Con varios fundamentos, la Autoridad Metropolitana de Transporte aprobó un aumento al boleto del transporte público en un 28%.
En la presentación, señalaron que SAETA solicitó una readecuación que es “absolutamente necesaria para garantizar la sustentabilidad del servicio” y sostiene que lo que se pretende es "lisa y llanamente poder mantener la prestación del servicio”.
Además, manifiestan que la pandemia afectó al sector por el uso reservado del transporte, lo que significó una “notoria baja en la recaudación propia” y remarcaron que durante todo el 2020 no hubo un aumento tarifario a pesar de la reducción de la cantidad de pasajeros que pagan el boleto (en un 70%) y con ello una reducción de los kilómetros asignados (en un 50%).
“Asimismo, la inflación existente se tradujo en un aumento de precios en insumos que afectaron los costos del sistema. A todo lo mencionado, debe sumarse la falta de percepción “por dos meses” de la prestación de fondos nacionales que fuera cubierto por el Gobierno Provincial”, explicaron.
Así quedaron los nuevos cuadros tarifarios, que entrarán en vigencia a las 00.00 del 9 de marzo:
Además, citaron el informe de la Gerencia Económica de A.M.T. donde señalan que “la demanda del servicio se vio notablemente afectada, por las restricciones dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por peligro de la propagación del virus COVID-19. La mayor parte del año 2020, el transporte público fue utilizado solamente por trabajadores esenciales, esto afectó drásticamente la recaudación del sistema”; y que se advierte con relación al costo kilómetro del servicio y su evolución desde 2019 a la actualidad, que surge una variación interanual del 36%. También fundamentaron con el aumento de combustible, donde indicaron que “tomando un consumo medio de 0,39 litros por kilómetro, podemos aproximarnos al costo de combustible por kilómetro: 2019: $ 21.72 / 2021: $ 29.56”.
“La regulación de la calidad implica sobre todo garantizar la seguridad del usuario durante el lapso que dure su viaje, razón por la cual la autoridad de aplicación debe considerar tarifas que permitan un servicio que tienda a la excelencia”, manifestaron.
Defensa a la Audiencia Pública no vinculante
La AMT sostiene que se realizó, como corresponder, una Audiencia Pública en Campo Quijano el 17 de febrero, donde no se permitió ingresar a personas ni periodistas que no estén inscriptos, a pesar de que solo hubo 11 exponentes. “En dicha oportunidad presentó su propuesta SAETA S.A. y en relación a ella, formularon sus opiniones representantes de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta, en calidad de Defensor de los Usuarios, Organizaciones Intermedias, Usuarios Individuales, Representantes y Dirigentes político-partidarios, y la Subsecretaria de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta”, informaron.
En ese sentido, respondieron a la crítica del carácter no vinculante de la audiencia pública: “Corresponde señalar que tal condición se encuentra prevista en el art. 4º inc “c” de la Ley Nº 7.322; e importa como principio general, que las posiciones vertidas en la misma no obligan al órgano convocante a decidir en el sentido que cada parte pretende, pero sí a considerar cada una de las posturas al momento de tomar la decisión pertinente, con la debida fundamentación de su acatamiento o no, en estricta observancia de los principios constitucionales de legalidad y razonabilidad”; y agregaron que es potestad de la AMT la aprobación de los cuatros tarifarios tras realizar los análisis correspondientes, por lo que las objeciones “carecen de sustento”.
Continuando con sus argumentos, la AMT asegura que no es viable una audiencia vinculante por la cantidad de opiniones que se vierten y no coindicen porque lo que “no es factible determinar cual sería la vinculante”.
“Conviene señalar que la audiencia pública - que precede el dictado de actos administrativos singulares-, y la información pública -en forma previa a la emisión de normas de contenido reglamentario, es decir de carácter general- son procedimientos en los cuales los interesados participan en la adopción de decisiones vinculadas a una actividad regulada por el Estado”, indicaron y remarcaron que con dichos mecanismos se busca “privilegiar el consentimiento por sobre la coacción; el pluralismo en lugar de la imposición unilateral”.
“La audiencia pública constituye una verdadera garantía respecto de la claridad del proceso, y permite paralelamente que los interesados tengan acceso a participar en la toma de las decisiones. Además, resulta destacable que de esta manera se logra un grado de inmediatez importante entre quienes deben adoptar la decisión y los hechos y cuestiones involucradas en el examen, evitando de ese modo el papeleo y la dispersión, y elevando el grado de participación y protagonismo de los individuos”, dijeron y continuaron. “No se trata de una suerte de "asamblea popular" en la cual se somete a votación un determinado proyecto, sino de elevar el protagonismo ciudadano, sin privar de la decisión final sobre el asunto a la autoridad administrativa”.
Otro punto que se expuso fueron los inconvenientes en la prestación del servicio en referencia a la falta de cobertura en algunas localidades y aseguraron que “se tendrá presente” para alcanzar una solución.
De la audiencia pública participaron Carola Llimos, jefa de prensa y comunicación de SAETA S.A. quien presentó el informe y los fundamentos por el pedido del aumento del boleto; Silvia Gallardo P. Martínez y Sayra E. Lens Barroso, en representación de la Secretaria de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta; Darío Flores, por el Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO); K. Ortiz, en representación de la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos - Delegación Salta; Nicolás Zenteno, apoderado de la Asociación “Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor”; Dora Mirta Delgado, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales “Arduino Cercená” ( La Silleta); Pablo López, ex Diputado Nacional y referente del Partido Obrero; José Antonio García, Concejal de la Ciudad de Salta y María Emilia Calmejane, Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Salta.
LS
