El interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán, señaló que la nueva información que se conoció sobre los delitos que se habrían cometido en el municipio, al mando por entonces de Rubén Méndez, llegó a la Auditoría General de la Provincia aportada por el propio municipio, y consideró que toda la investigación debe quedar en manos de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
Puntualmente, sobre estas irregularidades que se dieron a conocer, indicó que se emitían órdenes de pago, se pagaban con cheque y luego las órdenes eran anuladas. Según precisó Zigarán, se trataría de un faltante de entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, desde octubre hasta enero. “La justicia tiene que pedir esos cheques al Banco Macro”, explicó respecto a la indagación de las empresas detrás de estas operaciones.
Opinó sobre el accionar de la justicia sobre Enrique Prado, ex intendente de Aguaray, condenado por el robo millonario de caños del Gasoducto NEA pero libre. “En una zona caliente, toda la gente que se jugó como testigo está altamente decepcionada. Después de ver lo que pasó en Aguaray, ¿quedan ganas de investigar? Te da a entender que te jugás como ciudadano y terminan todos liberados. Estamos expuestos a cualquier cosa, como le sucedió a Liliana Ledesma”, aseveró el interventor para quien “es un mensaje terrible el que estamos dando”.
“No veo garantías. Miedo no me da, pero voy a solicitar portación de armas porque no puedo andar expuesto. El comisario, al día de la fecha, nunca se presentó en la Intendencia- advirtió Zigarán-. La única seguridad es la que me puedo aportar a mí mismo y a mí equipo, voy a tener que andar armado”.
Fuente: Todas las voces todas – FM Noticias 88.1 MHz.
BH
