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Las off shore que no declaráis: En Panamá Macri y en las Islas Caimán Caputo
Las off shore que no declaráis: En Panamá Macri y en las Islas Caimán Caputo

Unidad Ciudadana quiere que renuncie Michetti: “Luis es una persona que ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario público”


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Aranguren: su paso por una offshore de Shell a la que el Estado le compró gasoil por US$ 150 M

DDN. La participación del ministro en la petrolera vuelve ser un problema. Qué datos lo vinculan con un paraíso fiscal.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es otro de los argentinos relacionados al mundo offshore en Paradise Papers, el proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El ex CEO de la petrolera Shell fue director de al menos dos empresas radicadas en una jurisdicción secreta, según los documentos a los que accedió Perfil, miembro del equipo argentino de esta investigación global. 

El hecho sería una anécdota del pasado, si no fuera porque una de ellas es la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual gobierno.

Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. También, figura como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.

En abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del ministerio de Aranguren. La petrolera estatal YPF también participa en el proceso: elige a los oferentes y CAMMESA los contrata. La compra había sido revelada por PERFIL el año pasado. Pero no se conocía la relación directa entre la offshore y Aranguren, hasta ahora.


¿Por qué Argentina importa combustible? Como el gas que se produce en el país no es suficiente para hogares, industrias y usinas térmicas, entre mayo y agosto se importa una gran cantidad de cargamentos de gasoil y fuel oil.

“Fue la (compañía) que ofertó el precio más conveniente para el Estado” dijo Aranguren sobre la operación, que rondó los 150 millones de dólares. Consultado por el equipo argentino de Paradise Papers sobre el origen secreto de la compañía que contrató el Estado, el ministro admitió que se vincula con la intención de pagar menos tributos y lo enmarcó en una práctica habitual de las multinacionales, en particular, las petroleras y traders. “Muchas tienen domicilio en países que se caracterizan por aplicar un régimen tributario favorable. No tenemos constancias de que existan limitaciones legales en el comercio internacional para operar con empresas de esas características” explicó.

Además, se desligó de cualquier influencia suya en el contrato de CAMMESA, al recordar que en todo lo relativo con Shell, quien lo reemplaza en ese tipo de decisiones es su par del ministerio de Producción, Francisco Cabrera (por una resolución ministerial y un decreto del Presidente).

Aranguren sostuvo que no intervino en la adquisición de gasoil por parte de CAMMESA a la empresa offshore Shell Western Supply and Trading Ltd. “La operación fue realizada por YPF en el marco de un Acuerdo de Gestión celebrado en el año 2012 y sucesivamente prorrogado, conforme al cual es la empresa petrolera argentina quien realiza la convocatoria a los diversos proveedores a presentar ofertas, estipula las condiciones generales para la contratación y realiza la evaluación de las propuestas. La Secretaría de Energía sólo gestiona el procedimiento de pago”, expresó en su descargo. En la misma línea dejó al margen de cualquier favoritismo al titular de Enarsa, Hugo Balboa, otro ex Shell, a quien Aranguren define como “un amigo”.

Sobre Guiana Lmited, otra de las offshore en las que aparece, Aranguren deslizó que podría haber “alguna confusión de nombres”, respecto de la primera admitió una pertenencia breve, aunque la justificó y calificó de “ad honorem”.

Sobre su presencia en Sol Antiiles y Guianas Limited, que realizó millonarios contratos petroleros en Puerto Rico, Suriname, Guyana y Haití, los documentos de Paradise Papers ubican a Aranguren en sus directorios entre mayo y julio de 1996.

“Creo que hay una confusión de nombres. En lugar de Sol debería ser Shell. Esto puede ser porque Sol es un grupo petrolero del Caribe que compró los activos de Shell en parte de esa región en 2005”, afirmó el ministro.

El Grupo Sol, adquirió The Shell Company (Puerto Rico) Limited en agosto de 2006, que posteriormente pasó a llamarse Sol Puerto Rico Limitado.

Bajo los ojos de la Oficina Anticorrupción. El ministro ya había quedado en la mira por su pasado reciente en Shell y el notorio incremento en los contratos que la firma suscribió con el Estado argentino en lo que va de la era Macri.

El año pasado, el organismo que dirige Laura Alonso determinó que el funcionario "debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con el Grupo Shell”, en función de lo que exige la Ley de Ética Pública.

La polémica se inició cuando se supo que según su declaración jurada patrimonial del 2015, Aranguren declaró tener desde diciembre de 2008, acciones Clase A, en la Royal Dutch Shell PLC, por valor de $ 16.326.051,67, al día de hoy, unos 900.000 dólares. El mismo valor, por el mismo concepto, volvió a informarlo en su declaración jurada a principios del año siguiente.

Cuando el caso se hizo público, en 2016, la Oficina Anticorrupción se expidió diciendo que se le haría una "recomendación preventiva", la cual acató porque para el final de 2016, dichas acciones ya no aparecían en su declaración jurada.


Elisa Carrió dijo que el conflicto de intereses era evidente. Entonces, el Gobierno salió a defenderlo, diciendo que la porción de acciones del ministro dentro de la petrolera representaba “apenas el 0,0001% del patrimonio total de la multinacional.

Su participación resulta pequeña, claro, ya que se trata de una de las cuatro petroleras más grandes del mundo, valuada en 323 billones de dólares. Pero con relación a su patrimonio no era poco. De los $ 86.685.999,94 en bienes, depósitos y dinero declarados al Inicio del 2016, el dinero que tenía invertido Aranguren en Shell representaba casi el 20 % de su patrimonio.

En septiembre del año pasado, Laura Alonso sostuvo que "no tenía información suficiente” como para concluir si Aranguren había violado la ley y le derivó el caso a la Sindicatura General de la Nación para que audite si Aranguren participó o no del proceso en cuestión, tal como se lee en esta resolución.

Fueron 2 tipos de documentos los que a los que la OA no tuvo acceso:

1) Las constancias escritas de la aprobación de la operación con este empresa offshore por parte de la Secretaría de Energía Eléctrica del  Ministerio de Energía y Minería.

2) Las “Actas de Reuniones Informe de Situación Combustibles 2016” celebradas en las dependencias de CAMMESA, entre representantes de esa empresa y distintos actores del sector energético.


Michetti defendió a Caputo: "Ayuda a la Argentina a salir adelante"

DDN. El oficialismo mantiene su apoyo al ministro de Finanzas.

La vicepresidenta Gabriela Michetti defendió al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por su vinculación a sociedades offshore en 2009, al sostener que es "una persona absolutamente correcta que justamente lo que ha hecho es tratar de ayudar a la Argentina en estos procesos de cambio".

En una entrevista con el diario El Tribuno, de Jujuy, la funcionaria manifestó que "asesorar a alguien para que trabaje con sociedades offshore no necesariamente es ilícito, lo que sí es ilícito es no declararlas". "Esas cosas son las que justamente el mundo tiene que corregir, porque todo lo que tiene que ver con el sistema financiero mundial no ha sido transparentado. Él (Caputo) como asesor financiero de empresas no necesariamente no podía hacer ese tipo de asesoramiento -y si además eran sociedades de las que él formaba parte- tampoco, salvo que no la hubiese declarado. Lo que es ilícito es no declararlo", indicó.

Al respecto, lo respaldó tal y como hicieron ayer desde la Casa Rosada: "Creo que él tiene argumentos claros para defenderse. Luis es una persona que ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario público que ayuda a la Argentina a salir adelante".

Michetti, además, expresó que "si la investigación que se pueda hacer sobre este tema y lo que él diga en relación con la justificación de la cuestión dan todo bien, me parece que realmente no hay por qué cuestionar ese tema de las sociedades offshore". "Lo que sí hay que hacer es una modificación del sistema financiero internacional que tiene un montón de cosas que no funcionan bien y que la mayoría de los países del mundo quieren cambiar. Incluso él (Caputo), que ahora está del otro lado del mostrador, se da cuenta que claramente eso es algo que tenemos que cambiar desde el Estado", remarcó.

Para la vicepresidenta, el ministro es "una persona absolutamente correcta que justamente lo que ha hecho es tratar de ayudar a la Argentina en estos procesos de cambio".

Caputo es una de las personas que figura en los documentos de Paradise Papers a los que accedió PERFIL en una investigación global impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Según los documentos, el ministro de Finanzas manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. También administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales.


Carlos Slim es uno de los magnates con negocios offshore en Bermudas

DDN. Telecom Americas Limited operó siete años en Bermudas, según los datos que arrojó la investigación. En 2007 dejaron la isla para convertirse en una empresa mexicana.

El empresario Carlos Slim es otro de los magnates con negocios offshore en la base de Paradise Papers, una investigación global impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, de la que participa Perfil. El diario La Reforma de México publicó hoy que el estudio jurídico Appleby -dedicado a crear sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales- estuvo involucrada en uno de los grandes negocios del multimillonario mexicano.

"La semilla de Telecom Américas fue sembrada a través de ese despacho en Bermudas, en el año 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos. Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero- a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato", publicó el medio. Ese mismo año, Slim hizo una alianza con la compañía canadiense Bell y con la estadounidense SBC Communications para expandirse en el aún incipiente mercado de la telefonía móvil. "En aquellos días, apenas una de cada 10 personas contaba con un celular en América Latina", detalló La Reforma.

"La empresa en Bermudas inició operaciones con un capital de 2.500 millones de dólares. América Móvil y Bell tuvieron en 88.6% de las acciones, mientras que SBC se quedó con un 11.4%. La aportación de Carlos Slim fue con dinero en efectivo, mientras que sus socios pusieron las concesiones telefónicas que tenían en Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia". Apenas dos años después, "Slim controló por completo la empresa en Bermudas; primero compró las acciones de sus socios y, más tarde, incorporó a sus bienes las concesiones esparcidas en otros países. Actualmente, él es el líder de telecomunicaciones en Latinoamérica y ofrece 362 millones de líneas, la mayoría móviles, en 25 naciones incluidas algunas europeas".

Telecom Americas Limited operó siete años en Bermudas, según los datos que arrojó la investigación. En 2007 dejaron la isla para convertirse en una empresa mexicana, según consta en una acta consultada. En febrero de 2014 –ya instalada en México- se fusionó con Controladora de Servicios de Telecomunicaciones (Consertel), propiedad del mismo Slim. Alejandro Cantú, Director Jurídico y de Asuntos Regulatorios de América Móvil, dijo que la inversión en Bermudas fue “un acuerdo” entre los socios y que no influyó la tasa cero en impuestos para llegar ahí.“Hubo una planeación fiscal, nada de eso es ilegal. El anonimato en Bermudas no fue lo que nos atrajo; insisto, llegamos ahí por un acuerdo entre los socios”, afirmó cuando el medio mexicano lo entrevistó en sus oficinas el pasado viernes, donde mostró solo los informes ante el SAT sobre la apertura de la compañía en Bermudas.

Al directivo de América Movil, Alejandro Cantú, se le preguntó cómo fue que contrataron los servicios de Appleby para instalarse en Bermuda. “Nosotros no fuimos directamente, se encargó un despacho de abogados con el que hemos trabajado”.


Diez claves para entender el universo oculto que revela Paradise Papers

DDN. Punto por punto, la explicación para comprender mejor la historia que destapa los entramados millonarios entre los gobiernos de Trump y Putin, las inversiones de la reina Isabel II, y unos 120 líderes del mundo, multinacionales, artistas y magnates.

El Confidencial y La Sexta, dos medios españoles miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) armaron una guía de diez claves para entender el universo de Paradise Papers, la nueva filtración que destapa negocios del poder en paraísos fiscales, y de la cual participa Perfil. En el marco de esta investigación, los periodistas españoles entregan un glosario sobre el mundo offshore para comprender mejor la historia que destapa los entramados millonarios entre los gobiernos de Donald Trump y Vladimir Putin; las inversiones de la reina Isabel II, de Gran Bretaña; unos 120 líderes del mundo; multinacionales, artistas y magnates.

1. ¿Qué son los Paradise Papers?

Es el nombre de una investigación periodística basada en una filtración que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de:

* Dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios 'offshore': Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón.

* Los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia).

La documentación ha sido obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y otros 96 medios internacionales, entre ellos The New York Times, Univisión, The Guardian, BBC, Le Monde o La Nación y Perfil de Argentina. En total, 382 periodistas de 67 países han investigado durante un año los 1,4 terabytes de información.

2. ¿Qué información aparece en esta nueva filtración masiva?

Paradise Papers desvela el ocultamiento de patrimonio y el movimiento de grandes cantidades de dinero lejos de los ojos del fisco por parte de multimillonarios y multinacionales. No en vano, la oferta básica de Appleby se basa en servicios corporativos, constitución de 'trusts' (fideicomisos) y gestión de fondos de inversión. Entre los nombres más ilustres que aparecen en los 13,4 millones de documentos de esta nueva filtración figuran el entorno de Donald Trump y sus lazos con inversores rusos; el recaudador de la campaña electoral del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, o la reina Isabel II de Reino Unido, además de famosos de talla mundial como los cantantes Bono de U2 o Madonna.

Las multinacionales más importantes a nivel global, como Glencore, Apple o Nike, también tienen un lugar destacado en esta nueva investigación coordinada por el ICIJ. A la firma deportiva le basta una pequeña pila de documentos en las oficinas de Appleby en Bermudas para cobrar en el país caribeño los derechos del mítico logo sin apenas pagar impuestos.

3. ¿Qué son y a qué se dedican Appleby y Asiaciti?

Fundado en la isla caribeña de Bermudas a finales del siglo XIX, Appleby es un despacho de abogados que ofrece servicios 'offshore' a sus clientes. Cuenta con 10 oficinas alrededor del mundo, todas en países que ofrecen baja o nula carga impositiva y absoluta opacidad a los propietarios reales de las sociedades pantalla, como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las islas del Canal o Hong Kong. Appleby forma parte del denominado ‘círculo mágico offshore’ —término acuñado a raíz de un artículo publicado en la revista 'Legal Business' en  2008—, el selecto grupo de los nueve despachos más prestigiosos y con más recursos para proveer servicios 'offshore'. Sus clientes suelen ser individuos con fortunas a partir de los 30 millones de dólares, conocidos popularmente como UHNWI (del inglés 'ultra-high-net-worth individual).

Con sede en Singapur, Asiaciti Trust es también un despacho que crea compañías y estructuras fiscales opacas, pero con una gestión familiar. Cuenta con oficinas en países como Samoa o San Cristóbal y Nieves.

4. ¿Qué significa proveedores de servicios 'offshore’?

Los estudios jurídicos implicados se dedican a crear complejas estructuras societarias para ocultar el verdadero beneficiario de unos bienes, lograr una mejor optimización fiscal o incluso evadir el pago de impuestos. Lo hacen principalmente a través de sociedades, 'trusts' y fundaciones de interés privado.

Una sociedad 'offshore' es cualquier entidad jurídica creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. El término se utiliza para denominar aquellas empresas creadas en un paraíso fiscal, donde no llevan a cabo ninguna actividad comercial y carecen de empleados. A cambio, se aprovechan de las ventajas fiscales y el secretismo del país.

Estas sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen otros fines, como comprar acciones, inmuebles, cuadros o desviar beneficios personales o de una empresa. Uno de sus usos más habituales consiste en la apertura de cuentas bancarias en otros países a nombre de estas sociedades. Los beneficiarios últimos pueden ocultar su identidad —y por consiguiente no declararlas ante el fisco— para así eludir el pago de impuestos. De ahí que estas compañías se conozcan también como 'sociedades pantalla', puesto que su único fin es ocultar el verdadero dueño del patrimonio. A la sombra de estas compañías se han cobijado jefes de Estado, políticos, narcotraficantes y criminales de todo el mundo.

Un 'trust' o fideicomiso, por su parte, es una figura jurídica procedente del derecho anglosajón que permite administrar bienes y activos transferidos por uno o varios constituyentes, denominados 'settlor' o 'grantor'. El 'trust' suele ser administrado por un agente gestor 'offshore' ('trustee'), del cual se beneficia una serie de personas o sociedades designadas en la escritura de constitución del fideicomiso. Se trata, en resumen, de una cesión de bienes o capital procedentes de personas físicas o jurídicas, pero con la diferencia de que ese poder legal se ejecuta en una jurisdicción 'offshore'. De esta forma, este entramado se beneficia de los privilegios y el secretismo de los paraísos fiscales.

5. ¿Y los 19 registros? ¿Qué información contienen?

La filtración incluye seis millones de documentos procedentes de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas, territorios considerados paraísos fiscales en alguna de las listas internacionales. Independientemente del país en el que estén radicadas, estas sociedades 'offshore' se suelen utilizar para ocultar el dueño real de unos bienes, eludir el pago de impuestos o elaborar esquemas fiscales transnacionales que resulten en una menor carga fiscal sobre los resultados de las grandes empresas. Estos documentos administrativos contienen información sobre los  accionistas, administradores y representantes legales de estas compañías.

6. ¿Pero los registros mercantiles no son públicos?

En Reino Unido, Bulgaria y Dinamarca, por poner algunos ejemplos, sí. En cambio, Bermudas, Malta o Aruba se consideran jurisdicciones secretas. Es decir, sus registros mercantiles no cumplen con los mínimos de accesibilidad y publicidad. La información puede ser de pago o restringida, a elección de sus administradores.

Según el índice Open Company Data, que analiza el nivel de publicidad de los registros mercantiles en función de su accesibilidad, gratuidad y otras variables, ninguno de los 19 registros mercantiles de los Paradise Papers cumple con al menos la mitad de los requisitos para ser considerado público. De hecho, la mayoría no cumple con ninguno de ellos.

7. ¿Por qué Malta, un país de la Unión Europea, es considerado una jurisdicción opaca?

Lo primero que hay que decir es que la Unión Europea no considera paraíso fiscal a ninguno de sus 28 estados miembros. En cambio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sí incluye a dos países de la UE en su lista de paraísos fiscales: Malta y Chipre. En esta relación, también aparecen otros ocho territorios europeos: Andorra, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Isla de Man, Liechtenstein, Mónaco y San Marino.

En Malta, el tipo impositivo para el impuesto de sociedades es del 35%. Pero existe un sistema de créditos y devoluciones para los accionistas que reduce el impuesto a cerca del 5% (varía en función del tipo de sociedad que se crea). Además, la isla no impone ninguna retención al pago de dividendos e intereses.

Varios organismos internacionales y entidades sociales como Oxfam incluyen a Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y, en menor medida, Bélgica dentro del grupo de países con grandes ventajas fiscales.

Otro país europeo, Suiza, también aparece en este tipo de listados, en este caso por su secreto bancario.

8. ¿Es ilegal el uso de sociedades 'offshore' y 'trusts'?

No, es legal siempre y cuando el beneficiario último lo declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. Según un estudio del Banco Mundial, "en la gran mayoría de casos de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de dinero y fraude, los vehículos corporativos (ya sean compañías, fideicomisos o cualquier otro tipo de estructura) se utilizan para esconder la identidad de las personas involucradas en la corrupción".

El uso de este tipo de instrumentos tiene además un impacto directo sobre la riqueza de los países. De acuerdo con las estimaciones del economista Gabriel Zucman, las multinacionales redistribuyen artificialmente alrededor de 600.000 millones de euros cada año utilizando los paraísos fiscales, una cifra equivalente a la mitad del PIB español. Según los cálculos de Zucman, el 10% de la riqueza mundial se oculta en jurisdicciones secretas. Para paliar este déficit de ingresos, los estados tienen a su disposición dos tipos de políticas: la subida de impuestos —que afectará sobre todo a aquellas personas que no pueden permitirse estos instrumentos de ocultación en paraísos fiscales— o el recorte del gasto público.

9. ¿Lo que hace Appleby es lo mismo que hacía Mossack Fonseca, el despacho de los papeles de Panamá?

Mossack Fonseca y Appleby proporcionan servicios 'offshore' a sus clientes, pero en diferentes niveles. Mientras el primero se dedica en exclusiva a la constitución de sociedades, el segundo incorpora la planificación fiscal en su catálogo de servicios. Además, las dos firmas no juegan al mismo nivel. Los clientes de Appleby son principalmente grandes fortunas y multinacionales. Su operativa es mucho más intrincada y compleja en comparación con la firma panameña, que ya había estado en el centro de varios escándalos —por su relación con personajes sospechosos, desde el dictador libio Muamar el Gadafi hasta el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González— antes de la publicación de los papeles de Panamá. Appleby, en cambio, tiene una reputación y unos recursos muy por encima de los del bufete panameño,  además de diversificar su oferta hacia los 'trusts' y los fondos de inversión, vehículos muy habituales en la gestión de grandes patrimonios.

10. ¿Cuáles son las diferencias de esta investigación con Panamá Papers?

Si Mossack Fonseca era el bar de la esquina, Appleby es un restaurante con tres estrellas Michelin. Por lo tanto, si los papeles de Panamá permitieron conocer en detalle el funcionamiento básico del mundo 'offshore' por primera vez, Paradise Papers va un paso más allá y se introduce de lleno en el mundo de la planificación fiscal.

Revela un sistema muy complejo para reducir o eludir las obligaciones fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y las multinacionales más importantes. Esta investigación deja patente, además, cómo se cuelan operaciones al margen de la legalidad incluso en prestigiosos bufetes que aseguran cumplir con los mayores estándares de control, como es el caso de Appleby.

Los Paradise Papers derriban además el muro de opacidad de 19 registros mercantiles a los que hasta ahora apenas se podía acceder. Esta información, que el ICIJ publicará en su página web durante el mes de noviembre, quedará así a disposición de los ciudadanos y de las autoridades de cada país.


Comunicado de Unidad Ciudadana

DDN. Mediante un comunicado, Unidad Ciudadana pidió la renuncia de Caputo. A continuación el escrito textual:

“Sr. Presidente Mauricio Macri: Luis Caputo debe renunciar

En el día de ayer, se desató un nuevo escándalo internacional a partir de una nueva difusión de documentos que dan cuenta como multinacionales, financistas y funcionarios de distintos países del mundo mueven fortunas de dinero en negro, por fuera de los sistemas tributarios y de las regulaciones financieras. Se trata de los denominados “Paradise Papers”.

Esta filtración de documentos llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, nuevamente involucra a los más altos funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri con la administración y el movimiento de plata negra.

Ayer, todos los argentinos pudimos enterarnos que el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, se dedicó a administrar sociedades y fondos de inversión off shore en paraísos fiscales, y no informó esa actividad en su declaración jurada de ingreso a la función pública. El Ministro Caputo omitió informar a los organismos pertinentes y a todos los argentinos, que una de sus principales actividades era administrar plata negra y por eso debe renunciar en forma inmediata a su cargo.

Para empezar, y como mínimo, el manejo de sociedades y fondos offshore involucrarían al ministro Caputo en el delito de evasión impositiva. Sin embargo, esas estructuras financieras podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos provenientes del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global. Por eso, también reclamamos la intervención inmediata de la justicia argentina para que investigue y tome las medidas que sean necesarias en relación los hechos que han salido a la luz e involucran al Ministro de Finanzas. Los argentinos no podemos tener un Ministro de la Nación sospechado de manejar dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado de dinero. Es inaceptable.

A su vez, resulta necesario aclarar que, paradójicamente, el Ministro Caputo tiene entre sus deberes y funciones el combate contra la evasión impositiva y el lavado de activos. Este hecho no puede soslayarse, ya que es un elemento fundamental para demostrar que Caputo está en condiciones de obstruir cualquier investigación que la justicia realice sobre los hechos en los que está involucrado. Caputo, hoy puede obstruir el trabajo de la justicia para su propio beneficio.

Por todo ello, Luis Andrés Caputo, Ministro de Finanzas, debe renunciar inmediatamente a su cargo.

Cabe destacar que los antecedentes cercanos complican aún más al ministro Caputo: es primo hermano del mejor amigo del presidente Macri y está imputado en la causa "dólar futuro", sospechado de haber sido uno de los funcionarios que se beneficiaron a sí mismos con la devaluación que implementó el Gobierno en diciembre de 2015.

Asimismo, Caputo fue denunciado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Durante el año 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a Axis, un Fondo Común de Inversión propiedad del ministro.

Todo ello Sr. Presidente Mauricio Macri, torna absolutamente inadmisible la permanencia de Luis Caputo en el cargo de ministro de finanzas de la República Argentina. Es un escándalo internacional”.


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