DDN. El titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, confirmó finalmente los pedidos de incremento del 35% y del 20% en las tarifas de luz y de agua, respectivamente. Además, destacó: “En 11 años esta empresa nunca había presentado nada a nadie”.
Consultado sobre el pedido de incremento tarifario Saravia informó que se convocó a una audiencia pública para el 12 y 13 de octubre. “Para lo que es actualización tarifaria del servicio de energía eléctrica es la del 12, y la del 13 es la revisión tarifaria integral. Es decir, allí no estamos hablando de actualización tarifaria por inflación, sino de lo que es un proceso que analiza globalmente lo que es el estado financiero y operativo de la empresa Aguas del Norte, en este caso, a los efectos de establecer una correspondencia entre la tarifa, la viabilidad económica de la empresa y, por supuesto, algo que nosotros tenemos en claro que es considerar la situación social del conglomerado de usuarios”, sostuvo.
Aseguró así que “podrán otorgarse incrementos o no”, aunque remarcó: “En el caso de Edesa, invocan que ha habido más del 5% de inflación, como lo manda la normativa y el contrato de concesión, efectivamente. Prima facie se advierte que claro que hay inflación en términos de envergadura, como nos tiene acostumbrados la economía argentina”.
En cuanto a Aguas del Norte, se refirió a un informe que solicitaron a organismos externos para evaluar la situación de la empresa, trabajo que se realizó durante los últimos seis meses confeccionando un cuadro comparativo con empresas de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba a fin de establecer “si las remuneraciones de empleados están en correspondencia con la exigencia de la empresa”. Esto último respecto a la cantidad de usuarios, los costos operativos de mantenimiento, la gestión de comercialización de la empresa y “definir la responsabilidad específica de la empresa, que es el sistema operativo”.
Según sostuvo Saravia, “el problema que tiene la empresa hoy es que la infraestructura sobre la que tiene que operar es obsoleta, está devaluada, porque en 50 años no le hicieron inversión para mantenerla, mucho menos para expandirla”. “Hoy, lo que está claro es que la inversión económica de la empresa debiera bastar si la estructura está en condiciones. Como no lo está, la responsabilidad es de la Provincia, del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. El problema es que a veces no se tiene dimensión de que quien tiene que fijar una política de servicios públicos es el Ministro de Economía y Servicios Públicos”, aseveró.
Denunció que esta falta de inversión es una realidad evidente en toda la provincia y dijo: “La solución no pasa porque nosotros reduzcamos tarifas o impongamos sanciones. Lo que necesitamos es que la empresa tenga la posibilidad de prestar un servicio con una infraestructura acorde. Para eso el gobierno provincial ha hecho gestiones ante ENOHSa- Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento- y se han comprometido a transferir 2500 millones de los cuales han llegado la mitad hasta la fecha, a los efectos de que se hagan esas obras”.
“Por otro lado, tenemos un compromiso de 6 mil millones para el año que viene para cambios de cañerías y también hay fondos previstos en la ley de presupuesto a los efectos de hacer obras hídricas, que son aproximadamente 3 mil millones que se tienen que invertir”, continuó para luego admitir que “hasta tanto no ocurra esto, lamentablemente el servicio va a seguir siendo deficiente”.
En este punto, el titular del Ente sostuvo: “A la vista está que desde que se dejó la administración en un proceso privatizador y avanzamos en el ‘96 con Aguas de Salta, ya teníamos alguna estructura deteriorada, pero el Estado al menos invertía algo. Esta empresa no invirtió, porque a cambio le permitieron tener trifas bajas”.
“Estas son las políticas que hoy se advierten como erróneas, el problema es que en algún momento todos los usuarios aplaudían que no incrementen las tarifas. Ahora, este sistema se tiene que sustentar financieramente- analizó Saravia-. Si usted no otorga tarifas para que al menos haya un mantenimiento de la infraestructura, el problema es que después los caños quedan obsoletos y se rompen, esto pasa hoy. Si vamos a echar culpas, tenemos que nombrar a cada gobernador que pasó en los últimos años. Desde el año 96, los últimos 25 años no han tenido inversiones”.
Además, recordó que “hoy estamos viendo que hay hasta una denuncia penal contra un ex funcionario de Aguas del Norte, vinculado con contrataciones fraudulentas”, en relación al anterior titular de la empresa, Lucio Paz Posse. “Si usted tiene que invertir 150 millones, y resulta que se llevó 45 a la casa, esto habla de que en algún momento repercute en el servicio”, lanzó.
Así las cosas, y tras señalar que en enero se otorgó un incremento del 21,78% a Edesa, no del 35% como se había solicitado, aseguró: “El Ente también tiene un criterio social porque el gobierno tiene sensibilidad. Al margen de lo que quiera pedir una empresa, acá tiene que haber un tope. No vamos a dar incrementos de tarifas que estén por encima de lo otorgado de incremento de sueldo a la mayoría de los conglomerados de usuarios. La empresa puede pedir lo que quiera, pero lo que vamos a tener en cuenta quién puede pagar la tarifa, sin perjuicio de que subsidiamos a mucha gente”.
Precisamente, indicó que son 33 mil las familias a las que alcanzan los subsidios de luz y agua. No obstante, el funcionario resaltó: “Aun así, no logramos cubrir ni siquiera la franja de indigentes, que son aquellos que no pueden pagar la luz ni el agua, ni ningún servicio”. Además, enfatizó: “Ya no se subsidia como antes a un club de fútbol que alquilaba canchas. Nosotros subsidiamos hasta 180 kW, lo suficiente para el funcionamiento institucional de los clubes. Lo que no puedo subsidiar son facturas de 150 mil, 180 mil pesos. Si planteo un subsidio para un club que tiene una planta de profesionales jugando, con 180 mil pesos mensuales subsidio, por lo menos, a 10 o 15 familias”.
“Esta es la hora de los humildes y los subsidios se los vamos a dar a quienes realmente manifiesten la carencia y no a aquellos que tienen un nivel de viveza criolla”, subrayó Saravia para luego aclarar, remarcando que no cuentan con la estructura para llevar adelante un control de declaraciones juradas: “Tenemos gente que pone como titular del servicio al abuelito, que tiene una jubilación mínima. Pero en esa casa también cobran sueldo tres o cuatro personas más. Entonces, acá también se tiene que imponer la solidaridad”.
Sobre el final, consultado sobre los sueldos de quienes se ubican en la gerencia de la empresa y las versiones que señalan montos de hasta 400 mil pesos, dijo: “Hay sueldos en niveles gerenciales que no llegan a esa cifra de 400 mil, en bruto no llegan tampoco. En lo que importa, hoy el 55% de los ingresos de la empresa se van para pagar sueldos, son 1014 empleados. Está en la media nacional, sí. En Mendoza el 63% de los ingresos va para los empleados, ahí no se tercerizan los servicios y aquí sí. Esa es la diferencia de algunos 12 o 13 puntos, pero la empresa Aguas del Norte no tiene excesos que pudieran determinarnos a hablar de que existe una violación de la normativa”.
“La normativa dice que no puede el usuario tener repercusión tarifaria en relación a excesos de la empresa, mala administración. Eso nos autoriza, eventualmente, a objetar determinado tipo de gastos”, añadió el titular del organismo y cerró: “En 11 años esta empresa nunca había presentado nada a nadie”.
Fuente: Nacional
BH
