DDN. La referenta de la Unión de Inquilinos de Salta, Natalia Soraire, denunció que recibe a diario la denuncia de mujeres que, junto a sus hijes, son desalojadas por la Policía de forma irregular, sin orden judicial mediante. Exigió al Estado respuestas urgentes al sector y convocó a militar por el derecho a la vivienda.
De acuerdo con lo que explicó, desde la fundación Khuyay trabajan abordando las diferentes formas de violencia que se ejerce sobre la mujer, entre ellas la vinculada al problema habitacional. “Estuvimos haciendo muchísimas cosas como Unión de Inquilinos, no se pudo conformar un grupo masivo para atender estas necesidades. Falta mucha ayuda y comprensión en lo que es este tema”, advirtió.
En este sentido, aseguró que recibe de 3 a 5 casos por día de mujeres que son desalojadas. “Son desalojos arbitrarios en donde hay una violencia institucional muy fuerte de la Policía. No hay una orden de desalojo emitida por un juez. Sin embargo, la Policía se acerca al domicilio a hacer intimaciones de que abandonen el mismo”, sostuvo denunciando que “la Policía, la fuerza en sí, está ejerciendo una violencia institucional que no es válida”.
No obstante, lamentó: “Acá no tenemos a alguien que nos pueda abrazar y contener legalmente”. “Trabajamos, por ahí, con el Defensor del Pueblo- Federico Núñez Burgos-. En varias reuniones que tuvimos con él le explicamos la situación que están viviendo las mujeres, que son desalojadas con las infancias a altas horas de la noche. Por ahí encontramos como una compañía para poder hacer algo de manera institucional. Levantan el teléfono y se comunican con la comisaría para intimar a que la Policía se retire del domicilio. Más que eso no se está haciendo”, aseveró Soraire.
En este punto, recordó que presentaron un proyecto para crear la Defensoría de los Inquilinos, y agregó: “En su momento, cuando salió la Ley de Alquileres, al mes hemos presentamos un proyecto que pasó por el Concejo Deliberante y se declaró de interés municipal el trabajo que hacíamos. Fue a la Municipalidad de Salta y la Secretaría de Defensa del Consumidor se acercó a hablar conmigo, quiso que se firme un convenio de mutua colaboración con la Municipalidad, cuando sabemos y entendemos que la vivienda no es un comercio. Al comercio lo están haciendo las inmobiliarias, pero no las personas que alquilan”.
“La vivienda es un derecho humano básico”, subrayó la referenta antes de indicar que el proyecto mencionado fue presentado ante la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno, aunque sin una respuesta. El pedido era para que exista un área que contenga a los inquilinos ya que “una Defensoría de Inquilinos es necesaria para detener tanto desalojo arbitrario que hay en la Provincia”.
Consultada sobre el mecanismo de estos desalojos, explicó que se realizan a partir de una simple denuncia telefónica. Además, enfatizó: “El procedimiento que tiene la Policía está mal hecho. Quizá algunos propietarios denuncien que quieren desalojar a las personas porque ya no se bancan las condiciones, porque quieren aumentar el alquiler. Denuncian al 911 que se acerca e intima a los inquilinos a retirarse, cuando hay de por medio contratos”. “Había un que fue violento, hace un par de semanas. Un hombre propietario entró al domicilio de una inquilina y esa inquilina lo denunció. Entonces, la propietaria hizo que desalojen”, relató.
Reiteró la denuncia sobre la ilegalidad de estos procedimientos y añadió: “Tienen contratos, e igual la Policía intima a desalojar. Esas son cosas que suceden por el procedimiento arbitrario que tiene la Policía, la violencia institucional que maneja”.
Por otra parte, hizo referencia a los desalojos que ocurren en tomas de terrenos. Al respecto, aseveró: “Siempre las mujeres, que no pueden llegar a alquilar porque no tienen los requisitos para alquilar mediante inmobiliaria, se terminan yendo a asentar. Siempre, las personas que están en los barrios populares son mujeres de familias monomarentales que terminan yendo a asentarse en un barrio popular y también hay desalojos arbitrarios desde ese lado”.
Ley de Alquileres
“Es inaudito que pidan la derogación de esa ley”, analizó Soraire sobre las intenciones de la oposición basados en el índice de actualización. Y es que, desde el sector de las y los inquilinos, se insiste respecto a que el problema está en la falta de regulación del cumplimiento de la ley que prevé, como uno de sus puntos fuertes, que el contrato mínimo sea por 3 años. Además, una de las propuestas en las que se insiste en implementar un impuesto a la vivienda ociosa.
En este punto, la referenta de la Unión de Inquilinos remarcó: “En el gobierno de Macri fue que logramos arreglar algunos puntos de esa ley que no favorecían a los inquilinos. Pero seguimos adelante para que tengamos algo que nos avale. Que desde su propio gobierno quieran venir a derogar esta ley me parece inaudito. Pero también es porque a ellos no les conviene porque sabemos que manejan capitales de grandes monopolios e inversiones inmobiliarias”.
Frente a este panorama, lamentó que las mujeres que son desalojadas “siguen y están pasando la misma situación en otros alquileres, o quizá están en una situación mucho más precaria, pero no hay una solución de parte del Estado ni un acompañamiento real tampoco”.
“Es lo que estamos pidiendo, yo no doy abasto. Estoy manejando sola todo este tema y la verdad que no doy abasto con toda la situación que hay, y la militancia para que no deroguen la Ley de Alquileres”, expresó Soraire sumamente preocupada. “Llamo a la sociedad a que se acerque y nos escriba al face de la fundación, que se acerque a hablar con nosotros y que quiera militar el tema de la vivienda porque la verdad que es terrible lo que está pasando”, agregó.
Sin políticas ni respuestas
La referenta del sector lamentó que “aparte de los desalojos, no hay cupo para mujeres y disidencias en el IPV- Instituto Provincial de Vivienda-”, y añadió: “Tenés que cumplir requisitos que no están buenos porque no todos cobran arriba de dos salarios mínimo vital y móvil en Salta para poder tener acceso a los planes de vivienda. Encima, desconocemos lo que hace el Gobierno provincial con todos los fondos que son para planes de vivienda como el plan Mi Lote, como el IPV, la RENABAP”.
Asimismo, denunció que “a la situación habitacional que pasó con el tema de San Calixto todavía no hay respuestas”. “El Gobierno amenazó con que iban a retrasar los expedientes de todas las personas que iban a tomar terrenos, por diez años. Después de llegar a un consenso en donde el gobierno iba a solucionar la vivienda a las 800 familias que se quedaron, de las 1000 que había en el asentamiento y, hasta el día de hoy, no hay respuestas sobre eso. Creemos necesario que el gobierno ya diga o haga algo por la situación de los inquilinos que, en pandemia, muchísimos fueron desalojados y se tuvieron que ir a asentar. A ellos tampoco les dieron solución, hay tres familias viviendo en una sola casa”, amplió.
En esta línea, respondió a los dichos del ex candidato a diputado nacional por Salta Independiente-PRS, Felipe Biella, quien aseguró que en Argentina “son muy pocos” quienes alquilan una vivienda en el país. “Me hace reír la situación porque Biella salió a decir, en su momento, que la mayoría de los inquilinos que ellos tenían contados por la Cámara Inmobiliaria no tenían deuda, que podían pagar el alquiler en tiempo y forma en plena pandemia, donde nadie llegaba al alquiler, a ganar la totalidad de su salario”, sostuvo.
Y añadió: “Un referente de la Cámara Inmobiliaria se postuló, fue candidato, y fue bancado por los grandes monopolios y políticos que lo ponen ahí. Tienen a la vivienda como un negocio, más en Salta, donde los grandes edificios se alquilan por día para el turismo. No creo que Biella sepa la necesidad de una familia que gana el 60% de su ingreso porque representa al sector turístico inmobiliario”.
Fuente: Somos Tierra – FM Noticias 88.1 MHz. Redacción: alcostadodelmundo.com
BH
