaciones también tenía una actividad mercantil de venta de estos comprobantes a otras empresas que querían evadir al fisco. Y Arcadio SRL y SEC SA están involucradas en un fraude a la administración pública municipal y provincial, aunque estos hechos todavía no se investigan, por un planteo de competencia todavía no resuelto.

El juez sostuvo que es “claro el vínculo de Matías Luis Huergo con Arcadio Obras Eléctricas SRL”, a pesar de las maniobras para ocultarlo como verdadero dueño y beneficiario. Lo mismo aseveró respecto de SEC SA. Asimismo, destacó que Huergo tenía “la obligación de obrar de otro modo adecuando su conducta al cumplimiento de las leyes”, porque tiene “capacidad, experiencia y el conocimiento para ello”, y le reprochó que eligiera canalizar “todo su potencial para el crimen” y, peor aún, que lo hiciera con “otros profesionales igualmente idóneos”, con lo cual “el grupo se tornó altísimamente peligroso al cubrirse todos los posibles flancos débiles, como así también abarcó un amplio campo delictivo. Para ello utilizó las figuras societarias del sistema jurídico y manipuló a las personas, máxime cuando la organización desplegó todo su arsenal a socavar a la hacienda pública, la que está destinada a la construcción de hospitales, escuelas, y demás obras en beneficio de la sociedad”.

Para lograr sus objetivos la organización delictiva “propició la creación y formación de un andamiaje de empresas, bajo distintas figuras societarias, integradas con interpósitas personas insolventes, quienes modelaron como pantalla para ocultar al verdadero propietario, responsable y beneficiario de la actividad económica. De tal modo, se forjaron sociedades como Arcadio Obras Eléctricas SRL, SEC S.A., Lusal Obras y Servicios SRL, Obrar SRL”.

Entre ellas, SEC SA era una mera empresa de “papel”, “utilizada al sólo efecto de documentar operaciones que no pudo haber realizado, ya que la magnitud de la operatoria comercial no condecía con su capacidad económica, financiera y operativa, ni la de sus integrantes”, mientras que Arcadio “aparentó solvencia y actividad comercial, pero al igual que la anterior, estaba conformada con personas de escasa solvencia”.

Esas personas prestanombres eran Gerardo Romero, un jubilado de 75 años, que, sin embargo, era un engranaje principal en la operatoria ilegal. Otra fue la estudiante Camila Muñoz, de 25 años, quien fue incluida como accionista de SEC SA, por su tío, Silva, un contratista de 47 años, que figuraba como gerente de Arcadio. Romero también figuraba como accionista de esta empresa, pero ambos “no contaban con la capacidad para comprar acciones y dirigir una empresa que, entre abril y junio de 2017, facturó a la Municipalidad de la Ciudad de Salta un monto total de $8.632.540 en concepto de provisión, instalación de luminarias y farolas en el ejido municipal”.

Otro prestanombre fue el electricista Jorge Luis Bonifacio, de 32 años, empleado de Huergo, y quien, junto a Romero, constituyó Arcadio SRL, “empresa que, entre otras cosas, facturó sumas millonarias al Estado provincial y municipal”.

Esta asociación utilizó desde 2016 “facturación apócrifa (duplicada o melliza) para abultar gastos y documentar operaciones en SEC S.A. y Arcadio Obras Eléctricas SRL, con la finalidad de obtener beneficios fiscales inapropiados, evadiendo así el pago de los impuestos correspondientes”.

Entre otras irregularidades, se comprobó que “el crédito fiscal computado correspondía a facturas mellizas de un carnicero y de un pequeño local de ferretería de la localidad de Tartagal, quienes informaron que no tuvieron relación con SEC S.A”.

Joaquín Soria es propietario de la casa Elect-Sor, de Tartagal. Le duplicaron diez comprobantes por un monto total de $9.649.646,20. En la investigación el comerciante aportó copia de facturas originales, entre ellas la que se muestra en la imagen, por $3.500 cuando se la duplicaron, a nombre de Arcadio, la hicieron por $1.190.499,64.

Los inspectores de la AFIP detectaron en el caso de Arcadio “facturas de contribuyentes apócrifos y duplicadas por montos que en los períodos fiscales 2016 y 2017 rondarían los treinta millones de pesos ($30.000.000), lo que implicaría un ajuste en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias de veinte millones ($20.000.000). En concreto, se determinó que Arcadio es deudor de $ 2.168.863,09 (IVA 2016), $ 5.246.911,09 (IVA 2017), $ 2.991.145,22 (Ganancias 2016) y $ 7.191.400,37 (Ganancias 2017)”, reseña el procesamiento.

Huergo, los hermanos Anaquín, Mimessi, Romero, Silva y Llanos integraban esta primera asociación ilícita.

Una industria de facturas truchas

La segunda asociación ilícita estaba dedicada a facilitar la evasión de impuestos a terceros, a través de la creación y comercialización de facturación apócrifa. Entre los contribuyentes a los que les entregaron estas facturas truchas estaban SEC SA y Arcadio.

Romero era quien proveía las facturas apocrífas a Arcadio y SEC SA, pero, además, con Guzmán Garriga y Esliman “formaron parte de otra estructura criminal, cuyo propósito fue la generación y comercialización de comprobantes falsos, para una gran cantidad de usuarios que buscaron reducir fraudulentamente su carga impositiva”.

Esta segunda asociación ilícita se valía del nombre de personas físicas y jurídicas para usarlas como “usinas generadoras de crédito fiscal apócrifo”.

Con los datos que le aportaba Romero, Guzmán Garriga confeccionaba las facturas mellizas utilizando un programa informático de edición gráfica.

Romero y Esliman conseguían los “clientes” y los datos necesarios (de contribuyentes reales, adecuados a las actividades, rubros y necesidades de los clientes). Una vez confeccionadas las facturas, Romero las entregaba y cobraba el servicio.

Esta actividad estaba tan aceitada que en el procesamiento el juez manifiesta que durante el tiempo que duraron las escuchas “resultaron por demás sorprendentes la cantidad de llamadas que el causante recibía y efectuaba sobre pedidos de facturación”.

Aunque todavía se sigue investigando cuánto se evadió con esta operatoria, la AFIP estimó que la organización habría duplicado facturas por un monto superior a los $100 millones de IVA para los períodos fiscales 2015 a 2018.

Funcionarios y algo más

En el procesamiento también se reseña que hay indicios para sospechar que también se perpetraron ilícitos en perjuicio de la administración pública provincial y municipal.

Al analizar el rol de los hermanos Aníbal y Alvaro Anaquín el magistrado puso de resalto que el primero fue funcionario municipal. Sobre Aníbal, que es abogado, señaló que “asesoró y colaboró en la conformación de SEC S.A.” y que esto “no se trató de un suceso aislado y vinculado a lo estrictamente profesional, sino que tuvo el designio de actuar en común con los restantes imputados -en especial con el líder y organizador-, para la concreción de los objetivos propuestos por la organización criminal”.

“Aníbal Anaquín excedió de sobremanera el plano de las obligaciones inherentes al asesoramiento que como profesional del derecho se podía exigir”, sostuvo. Enumeró que el abogado fue su apoderado legal, aportó el domicilio de su estudio para ser declarado domicilio fiscal, fue firmante de cuentas bancarias, propuso a su hermano Álvaro como asesor contable de la empresa SEC SA.

En cuanto a Alvaro, que es contador, reseñó que su elección para intervenir en la constitución de SEC SA fue “premeditada” y se hizo para evitar que figurara el contador Mimessi, “lo que podía constituir un indicio revelador del verdadero propietario de la 'nueva' sociedad”, porque es quien llevaba el registro contable de las sociedades de Huergo y el que les dio “apariencia de legalidad”.

El juez destacó en este sentido que “las caras visibles de SEC S.A. desde un principio fueron los hermanos Anaquín, habiendo manifestado Álvaro que desde su inicio se le dio de alta como proveedora del Estado en su desenvolvimiento, aparece como principal -si no el único- cliente la Municipalidad de Salta, cuando con anterioridad Aníbal Anaquín había desempeñado el cargo de procurador municipal. Ello autoriza a sostener fundadamente que SEC S.A. es un apéndice de la asociación global en la que el nombrado detentaba ciertas facultades de gobierno”.

Las acciones de las asociaciones ilícitas rozan a la administración municipal del actual gobernador Gustavo Sáenz, que para cuando esto ocurría era intendente de la ciudad de Salta. Es que la mayoría de las ventas de Arcadio se hicieron a esa Municipalidad. Hay otras conexiones, porque hay facturas que fueron confeccionadas desde IP ubicados en el edificio municipal.

Otro procesado, Llanos era empleado de Huergo y tenía a su cargo la obtención de los comprobantes y facturas. El 6 de marzo de 2018 Huergo le informó que el entonces secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, Pablo Gauffín, lo iba a llamar para “coordinar la elaboración de una factura similar a la que hizo previamente, utilizando la compañía DAL BORGO para evitar pagar IVA”.

Asociación ilícita: Procesan a Huergo y Anaquín pero a ningún funcionario de la gestión de Sáenz

El juez federal Julio Leonardo Bavio dictó el procesamiento contra Matías Huergo, Aníbal Anaquín y 7 personas más, presuntamente, vinculados en una trama delictiva para defraudar al Estado. Llamativamente, Pablo Gauffin, ex secretario de Hacienda municipal, quien aparece en los expedientes muy comprometido, no fue procesado.

Los otros procesados son Aníbal Anaquín, Oscar Matías Esliman, Francisco Guzmán, Juan Llanos, Arturo Mimessi, Gerardo Romero y Sebastián Silva.

Según Bavio había dos asociaciones ilícitas, la primera encabezada por Huergo y por Aníbal y Alvaro Anaquín, el contador Mimessi, jubilado Romero, Silva y Llanos, quienes formaron empresas, «bajo distintas figuras societarias, integradas por personas insolventes, para ocultar a su verdadero propietario que era Matías Huergo y quien era también principal responsables de su administración, gobierno y dirección».

Arcadio Obras Eléctricas SRL, SEC SA, Lusal Obras y Servicios SRL y Obrar SRL, se usaban para evadir impuestos.

Los accionistas de SecSa, eran Gerardo Romero y Camilla Muñoz, supuestos prestanombres y sin capacidad para comprar acciones y dirigir una empresa, que entre abril y junio de 2017, facturó a la Municipalidad sumas millonarias por la provisión, instalación de luminarias y farolas.

La segunda estuvo integrada por Guzmán Garriga, Romero y Esliman se dedicó a la creación y comercialización de facturación falsas.

El procesamiento indica que, entre ambas asociaciones ilícitas, hay relaciones: entre las empresas que requerían las facturaciones se cuentan SEC SA y Arcadio Obras Eléctricas SRL, que buscaban esta documentación para «reducir fraudulentamente su carga impositiva». Cien millones de pesos entre 2015 a 2018 habrían evadido a la AFIP.

Pablo Gauffin, quien casualmente tiene a su hermana como jueza de la Corte de Justicia, no fue procesado a pesar de las escuchas donde aparece claramente involucrado.

“Me parece irregular que el juez haya enviado profetas a anunciar que iba a sacar el procesamiento”

El abogado defensor de Huergo planteó que hay irregularidades en la actuación del Juez Bavio en la causa de su defendido.

Sebastián Espeche, abogado del empresario Matías Huergo, se refirió a la resolución judicial y planteó que le “hubiese gustado que sea más corta y más clara” y “que no tenga tantos condimentos políticos y públicos”.

Espeche aseguró que “el juez invierte la carga de la prueba en contra de las personas que procesa, invierte el dolo y la presunción de inocencia”.

“Había pruebas relevantes en el expediente, tanto de escuchas telefónicas, como de testimoniales de funcionarios públicos de AFIP, que decían que no había delito de asociación ilícita tributaria y no fue, ni siquiera, considerado en la resolución”, planteó el abogado y aseguró que la referencia a la causa por Lusal, que se encuentra en la justicia provincial, tiene “una carga política”.

Asimismo, afirmó que consideró irregular que antes de emitir la resolución del procesamiento de Huergo y otro ocho imputados ya se anunciara que ésta iba salir. “Me parece irregular que antes de sacar la resolución el juez haya enviado profetas a anunciar que iba a sacar el procesamiento. Primero salió un fiscal que no interviene en la causa que iba a salir el procesamiento y un diputado nacional, hace tres semanas”. Espeche aclaró que el fiscal al que refiere es Carlos Amad y agregó: “Uno trató de hablar con el juez y a uno no lo atienden, pero evidentemente al fiscal y los funcionarios de AFIP el juez los atiende de manera permanente, les lleva proyectos de resolución, escritos para tipear, etcétera”.

Además, el abogado aseguró que la resolución fue emitida porque la Cámara de Casación ordenó resolver la situación procesal de los imputados. “El juez saca esta resolución para decir ‘acá estamos’ pero tendría que haber dicho ‘nos equivocamos, cometimos un error’ y dictar la falta de mérito. Encima, de manera grave, por el sólo hecho de ser abogado, contador, empleado, ya los ponen en una asociación ilícita tributaria”, opinó Espeche.

Fuente: Radio Nacional- Salta 12- El Tintero de Salta- Aries