DDN. El abogado informó que en los últimos días recibieron tres notificaciones judiciales distintas, que responden a una política de criminalización.
La primera notificación fue una audiencia de imputación para hermanos y hermanas de una comunidad wichí de Embarcación a pedido de la fiscal Gabriela Souto. El denunciante es Ortega Velarde que forma parte de la Finca Agropecuaria Suipacha S.A., empresa maderera que fue denunciada previamente por realizar desmontes ilegales. “No es casual está audiencia de imputación. Hay un mensaje de disciplinamiento por parte del Ministerio Público”, señaló Plaza.
La segunda notificación fue una sentencia de desaojo, una medida cautelar de un Juzgado de Orán también dispuesto por Souto. El desalojo es para la comunidad wichí de Algarrobal, quienes fueron intimados a desocupar su territorio en siete días a pesar de que es un territorio con reconocimiento de posesión en el marco de la ley 26.160 y por el Instituto de Asuntos Indígenas.
La última notificación fue una elevación a juicio a la comunidad La Aguada, requerido por el fiscal Ezequiel Molinatti.
“Todas estas acciones demuestran una política de criminalización que preocupa bastante porque hay un mensaje detrás de eso. No se criminaliza a cualquier indígena, se está buscando criminalizar aquellos referentes y referentas que están en la lucha por la defensa del territorio, y justamente en causas donde los denunciaste son grandes empresarios. Esto demuestra también un lobby, preocupa muchísimo, con un procurador general del Ministerio Público (Abel Cornejo) que pareciera tener un discurso proclive a los derechos humanos, pero en la práctica, sus fiscales profundizan la criminalización”, expresó Plaza.
El abogado remarcó que la fiscala de derechos Humanos Simesen de Bielke avanzó en causas vinculadas a violencia institucional, pero “no puede quedarse ahí”.
“Si por otro lado a eso, la política es profundizar la criminalización de los pueblos originarios lamentablemente no hay una perspectiva de Derechos Humanos en el ejercicio del Ministerio Público”, sostuvo.
Plaza hizo hincapié en la existencia del lobby empresarial que subsiste y cada vez se ve más tanto en el poder ejecutivo como legislativo y judicial.
"La judicialización de la defensa del territorio indígena se da 'casualmente' cuando los denunciantes son grandes empresarios, no cuando son pequeños propietarios o en conflictos entre familias criollas e indígenas. La Justicia actúa cuando hay empresarios como Ortega Velarde, en el caso de la comunidad diaguita de La Aguada está Javier Montero Alesanco, propietario de la Shell de Grand Bourg y del Portezuelo, quien traicionó a su familia y fue beneficiado con créditos blancos durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey para acceder a la compra de la Bodega Puna, justamente la que está en conflicto con la comunidad", comentó.
Fuente: Piquete y Cacerola – FM Noticias 88.1 MHz
LS
