Continúan los reclamos de cesanteados en plantas políticas

DDN. Decidida a darle una impronta inflexible a su gestión, tras lanzar el programa “Modo Verano” en el Complejo Nicolás Vitale, la Intendenta capitalina dijo que “prefiere ahorrar para obras los millones en sueldo que se van en planta política”, al tiempo que le pidió definiciones al gobernador, Gustavo Sáenz, en relación a las cooperadoras asistenciales: “tenemos más de un 40% de pobres en la ciudad y necesitamos asistencia, además de que los empleados son de la provincia”.

Ávida de dialogar con los medios, a Bettina Romero le dio pie para referirse a la planta política, la polémica que se armó entre los profesionales del Hospital Municipal de Mascotas: “Muchos quisieron polemizar, desinformar y confundir con este tema, pero primero hay que dar la tranquilidad de que todos estamos trabajando, y esto de repente se volvió una discusión entre los que trabajan y los que querían aferrarse a cuestiones políticas, cuando en realidad lo que importa es trabajar”.

“Yo entiendo que las transiciones son difíciles para muchos, pero toda la planta permanente que tiene experiencia y viene trabajando sabe que cuenta con mi apoyo porque siempre fue opacada por la planta política, y por una cuestión legal y estipulada, las plantas políticas cesan cuando terminan cuando terminan los gobiernos y eso es doloroso para muchos, pero como gobierno nos permite generar un ahorro, porque muchas veces la planta política requiere millones en sueldos, cuando nosotros necesitamos esa inversión en nuestros espacios barriales y centros vecinales”, sentenció.

Asimismo, aseguró que “cada gobierno tiene su impronta y su estilo, y a mí me toca gobernar y administrar hoy los recursos de los salteños, acorde a la realidad nacional y provincial, por eso todo aquel que tenía un agrupamiento político (AP) y que se venció el 9 de diciembre, pero que siguió prestando tareas porque se lo requerimos, sepan que se les va a liquidar el sueldo como corresponde”.

Allí, anunció un trabajo a futuro con la Universidad Católica de Salta: “La decisión de Gustavo Sáenz de avanzar sobre el bienestar animal fue un gran acierto, y nosotros creemos en eso por eso lo vamos a continuar y profundizar porque necesitamos mejorar un montón de cuestiones, y en la ciudad hay un hospital de la Universidad Católica de Salta y es un ejemplo en la región, y nos vamos a apoyar allí para trabajar en un tema tan sensible que no solamente requiere del esfuerzo del municipio, sino que también hay que buscar aliados”.

Por otro lado, opinó con la incertidumbre que se vive a raíz de la desaparición del impuesto que venía financiando a las cooperadoras asistenciales: “Hay mucha confusión, pero hay que decir que las cooperadoras asistenciales venían funcionando por una ley provincial y hay una decisión política de desfinanciarlas porque se dejó de recaudar el impuesto para que funcionen, por eso planteé la importancia de hablar este tema lo antes posible con el gobernador y su equipo porque necesitamos ayudar a quienes más lo necesitan y a quienes están en situación de vulnerabilidad”.

“Los empleados de la cooperadora son de la provincia y siempre lo fueron porque los recursos vienen de allí”, aclaró, al tiempo que dijo que “mi obligación es estar cerca de quienes más lo necesitan porque Salta es una ciudad que tiene más del 40% de su población en la pobreza, o sea más de 260 mil familias, por eso el gobierno de la provincia nos tiene que responder qué va a pasar con los fondos de la cooperadora asistencial”.

De igual manera, la Jefa Comunal señaló que “sé que están buscando una forma de solucionar el tema, y no me cabe la menor duda que es así porque el gobernador sabe del rol social que tiene la cooperadora, sumado a que estamos en estado de alerta y es nuestra responsabilidad cuidar sobre todo a los niños y a las mujeres que son los que más sufren la pobreza, y acá está en riesgo la capacidad de prestar atención y contención en relación a medicamentos y cuestiones alimentarias”.

Crítica, admitió que “asumí con un 85% del presupuesto afectado en todo lo que tiene que ver con gastos corrientes, es decir que queda muy poco margen para salir a brindar las mejoras que esta ciudad necesita, por eso la situación económica y financiera del municipio es muy complicada”.

Martínez aseguró que los trabajadores cesanteadas entendieron “la etapa cumplida”

Enrique Martínez, intendente de Rosario de Lerma, habló sobre los despidos en el municipio y aseguró que los trabajadores aceptaron que se cumplió la etapa.

Martínez manifestó que mantiene un gran compromiso con los vecinos para trabajar y resolver los problemas del municipio, y sacarlo adelante. Aseguró que hay “mucha finalización de contratos”, algunas volvieron a ser insertadas y otras quedaron fuera del sistema.

“Tenían un año, tres meses, de antigüedad, porque son contratos muy recientes. Era la ‘planta política’. Quedaron cesantes porque la gestión anterior hizo un contrato hasta el 31 de diciembre. Sabían que terminaba el contrato y la prestación de servicios”, sostuvo. Informó que no hay protestas porque se habló con cada trabajador y se aceptó que era una “etapa cumplida”.

El intendente expresó que todo su gabinete es de confianza y se removió solamente a la planta de contratados. Admitió que todos los trabajadores tienen derechos pero que saben que los contratos terminan, además de tener más de 600 empleados con los pocos recursos que tiene el municipio.

Sobre el estado de Rosario de Lerma, expresó que hay un gran problema con el agua y el bacheo en primera instancia.

En cuanto al carnaval, indicó que el 12 de enero se realizará el desentierro provincial del carnaval en su municipio con una grilla “muy linda” de cantantes locales, provinciales y nacionales. El desentierro empezará a las 9 de la mañana.

Por otro lado, se refirió al tema de género e informó que están creando una Oficina de la Mujer con profesionales idóneos para atender distintas problemáticas, como psicólogos, médicos y abogados, y sostuvo que no buscarán que sea un “espacio más”.

Trabajadores de Orán van al paro por falta de pago del bono de fin de año, maltratos y estabilidad laboral

Cristina Guzmán, delegada de ATE Orán, habló sobre el paro que iniciaron los trabajadores municipales por la falta de pago de los bonos de fin de año, maltratos y la exigencia de la estabilidad laboral.

Guzmán comentó que el año pasado, el bono correspondiente lo recibieron en marzo y agosto. “Se le planteó a este nuevo gobierno y dijo que no había, que la deuda que había dejado el gobierno anterior era mucha por lo que no se podía afrontar el bono”, aclaró Guzmán y añadió: “Nos dijeron que no se podía hacer un compromiso a marzo porque no sería factible el cumplimiento”.

Respecto de los despidos en el municipio, Guzmán aseguró que no existe ningún tipo de resolución en la que éstos se efectivices y que únicamente se desafectó a 12 personas que tenían cargos políticos.

Dejaron sin efecto actas acuerdos gremiales

Mabel Salinas, delegada de UPCN de General Güemes, se refirió al despido de cerca de 90 personas y, además, la decisión del gobierno municipal de dejar sin efecto las actas acuerdos firmadas con los gremios durante la gestión anterior.

Salinas manifestó que ayer al mediodía hubo una movilización por la continuación de los despidos y se abrió el diálogo con el secretario de gobierno, pero sin una toma de decisiones ni respuesta fija. Aproximadamente, hay 90 despedidos

“Pedimos que cesen los despidos y que vuelva esa gente que tiene 7 años o 4 años de antigüedad. No tuvimos ninguna respuesta y después de la reunión continuaron los despidos. Salió una resolución el 18 de diciembre donde se dejaba sin efecto actas acuerdo firmada por las instituciones gremiales, con respecto al aumento salarial”, informó y agregó que los acuerdos estaban homologados por el Ministerio de Trabajo.

Salinas indicó que la medida afectaría a toda la planta de trabajadores, no solo a los cesanteados. Por ello, se realizó una asamblea general durante la mañana para dar a conocer la situación y se acercó el secretario de gobierno para decirles que tenían un compromiso de rever esa resolución.

“Queremos que no se avasallen los derechos adquiridos. Estamos hablando de un acta acuerdo firmada por la gestión anterior que corresponde a lo que dio la provincia y eso se está dando de baja. Como gremio decimos que si permitimos esto, mañana vienen por más derechos”, finalizó.

La Merced: denuncian por violencia laboral a la hermana del intendente

Una joven de 21 años dijo que la funcionaria la cuestionó por su edad y puso en duda su capacidad para la función que desempeñaba.

Tatiana Leiva, de 21 años, se desempeñaba en las oficinas del Registro Civil de la localidad de La Merced. La joven denunció que recibió agravios y cuestionamientos por su edad y capacidad en su función por parte de la asesora legal del municipio, Natalia Wayar, hermana del intendente saencista Javier Wayar.

La joven radicó la denuncia en la Comisaría de La Merced y en el Ministerio de Trabajo de Salta.

La novedad de la denuncia por violencia laboral se conoció en medio de las manifestaciones por la reincorporación de 42 trabajadores municipales. Leiva contó que sufrió un hecho de violencia laboral el 10 de diciembre, ni bien asumió el intendente Wayar.

Dijo que ese día a las 10.30 le llegó una nota en la que se indicaba que debía dejar el puesto que ocupaba con las claves y llaves de las oficinas del Registro Civil. “Me negué a hacerlo porque no me hicieron ningún acta formal”, relató. A las 12.30 pidió hablar con el intendente, pero la secretaria le dijo que no estaba disponible. La joven tenía contrato de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2019.

“Me senté afuera a esperar porque no iba a dejar las llaves a cualquier persona”, contó. Además, dijo que el intendente debía firmar papeles vinculados a trámites del Registro Civil. A las 12.45 “la doctora Natalia Wayar me preguntó de mala manera que quería porque decía que estaban ocupados”.

Leiva respondió que esperaba la firma del intendente para enviar los papeles a las oficinas del Registro Civil en Capital. “Ella me preguntó cuántos años tenía y yo le respondí que 21. Me pidió el documento, se lo mostré y me dijo que no era yo y luego me hizo pasar a una oficina”. Entre cuatro paredes Wayar le dijo que “era una pendeja” y que había conseguido el puesto por el vínculo de amistad que tenía en el círculo del ex intendente Juan Ángel Pérez. Además, la abogada le dijo “que no era capaz de estar en el cargo que tenía”. Según Leiva, también le aseguró que nadie la iba a defender “porque yo no estaba en ningún gremio”.

Después de esas palabras, Wayar le quitó la documentación que debía ser firmada. “Salí de la oficina llorando porque estaba mal. (...) Estaba mal por todo lo que me había dicho”. Inmediatamente se lo contó a una compañera de trabajo y dijo que iba a denunciar a la asesora. Tuvo la mala suerte de que la escuchara Alberto Cristian Carabajal, cercano al intendente, quien la hizo volver a la oficina. “En ese momento llamé a las autoridades del Registro central para que se comuniquen conmigo por la situación”. En la oficina nuevamente ingresó Wayar junto al otro asesor legal, Mauro Martina, quienes pedían un número de teléfono “porque no me creían que los papeles que tenía eran para mandar a la sede central”.

“Pedía que se hagan bien las cosas y que me realizaran un acta”, relató la joven. Le devolvieron los papeles y salió de la oficina. Por la tarde de ese día, se comunicó con una compañera de trabajo, quien le aconsejó radicar la denuncia.

Leiva dijo que realizó la primera denuncia el 12 de diciembre en la Comisaría de La Merced. “La hice cuando salí de trabajar”, contó. La denuncia quedó “sin caratular, pero de lo que se habló fue de violencia laboral”, explicó.

“El 14 fue el intendente a mi oficina. Le dije que hice la denuncia contra su hermana y él me informó que no conocía la situación. Me pasó su número de teléfono por si pasaba algo”, relató.

Luego, el 18 de diciembre, en el marco de la primera audiencia de conciliación entre los trabajadores municipales y el gobierno municipal, la joven aprovechó y realizó la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia bajo la carátula de violencia laboral ejercida por la doctora Wayar.

Después de las denuncias hubo cambios: “Yo desayunaba en el momento en que no había gente. Entonces era entre las 10 u 11. Ni bien hice la primera denuncia me prohibieron desayunar”, contó.

Además, relató que desde el municipio le “pusieron una persona para que vea si estaba trabajando”. “Era un chico al que yo le pregunté qué hacía, él me respondió que lo mandaron para supervisar”. La joven le comunicó a Martina que “eso no era posible”. Sin embargo, “en reiteradas oportunidades me mandaban personas a pedirme la llave” de las oficinas.

“Trabajé hasta el 30 y ese día me quedé hasta las 15 esperando al secretario de Gobierno (para dar las llaves) porque la señora Wayar me dijo que el intendente no me iba a atender”, manifestó la joven.

Negacionista de la violencia de género

Que el intendente Wayar designara a su hermana como asesora legal del municipio de La Merced motivó que en las redes sociales se recordaran antecedentes de la flamante funcionaria. Hasta mayo de 2019 Natalia Wayar se desempeñaba como mediadora en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Tuvo que renunciar luego de que se conociera un video en donde expresó que “la violencia de género no existe”.

La declaración fue en el marco de una capacitación a agentes de la Policía del Valle de Lerma. “La violencia no tiene género” porque “existen personas que no saben resolver sus conflictos de una forma pacífica”, dijo entonces.

“No crean que estoy en contra de la mujer, no. A lo largo de mi profesión he tenido que representar a mujeres maltratadas como también he tenido que representar a hombres maltratados”, continuó.

“Hay mujeres que realizan denuncias falsas y eso se lo puede ver cotidianamente”, añadió en la capacitación.

Tras los dichos que se hicieron públicos, desde el Ministerio comunicaron que la abogada no tenía una autorización formal para dar la capacitación. Luego de la renuncia, a la ex funcionaria se le inició un sumario.

Continúa el pedido de reincorporación

Ayer, los trabajadores municipales aglutinados en el gremio de UPCN, continuaron con el paro y la manifestación en frente de la municipalidad de La Merced. Exigen que la renovación de los contratos que vencían el 31 de diciembre de 2019.

Los trabajadores realizaron una quema de gomas en la media calzada de la calle que da al edificio municipal. “Desde la intendencia se solicitó la llegada de Infantería” contó la delegada de UPCN, Valeria Martínez. Dijo que dos efectivos fueron a pie a la Comisaría del lugar que queda frente a la institución. “Estuvieron hasta las 13 que duró nuestra manifestación y recién se fueron del pueblo”.

“Mis compañeros salieron a recorrer el pueblo y vieron tres vehículos, dos camionetas con efectivos y un furgón que se usa para trasladar a las personas detenidas”, contó Martínez. Durante la presencia de los efectivos en la comisaría, los trabajadores contaron que los asesores legales, Natalia Wayar y Mauro Martina, cruzaron a la comisaría.

Los trabajadores sostienen el pedido de hablar con el intendente. “El pueblo lo votó a Javier Wayar y exigimos el derecho constitucional de poder hablar con las autoridades”, manifestó la delegada.

Por lo pronto, el miércoles continúa la audiencia de conciliación que se mantiene con la intendencia en la Secretaría de Trabajo. Desde UPCN presentaron una contrapropuesta para conseguir la reincorporación de los trabajadores cesanteados sin intervenir el presupuesto del municipio.

Fuente: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1 Mhz.- El Expreso- Radio Nacional- Máxima- Salta 12